Tasada en 7.700 millones de guaraníes y construida con dos créditos de Ueno Bank, la residencia de verano ubicada en San Bernardino quedó en el centro de la mira judicial. Sin acceso, la Fiscalía analiza recurrir a una detonación controlada.
Luego de ser imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor, la investigación sobre el patrimonio y las propiedades del expresidente paraguayo Santiago Peña sumó un nuevo episodio. Durante un allanamiento en su residencia de verano, ubicada en San Bernardino, la Fiscalía descubrió este domingo una bóveda oculta a la que los investigadores no lograron ingresar durante el procedimiento.
El compartimento, que se encontraba oculta tras una pared secreta a la que se accede por un pasillo desde una de las habitaciones, cuenta con un sistema de seguridad blindado nivel 7. Según ABC Color, incluye reconocimiento de iris.
Si bien el procedimiento permitió abrir la primera puerta, los investigadores todavía no pudieron acceder a la segunda compuerta. El mecanismo impidió que los agentes avanzaran y obligó al Ministerio Público a evaluar distintas alternativas para ingresar sin poner en riesgo la estructura ni a quienes intervengan.
El fiscal Christian Benítez confirmó que, entre las posibilidades analizadas, figuran recurrir a especialistas en seguridad y explosivos o intentar habilitar el acceso mediante los sistemas biométricos instalados en el lugar.
El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. La Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares, tomando los fondos estatales depositados en el banco.
La vivienda, construida en una de las colinas más altas de la Cordillera de los Altos, en Ciervo Cuá, es parte central de la acusación. Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando ya era presidente, Peña recibió dos préstamos simultáneos de la entidad privada por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares) para construirla.
De acuerdo a lo detallado por medios locales, la construcción costó unos 7.700 millones de guaraníes. En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones: 1.450 millones por el terreno, comprado en 2023, y 6.300 millones por la obra y el equipamiento. El terreno tiene 5.012 metros cuadrados y la superficie construida, 1.015, según la Contraloría. La mansión cuenta con una piscina playera, niveles con luminarias y mobiliarios prémium: una investigación periodística estimó su valor en unos 2 millones de dólares.
Corralito en Paraguay: docentes se movilizan para exigir la restitución de fondos retenidos
Docentes del sector público se movilizaron este lunes para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank. La protesta tuvo lugar en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, según detalló la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
En un comunicado, el gremio exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados durante 15 días.
Además, el reclamo de los maestros apunta a la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores del país, además de los recursos de otras cajas de ahorro jubilatorio depositados en el banco intervenido.
La movilización fue la primera protesta que enfrentó el nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Peña en un juicio político en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera.
Los maestros también reclaman un reajuste salarial del 8% y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo en 2027. En septiembre pasado, el Gobierno de Peña firmó un acuerdo con un sector de los maestros que estableció un aumento salarial del 5%, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios docentes.
La marcha también contó con el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), según medios locales.