Miles de sindicalistas, estudiantes y opositores marcharon en Bogotá contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Rechazan sus políticas sociales y un decreto que modifica el uso de la fuerza policial durante las protestas.
Miles de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de la oposición marcharon este miércoles por las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. La movilización fue en contra de las las políticas sociales del mandatario, las posibles modificaciones al salario mínimo que prometió en campaña y un decreto que habilitaría la libre represión de la Policía durante las protestas.
La convocatoria reunió a distintos sectores de la oposición, entre ellos sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles. El expresidente Gustavo Petro, quien dejó el poder en agosto, también llamó a movilizarse y advirtió que una eventual reducción del salario mínimo podría «profundizar la pobreza» y deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores.
En el centro de la capital colombiana, los manifestantes avanzaron con banderas de Colombia, Palestina y organizaciones sindicales, mientras coreaban consignas contra el presidente: «¡Abelardo, fascista, usted es el terrorista!». La jornada constituyó el primer gran desafío callejero para el gobierno, en medio de la preocupación de los movimientos sociales por lo que consideran un retroceso en los derechos laborales y democráticos.
El rechazo al decreto que modifica el protocolo policial
Uno de los principales motivos de la protesta fue la modificación del protocolo para el uso de la fuerza por parte de la Policía, dispuesta por De la Espriella un día antes de la movilización. La nueva norma habilita la intervención policial sin que necesariamente se haya agotado previamente el diálogo con los manifestantes. También contempla la posibilidad de retomar las conversaciones una vez que hayan cesado las acciones consideradas violentas.
La medida generó preocupación entre las organizaciones sindicales y los sectores de izquierda, que advierten sobre el riesgo de un uso excesivo de la fuerza y de restricciones al derecho a la protesta. La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó, además, otras disposiciones del Ejecutivo que, según denunció, podrían precarizar el trabajo docente, favorecer la privatización de la educación y limitar las manifestaciones públicas.
«Hay medidas como el decreto expedido el día de ayer que son autoritarias», sostuvo Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, en declaraciones a Associated Press. El dirigente remarcó que la movilización sería pacífica y expresó su preocupación ante la posibilidad de provocaciones que pudieran justificar una respuesta represiva.
El gobierno, por su parte, defendió los cambios y sostuvo que busca garantizar los derechos de quienes participan pacíficamente, sin permitir hechos de violencia, vandalismo o bloqueos que afecten a otros ciudadanos. «En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos», escribió De la Espriella en la red social X.
El antecedente de las protestas de 2021
El temor a una escalada represiva remite a las multitudinarias movilizaciones de 2021 en Colombia, durante las cuales integrantes de las fuerzas de seguridad fueron señalados por su participación en episodios de violencia que dejaron manifestantes heridos y muertos. Ese antecedente volvió a instalarse en el debate público ante el endurecimiento de las condiciones para intervenir en las calles.
Durante la marcha, algunos participantes cubrieron sus rostros con telas y máscaras para evitar ser identificados. Julián Téllez, un artista de 26 años, manifestó su preocupación por el clima político y advirtió sobre el «riesgo de estigmatización» de la protesta.
En paralelo, la congresista opositora Jennifer Pedraza presentó una demanda ante el Consejo de Estado para pedir la anulación del decreto, al considerar que es «regresivo e inconstitucional».