La jueza Aileen Cannon se negó este jueves a desestimar 32 cargos del caso penal en Florida por el mal manejo de documentos confidenciales contra el expresidente Donald Trump tras dejar la Casa Blanca en 2021, según los documentos de la corte. El precandidato republicano a la presidencia acudió este jueves a una audiencia en una corte de Fort Pierce, Florida, en la que su defensa buscaba desestimar algunos o todos los cargos penales.
Rechazo de la justicia
“Luego de una revisión cuidadosa de la moción, las presentaciones relacionadas y los argumentos planteados durante la audiencia, la moción del demandado (Trump) es denegada“, indicó en su fallo la jueza Cannon en la corte de Fort Pierce en la que se investiga el caso. La jueza, nominada por Trump durante su mandato, explicó que, “a pesar de que la moción plantea varios argumentos que merecen una consideración seria, el tribunal finalmente determina, luego de un extensa argumentación oral”, dictar en contra de la moción del exmandatario por “prematura”.
Los cargos penales del 1 al 32 están relacionados con la “retención voluntaria de información de la defensa nacional” y “conspiración para obstruir a la justicia”. Cannon señaló que la resolución de la cuestión general depende demasiado de “cuestiones de instrucción impugnadas sobre definiciones aún fluctuantes” y que, por esa razón, “en lugar de decidir ahora prematuramente, el tribunal opta por denegar la moción” basándose en la “vaguedad inconstitucional”.
Trump acudió este jueves a una audiencia en la citada corte en la que su defensa buscaba desestimar los cargos por el mal manejo de documentos confidenciales en dos mociones. La disputa en Florida se centra en la interpretación que hizo la defensa de Trump de la llamada Ley de Registros Presidenciales, que, según su equipo legal, le da autoridad para considerar los documentos como personales y retenerlos tras su presidencia.
El equipo del fiscal especial Jack Smith, por el contrario, sostiene que esos archivos que retuvo Trump son registros presidenciales, en ningún caso personales, y que ese estatuto no se aplica a documentos oficiales confidenciales y de alto secreto como los que guardó en Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach. Entre los más de 11 mil documentos oficiales encontrados en el registro de Mar-a-Lago por agentes del FBI, un centenar de ellos fueron catalogados como secretos o “ultrasecretos”.
Esta semana Brian Butler, un trabajador de Mar-a-Lago identificado en la acusación como “empleado 5 de Trump”, dijo a la CNN que no cree que sea una cacería de brujas la acusación por el manejo de documentos confidenciales. “Creo que es mejor al menos decir lo que pasó que salir en las noticias y que la gente me llame loco”, aseguró Butler. Según la ley estadounidense, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial.
Trump intentó retrasar este juicio. Los abogados del expresidente habían pedido celebrarlo el 12 de agosto o de plano después de las elecciones de noviembre próximo, mientras que la Fiscalía solicitó que fuera el 8 de julio. Trump es ya el presumible candidato del partido republicano que enfrentará al presidente Joe Biden en las presidenciales de noviembre. El republicano buscó demorar este y los otros tres juicios penales que enfrenta alegando motivaciones políticas.
El caso de los sobornos a Daniels
En otro caso penal, el de los pagos irregulares a una actriz porno, la Fiscalía de Manhattan dijo que está preparada para llevar a juicio a Trump, pero propuso aplazarlo 30 días para que su defensa pueda revisar nuevos materiales. En un documento entregado este jueves al sistema judicial, el fiscal neoyorquino, Alvin Bragg, aseguró que las autoridades federales aportaron el miércoles unas 31 mil páginas de “registros adicionales” para el caso y que se espera otra tanda de documentos.
La Fiscalía, indicó Bragg al juez Juan Merchan, “no se opone a un retraso” por “precaución y para asegurar que el acusado tiene suficiente tiempo para revisar los nuevos materiales”, pero pide “que no exceda 30 días”. El expresidente había solicitado al juez esta misma semana que espere a que la Corte Suprema falle sobre su posible inmunidad presidencial en otro caso por interferencia electoral.
La Fiscalía de Manhattan acusó al exmandatario de 34 delitos en relación con 130 mil dólares que pagó a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para ocultar una supuesta aventura extramatrimonial. Trump ocultó esos pagos con la colaboración de su entonces abogado, Michael Cohen.
El miércoles un juez retiró seis de los 41 cargos del caso penal en el estado de Georgia contra el expresidente Donald Trump y otros imputados, que están acusados de interferir en el proceso electoral de 2020. Cada uno de los cargos desechados se relaciona con las gestiones de Trump y algunos de los otros encausados, incluido el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.