Sobre el límite de los plazos legales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entregó este lunes al juez federal Sebastián Casanello una declaración de intención para la distribución de los alimentos acaparados por su cartera en los depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Lejos de presentar un “cronograma de distribución” –como reclamó Casanello y ratificó la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones–, Pettovello describe en su presentación ante la Justicia que celebrará un “convenio de cooperación” con los ministerios de Acción Social de las provincias: “Una vez vencido el plazo otorgado a las provincias para la adhesión (24 al 28 del corriente) y en el transcurso de la semana siguiente, pondremos en conocimiento de V.S. las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total”, sostiene el escrito.
Mientras la ministra continúa retrasando la entrega de alimentos en un contexto social por demás complejo, insiste en el escrito presentado ante el Juez que los alimentos fueron comprados y “nos distribuidos” por el Gobierno anterior, que los mismos estaban destinados a situaciones de catástrofe, que su ministerio tiene la potestad constitucional para definir su distribución y hasta transcribe un informe del FMI que destaca los “esfuerzos” del Gobierno para “proteger a los más vulnerables”.
Pero mas allá de las excusas, hasta ahora Pettovello sólo mostró en su presentación ante la Justicia una intención de repartir los alimentos retenidos por su ministerio y no un “cronograma” ni criterios para su distribución. Una medida que solicitó Casanello ante el amparo presentado por el dirigente social Juan Grabois para el reparto de la mercadería y ratificada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que de manera unánime dispusieron un plazo para cumplir con esta exigencia frente a la apelación del propio ministerio.
En escrito firmado por Leila Gianni, como subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, se detallan los remitos de la distribución –tras la intimación judicial– de mas de mil toneladas de leche en polvo próxima a vencer que se realizaron a través de la Fundación CONIN. Una distribución que se hizo en base a la capacidad de la propia Fundación, sin criterio de proporcionalidad poblacional y que dejó marginada a tres provincias en la que CONIN no tiene sedes. Allí también se detalla que la distribución de la harina de maíz, próxima a vencer, se realizó en un solo municipio, Capital Sarmiento, y no en San Isidro y Hurlingham como había dispuesto el propio ministerio de “acuerdo” con CONIN.
Gianni, que también desfiló por distintos set de TV para criticar la calidad de la yerba mate que estaba almacena en los depósitos, también le dedicó unos párrafos en su escrito. Allí volvió a cuestionar la calidad del producto, aunque admite que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que de acuerdo a las muestras suministradas el producto “cumplirían con los parámetros establecidos en el Capítulo XV del CAA”. De todas maneras le pide a Casanello que defina con el SENASSA la autorización para la distribución de la yerba mate en “las escuelas vulnerables”.
La abogada tampoco ahorró en el escrito sus cuestionamientos a la decisión judicial. Giani había asegurado que no iban a permitir que “ningún juez militante” le dijera al gobierno de Javier Milei cómo manejar la política pública. Aunque esta vez –y tras la sanción que le impuso la Cámara de Apelaciones por su comportamiento en la audiencia que compartió con los querellantes— eligió disfrazar sus críticas en términos legales: “Como V.S. podrá advertir, los loables propósitos perseguidos por el Tribunal mediante su auto de fecha 26 de mayo, fueron siempre coincidentes con los objetivos trazados por este Ministerio, divergiendo únicamente con la mirada puesta sobre las facultades de oportunidad y conveniencia que entendemos reservadas a esta sede administrativa”.
La representante legal del ministerio de Pettovello dedicó gran parte de su escrito al respaldo del FMI al plan económico de Milei: “también se están realizando esfuerzos (…) para aumentar la asistencia social con el fin de proteger a los más vulnerables y garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, transcribe Gianni del Informe del organismo de crédito internacional al que Argentina le adeuda 45 mil millones de dólares. Pero los alimentos siguen sin repartirse.