En el comedor del barrio donde vive Johana, en Almirante Brown, dejaron de cocinar con garrafa y volvieron a hacerlo con leña, algo que no les pasaba desde la crisis del 2001. Eso, en el mejor de los casos: hay días, cuenta, en que ya no llegan a parar la olla, y otros en que se quedan cortos y no alcanza para todos. “Los vecinos ahora hacen una recorrida de varias cuadras, buscan a ver dónde consiguen uno que esté abierto”, cuenta. Ese nivel de deterioro de los comedores comunitarios es lo que fue a denunciar, con sus compañeros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el bloque de Unidad Piquetera, hasta las oficinas del ministerio de Capital Humano, sobre la Avenida 9 de Julio. Su columna fue una de las que recibió de frente los balazos de goma, los gases lacrimógenos y los chorros de los camiones hidrantes. Ella misma sintió un golpe a la altura de la rodilla, y enseguida notó el sangrado y la marca del perdigón. “Cuando la policía empezó a avanzar nos replegamos enseguida, pero no nos dió el tiempo y ya estaban disparando, a mansalva. Nos persiguieron después hasta casi la altura de Constitución, como si fuera una cacería”, cuenta.
Las organizaciones denunciaron que la movilización en reclamo de mayores raciones para la asistencia alimentaria en los barrios terminó con una represión que calificaron como “brutal”. El saldo fue de nueve detenidos (dos de ellos militantes del Polo Obrero, otros dos del “MTR 12 de Abril” y el resto del Darío Santillán, la CCC, “Votamos Luchar”, la CTA y el Bloque de Trabajadores Migrantes) que en la noche del miércoles permanecían en la Alcaldía 4 de la Policía de la Ciudad. Desde la puerta de la comisaría realizaron más tarde una conferencia de prensa, en la que denunciaron más de cien heridos por los palos. Uno de ellos terminó en el hospital, “desfigurado a palazos”, revelaron.
El primer estruendo sonó alrededor de las 12 del mediodía, sobre la 9 de Julio y Moreno. A esa hora, a los referentes de las organizaciones les habían prometido una reunión con el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, para discutir el listado de reclamos. Por eso mismo, la represión sorprendió a las columnas con la guardia baja. “Fue una emboscada”, describió a Página/12 Silvia Saravia, dirigenta de Libres del Sur. “La manifestación era pacífica. En el momento en que nos confirman la reunión con De la Torre empezaron a reprimir. Fue un mensaje claro que no quieren protestas. Un mensaje intimidatorio y aleccionador, no sólo para nosotros, sino para cualquiera que ose salir a la calle contra el Gobierno”, advirtió.
“Hacía rato que no vivía una represión así. Venían directamente hacia la columna, a pegar, y si podían, a cazar a alguien para llevárselo. Algunos compañeros tienen heridas de bala de goma en la cara, así que estuvieron disparando bastante por encima de la cintura”, describió Johana sobre lo que vivió durante la represión.
Los festejos del Gobierno
En el Gobierno festejaron los palos como si fuera un triunfo. El presidente Javier Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: “Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró como era previsible la aplicación del protocolo antipiquetes que ella misma diseñó. “Ley y orden”, posteó desde Washington, adonde viajó para reunirse con funcionarios de la CIA y el FBI. Más tarde elogió el “profesionalismo” de las fuerzas de Seguridad.
Como parte del combo, horas antes de la represión, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos lineamientos generales del programa Potenciar Trabajo (dividido en dos nuevos programas) y agregó, entre las causales de la baja del beneficio, “al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública”, en nuevo capítulo de “el que corta no cobra”.
A diferencia de represiones anteriores en el centro porteño, esta vez la que estuvo al frente fue la Policía de la Ciudad. “Fue un operativo que marca un antes y un después sobre cómo se plantea y cómo se defiende el orden y la libertad de circular en la Ciudad”, despotricó por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “El operativo fue excelente. La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos”, siguió, acompañado en conferencia de prensa por su secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Las internas con Bullrich por el manejo de la fuerza en territorio porteño, se ve, son cosa del pasado.
El recorte en los comedores
El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del ministerio de Capital Humano desde diciembre del año pasado, lo que hace “insostenible” la situación en los barrios.
Así lo cuenta Lorena, otra de las reprimidas, que organiza el comedor Evita en el barrio porteño de Zavaleta. “Tengo a más de doscientas personas en lista de espera, a las que no le podemos dar la cena”, dice. “Desde diciembre se nos cortó todo lo seco: fideos, arroz, galletitas, harina, té, mate cocido, leche en polvo, aceites”, describe. También le recortaron los fondos para la compra de frescos. Por ahora se sostiene con donaciones y con lo que le envía el Gobierno de la Ciudad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que la ayuda a los comedores “se sostiene para todos menos para aquellos comedores que no están en regla”. Lorena lo desmiente. “Nosotros tenemos una organización civil y estamos inscriptos en la lista de comedores del ministerio desde hace años, y recibimos periódicamente la visita de asistentes sociales que ven cómo cocinamos, cuánta gente viene, que esté todo en regla. Los funcionarios del Gobierno, mienten, quieren instalar una guerra de pobres contra pobres”, asegura.
“Nos metimos en un lío”, dijo hace poco Christian Hooft, el titular de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), que firmó un convenio millonario con Sandra Pettovello para distribuir alimentos. “Se corta eso y nos dicen ‘¿ustedes pueden ayudar?’ ¿Y qué le vamos a decir, que la iglesia no puede ayudar? Ahora, el tema es: ¿y los recursos?, ¿y el equipo de gente?, ¿y los voluntarios?, ¿de dónde salen?”, se quejó.
Otra vez, periodistas heridos
Tal como sucedió durante las protestas de febrero contra la Ley Ómnibus, la policía volvió a elegir a los periodistas y fotógrafos como blanco de la represión. Según pudo saber este diario, al menos dos reporteros gráficos sufrieron heridas con balas de goma. Uno de ellos, Antú Divito Trejo, del medio La Retaguardia, recibió un balazo de goma en la cien izquierda, a la altura de la ceja. Por pocos centímetros no tuvo alguna complicación en el ojo, tal como le sucedió hace más de un mes al abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, durante una marcha frente al Congreso.
“Tenía puesta mi pechera de Prensa, pero uno me apuntó igual, directamente a la cara”, relató Antú. “Enseguida sentí un roce a la altura de la cien izquierda, pero no me dí cuenta del balazo hasta que un compañero me dijo que estaba sangrando”, describió. “Hubo un momento en el que realmente nos asustamos, porque en pleno repliegue se formó una suerte embudo sobre una de las plazoletas de la 9 de julio, sobre una de las estructuras de cemento que están emplazadas entre el pasto. Parecía un pelotón de fusilamiento”, agregó.
Antú fue atendido en el hospital Ramos Mejía, donde también recibió atención el movilero de Crónica TV, Diego Ricardi, quien recibió un balazo en la cara, a la altura del mentón.
Los balazos contra la prensa coincidieron con el extenso tuit con el que el Presidente quiso hacer un tratado –fallido– sobre la libertad de expresión, el mismo en que pidió “bajarlos (a los periodistas) de la torre de marfil en la que creen que viven”. Al menos a los que cubren puede “bajarlos” con la policía.