La Policía Federal de Brasil detuvo a cuatro militares y un policía acusados de haber planificado en 2022 el asesinato del recién electo presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y de su compañero de fórmula Geraldo Alckmin, tras el triunfo sobre Jair Bolsonaro.
Según las investigaciones, el plan criminal apuntó también contra Alexandre de Moraes, el magistrado del Supremo Tribunal Federal que actualmente investiga el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de derrocar a Lula.
Las detenciones que tuvieron lugar en los estados de Río de Janeiro, Goiás, Amazonas y el Distrito Federal son parte del corolario de una larga investigación que intenta determinar las responsabilidades del intento golpista contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), fogoneado por la ultraderecha.
La operación “Puñal verde y amarillo”
La operación para matar a Lula tenía un nombre: “Puñal verde y amarillo”. Iba a ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que triunfara la fórmula del PT con el 51 por ciento de los votos por sobre Bolsonaro.
Los cuatro militares y el policía federal detenidos tenían vínculos con el grupo denominado “Niños Negros”, el nombre que se le da en el Ejército a soldados de cuerpos especiales. Varios de estos uniformados fueron vistos con pasamontañas rompiendo el bloqueo policial que trataba de impedir la llegada de manifestantes al Palacio Planalto, a una semana de haber asumido Lula.
Fueron también quienes ordenaron a los manifestantes bolsonaristas a ingresar al Congreso por el techo, transformando las vallas en escaleras, y activar mangueras para reducir los efectos de las bombas de las fuerzas de seguridad que resguardaban el orden democrático.
Durante las detenciones y los allanamientos se descubrieron detalles de “los recursos humanos y militares necesarios” para efectuar el crimen organizado por personal con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”. El plan también tenía previsto la creación de una Oficina de Gestión de Crisis Institucional, que estaría integrada por los propios involucrados.
Detenciones y allanamientos
El operativo que esta mañana sacó a la luz lo que hubo detrás del plan golpista del bolsonarismo incluyó órdenes de prisión preventiva, allanamientos, incautaciones y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país a personas que aún se investigan.
Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal. En total, se dictaron cinco órdenes de detención preventiva, tres órdenes de allanamiento e incautación y 15 medidas, como la prohibición de contacto entre los investigados, la entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la suspensión del ejercicio de funciones públicas.
La operación tiene como objetivo a los “Niños Negros”, formados por soldados de las Fuerzas Especiales. En este sentido, la investigación apuntó también a militares, uno de los cuales es asesor diputado bosonarista Eduardo Pazuello. Según informó la Red O´Globo, se trata del general retirado Mário Fernandes que ocupó el segundo cargo más importante de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Jair.
Fernandes estuvo en la reunión grabada en video en la que el entonces presidente Bolsonaro instruyó a sus ministros a actuar contra el sistema electoral brasileño.