Faltaban menos de 12 horas para el inicio de la sesión que trataría la primera y más importante ley de Javier Milei y nadie —ni oficialistas ni opositores ni opo-oficialistas— sabía exactamente qué sería lo que aprobaría o rechazaría en el recinto. No había texto ni documento final, solo negociaciones a contrarreloj y promesas de modificación que ni los diputados más candorosos estaban seguros de que, al día siguiente, el oficialismo plasmaría en el recinto. Solo una cosa es segura y es que La Libertad Avanza tiene el número para abrir la sesión y aprobar en general su Ley Ómnibus. La UCR y Hacemos Coalición Federal se comprometieron a dar quórum y a acompañar en general la megaley, prometiendo llevar sus diferencias a las discusiones en particular. Será una sesión maratónica de más de 35 horas, que la fantasía oficialista pretende dividir en dos: la votación en general el miércoles y la votación en particular el jueves. Nada esta garantizado, sin embargo.
La discusión fuerte será en la votación en particular, en donde de no llegar a un acuerdo con la oposición amigable, Milei podría perder algunos de sus capítulos más importantes, como el de privatizaciones. La aprobación en general de la Ley Ómnibus estaría garantizada: La Libertad Avanza, de no dinamitar su propia ley, tiene casi asegurados unos 150 votos, entre los propios, los del PRO, radicales, HCF y otros.
El quórum
El clima en la Cámara de Diputados era espeso. La decisión de Casa Rosada de salir a desmentir el contenido de la reunión de Guillermo Francos con los gobernadores la noche anterior había sido un golpazo: los legisladores no podían creer que el vocero presidencial hubiese negado la discusión sobre la posibilidad de coparticipar el Impuesto PAÍS.
Predominaba la desconfianza, así como el temor de que el propio Milei —que se había pasado el día insultando a los diputados opositores vía redes sociales— hiciera caer la sesión por culpa del capítulo de privatizaciones de empresas públicas. El asesor Santiago Caputo así se lo había deslizado a los radicales: si no acompañaban las privatizaciones la sesión no tenía razón de ser. LLA venía de ver como su Ley Ómnibus era brutalmente diezmada —ya había perdidos unos 139 artículos al momento de dictaminar y luego otros tantos más cuando el ministro Luis Caputo bajó el paquete fiscal— y resignar el capítulo de privatizaciones era demasiado.
Atento a esta posibilidad, la UCR movió primero. “Desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la Ley Ómnibus mañana y acompañaremos en general. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país”, afirmó el titular de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, por la mañana. De Loredo anticipaba así no solo que derivarían todas sus objeciones a la votación en particular, sino que serían los 34 diputados del bloque los que votarían a favor en general. La rebelión impulsada por Facundo Manes y una decena de radicales díscolos no se vería reflejada en un voto en contra. No en general, al menos.
“Nos vamos a ir y sentar y dar quórum. Si la ley no sale, no es cosa nuestra”, afirmaba un peso pesado del radicalismo, buscando ahuyentar así la metralleta de críticas del Presidente.
Una actitud similar adoptaron los 23 diputados de Hacemos Coalición Federal. Luego de una reunión que se estiró horas, la bancada definió que también daría quórum y votaría a favor en general. Todos menos los dos diputados del Partido Socialista —Mónica Fein y Esteban Paulón—, que tenían definido votar en contra, así como Natalia de la Sota. Sí acompañarían Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot —quien denunció aprietes del oficialismo—, los cordobeses, la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo. “Siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quórum”, afirmaron, solemnes, desde la bancada.
Ya con los 23 diputados de HCF, los 34 de la UCR, los 40 del oficialismo y los 39 del Frente PRO, Milei tiene el número para aprobar la ley en general. Lo más probable es que tenga más votos: los 9 de Innovación Federal también analizaban acompañar —depende de que LLA no elimine la “Zona Fría” en la tarifa de gas—, así como los tres peronistas tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Había dudas, además, sobre qué harían los cuatro catamarqueños de Unión por la Patria que responden a Raúl Jalil (cuyo vice participó el lunes de la reunión con Francos).
El resto de Unión por la Patria y el FIT irán a la guerra: ni quórum, ni votos afirmativos, ni paz en el recinto. Buscarán impugnar el dictamen y hacer ruido.
Los cambios al proyecto
De los 664 artículos originales de la Ley de Bases, y pese a sus pataleos, Milei ya eliminó 278. Nadie conoce, sin embargo, cuál será el texto final que se votará en el recinto. Será el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, el que tendrá que detallar —artículo por artículo— las modificaciones incluidas como fruto de las negociaciones. Primero anunciará los artículos que se eliminan, luego se pasará a los discursos de los más de 200 diputados que quieren tomar la palabra y, luego, se votará la ley en general. Se especula que será sobre la madrugada del jueves. El objetivo de Martín Menem, titular de la Cámara, es convocar a un cuarto intermedio y, ahí sí, pasar a la votación en particular.
Hay varios puntos que LLA no logra consensuar con la oposición y que podrían caerse. El capítulo más espinoso es el de privatizaciones. Si bien el Gobierno ya accedió a quitar a YPF del listado, así como habilitar solo una venta parcial de tres empresas consideradas estratégicas —Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación—, la oposición amigable demanda más cambios. El radicalismo exige que la privatización de cada empresa tenga que pasar, cada una por separado, por el Congreso. HCF sostiene una postura similar. Milei no quiere saber nada y, hasta el cierre de esta edición, se desconocía si podrían arribar a un acuerdo. En el caso de que LLA se resista a incluir cambios, el artículo podría caerse.
Otro de los pedidos de cambio refiere al capítulo penal, que criminaliza la protesta y legitima el gatillo fácil. Según confiaron en el radicalismo, LLA se habría comprometido a eliminar el artículo de la ley que definía como “manifestación” a cualquier congregación de más de 30 personas en la vía pública.
Está en discusión, por estas horas, qué pasará con el capítulo de hidrocarburos y biocombustible, cuestionado por los gobernadores. En la oposición amigable especulan con que, de no llegar a un acuerdo, el oficialismo podría quitarlos para discutirlos más adelante (como se hizo con el capítulo fiscal, referido a retenciones, movilidad jubilatoria y blanqueo de capitales). Habrá, además, pedidos de cambios a la modificación de las leyes ambientales. Pero nada es seguro: el texto aún se sigue escribiendo.