De cambios en las multas por el empleo no registrado a períodos de prueba extendidos; del fin de la moratoria previsional a un nuevo sistema para quienes no cuenten con 30 años de aportes; de la privatización de un puñado de empresas a la venta parcial de compañías en sectores clave: la Cámara de Diputados aprobó en general la ley bases impulsada por el Gobierno, un paquete de reformas sin precedentes en la historia del país que ahora debe ser tratado en el Senado. Punto por punto, qué dice el proyecto que desvela al presidente Javier Milei.
Reforma laboral
El nuevo proyecto, aunque más opaco, conserva el espíritu de la ley ómnibus original que fracasó en febrero. El oficialismo habló de una supuesta “modernización laboral”. Un punto clave lo tiene en los cambios sobre el período de prueba.
El proyecto aprobado por Diputados extiende este tiempo de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores; de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.
En paralelo, deroga las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Para el gobierno, esto es con el objetivo de avanzar en la destrucción de la supuesta “industria” de los juicios laborales, ya que las multas representan en la actualidad un ítem clave ante un reclamo judicial impulsado por trabajadores ante despidos sin causa.
Indemnizaciones
La ley bases plantea la implementación de un fondo de cese laboral optativo. Esta medida fue muy cuestionada por el sindicalismo, desde donde se niegan a que los trabajadores tengan que pagar su propia indemnización.
El modelo es el que rige en la UOCRA, el gremio de trabajadores de la construcción, donde funciona un fondo de desempleo donde el empleador deposita una parte del sueldo del trabajador en una cuenta bancaria para que esté disponible una vez que se termina el vínculo laboral.
El proyecto de ley establece que el fondo de cese será con un aporte de hasta el 8 % de las remuneraciones. Otro cambio central al texto original es que se eliminó el artículo que preveía penas de 6 meses a tres años de cárcel para quienes bloquearan las empresas en el marco de reclamos laborales.
Privatizaciones
Con menos firmas en comparación al proyecto original, en la votación capítulo por capítulo Diputados aprobó un puñado de privatizaciones. La nueva nómina privatizadora avanza sobre:
Aerolíneas Argentinas SA
Energía Argentina SA
Radio y Televisión Argentina SE
Intercargo SAU
Además, plantea la venta parcial de dos firmas más que relevantes en sectores claves de la economía argentina:
Nucleoeléctrica Argentina SA
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
Finalmente, se establece una serie de empresas a ser concesionadas por firmas privadas:
Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA)
Correo Oficial de la República Argentina SA
Belgrano Cargas y Logística SA
Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE)
Corredores Viales SA
Ganancias e Ingresos Brutos
Dentro del paquete fiscal, el Gobierno busca volver a cobrar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Es irónico, ya que fue el propio Javier Milei el que, como diputado, votó por la derogación mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto.
La normativa pone en revisión el impuesto en la cuarta categoría, cuyo mínimo no imponible estaría en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos.
Como contrapartida, el Gobierno pretende una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años. Es decir, sobre el tributo que se paga sobre los bienes situados en el país y, según el caso, en el exterior.
Nuevo blanqueo
El gobierno también plantea un blanqueo por activos de hasta USD 100.000. Sobre este total, no se aplicará ninguna alícuota. Para los que superen este total, habrá descuentos progresivos del 5%, 10% y 15%. También, bajo ciertas condiciones, se podrá pagar alícuota 0% blanqueando montos mayores a USD 100.000.
No fueron pocos los dirigentes opositores que alertaron que este aspecto podría favorecer el blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Nuevo régimen de inversiones
En paralelo a las privatizaciones, y de la mano de una búsqueda de economía extractivismo de Milei, el Gobierno plantea una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los USD 200 millones.
El proyecto contempla una serie de beneficios impositivos como amortizaciones del impuesto a las Ganancias sobre bienes muebles fabricados o importados, destinados al proyecto.
Empleo público
El achicamiento del Estado no termina en las privatizaciones. Ya se aprobó en Diputados una nueva normativa que avanza sobre el empleo público, donde se buscará profundizar los recortes y despidos masivos que ya se hicieron hasta este momento.
A la par que se dispone que a los trabajadores públicos que participen de huelgas se les descuente el proporcional por las horas no trabajadas, la ley establece que aquellos funcionarios de organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta un año y que sean despedidos si no consiguen otro puesto.