La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este martes órdenes de arresto contra el exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania. De esta forma aumentan a seis las órdenes de detención emitidas por la corte con sede en La Haya contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin. El Kremlin dijo varias veces que la infraestructura energética ucraniana es un objetivo militar legítimo y niega que el ataque a civiles esté dentro de sus planes.
“Ataques contra objetivos civiles”
La CPI considera a Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), que en el momento de la presunta conducta criminal eran, respectivamente, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General, “responsables a nivel penal de ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.
En ese período el Ejército ruso llevó a cabo varios ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. El tribunal de justicia internacional cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era “claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada” a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas objetivos militares.
La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por “causar daños colaterales excesivos” a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”. Uno de los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó la CPI, que advirtió que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.
“Todos los involucrados en conflictos armados deben seguir las reglas básicas de conducta reflejadas en el derecho internacional humanitario. Ningún individuo, en ninguna parte del mundo, debería sentir que puede actuar con impunidad. Y ninguna persona, en ninguna parte del mundo, debería sentir que merece menos protección que otras”, advirtió Khan. Aunque la sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece secreto para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones.
Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. El general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales.
Seis órdenes de detención
La CPI no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto, y se apoya en el sistema judicial de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo. En teoría, cualquier persona que sea objeto de una orden de este tipo tendría que ser detenida si viaja a un territorio de un Estado miembro.
Putin, acusado de una presunta deportación ilegal de niños ucranianos en zonas ocupadas por la Federación Rusa, viajó a países como Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, que no son miembros de la CPI. En cambio evitó participar en un encuentro de los Brics (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica, un país que se habría visto obligado a ejecutar la decisión del tribunal internacional.
La CPI, creada en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad en todo el mundo, abrió en septiembre una oficina en Kiev como parte de los esfuerzos para pedir cuentas a las fuerzas rusas por posibles crímenes de guerra. Esto ocurrió después de la creación de un centro internacional para investigar a Rusia por posibles crímenes de guerra en La Haya en marzo de 2023.
Además de Putin, la CPI también emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por cargos similares, es decir la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Otros responsables rusos que son objeto de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional son Serguéi Kobylash, jefe de la aviación estratégica, y Viktor Sokolov, jefe de la flota en el mar Negro.
Rusia reaccionó rápidamente y minimizó la última decisión contra Shoigú tachándola de “insignificante”, según el servicio de prensa del Kremlin que fue citado por la agencia de noticias Tass. El Consejo de Seguridad ruso subrayó en un comunicado que la orden de arresto es nula ya que Rusia no reconoce su jurisdicción, además de advertir que esa medida forma parte de la “guerra híbrida de Occidente contra Rusia”.
En cambio el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró las medidas dictadas por la CPI. “La decisión es una indicación clara de que la justicia para los crímenes rusos contra la humanidad es inevitable”, escribió Zelenski en sus redes sociales. El jefe de Estado ucraniano agregó que las órdenes de arresto demuestran que ni el rango militar ni la posición política que ocupen “pueden proteger a los criminales rusos” de la justicia.