El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán seguir pidiendo a las plataformas de redes sociales que eliminen cierto contenido que pueda llevar a la desinformación, una decisión clave para el país y el Gobierno de Joe Biden en este año electoral.
Por seis votos contra tres, la Corte Suprema rechazó el esfuerzo liderado por los republicanos para limitar esta capacidad y desestimó así la petición de los gobiernos de Missouri y Louisiana, además de varios usuarios de redes, quienes presentaron una demanda acusando a la Administración de Biden de ejercer censura y violar con ello la Primera Enmienda (la de la libertad de expresión).
La Casa Blanca acogió con satisfacción el fallo. “La decisión de la Corte Suprema es la correcta y ayuda a garantizar que la administración Biden pueda continuar nuestro importante trabajo con las empresas de tecnología para proteger la seguridad del pueblo estadounidense”, defendió Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una declaración recogida por el diario The New York Times.
La decisión de la Corte
La relevancia del caso era notable puesto que podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones consideradas polémicas en redes sociales sobre temas como la pandemia de covid-19 y las elecciones presidenciales. No obstante, en lugar de profundizar en las cuestiones de la Primera Enmienda planteadas, el tribunal dictaminó que el Estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la Administración de Biden no tenían legitimación activa para demandar.
“Para establecer su legitimación, los demandantes deben demostrar un riesgo sustancial de que, en un futuro cercano, sufrirán un daño que se pueda rastrear hasta un demandado del Gobierno y que pueda repararse mediante la orden judicial que solicitan y debido a que ningún demandante ha soportado esa carga, ninguno está legitimado para solicitar una orden judicial preliminar”, apuntó la jueza Amy Coney Barrett, quien escribió en nombre de la mayoría.
“Los demandantes, sin ningún vínculo concreto entre sus lesiones y la conducta de los acusados, nos piden que realicemos una revisión de las comunicaciones de años entre docenas de funcionarios federales, en diferentes agencias, con diferentes plataformas de redes sociales, sobre diferentes temas”, agregó la jueza. “La doctrina vigente de este tribunal nos impide ejercer esa supervisión legal general de las otras ramas del gobierno”, argumentó.
A raíz de la pandemia de coronavirus, los funcionarios de la Administración de Biden iniciaron una campaña para persuadir a las plataformas de redes sociales para que eliminen publicaciones que contengan información errónea sobre las vacunas, la pandemia o, previamente, las elecciones presidenciales de 2020. Todo ello con el argumento de que muchas de esas publicaciones iban supuestamente en contra de las propias políticas de las plataformas.
En 2022 funcionarios republicanos de los Gobiernos de MIssouri y Louisiana demandaron a la Casa Blanca por haber atentado contra la Primera Enmienda, que impide que el Ejecutivo censure y castigue a quienes expresen sus opiniones. Sin embargo, este miércoles el máximo tribunal del país estimó que los estados y los individuos no podían demostrar que fueron perjudicados directamente por la comunicación entre los funcionarios federales y las redes sociales.
Según la jueza Barrett, además, compañías como Facebook y YouTube tienen políticas de moderación de contenido de larga data y los impugnantes no demostraron que las acciones de las empresas para eliminar publicaciones fueran atribuibles al Gobierno. En Estados Unidos no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.
Voces en contra
En tanto, el juez Samuel A. Alito Jr., junto con los jueces Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch, fueron quienes discreparon en la votación. “Durante meses, funcionarios gubernamentales de alto rango presionaron implacablemente a Facebook para que suprimiera la libertad de expresión de los estadounidenses. Debido a que el tribunal se niega injustificadamente a abordar esta grave amenaza a la Primera Enmienda, discrepo respetuosamente”, escribió el juez Alito.
Andrew Bailey, fiscal general de Missouri, dijo tras la decisión del máximo tribunal que continuaría intentando construir el muro de separación entre la tecnología y el Estado. “El historial es claro: el Estado presionó y coaccionó a las empresas de redes sociales para que eliminaran discursos veraces simplemente porque eran conservadores”, expresó en un comunicado. “El fallo de hoy no cuestiona eso”, subrayó.
La decisión de La Corte Suprema llegó un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el candidato republicano, Donald Trump, vuelvan a encontrarse frente a frente en un debate televisado en la ciudad de Atlanta, casi cuatro años después de su último careo, ahora con los roles de mandatario y candidato revertidos pero ambos como respectivos exponentes de la polarización política que vive el país desde los últimos meses.