Las calles de la capital de Jujuy eran un hervidero. Miles de docentes marcharon anoche con antorchas hacia la Legislatura provincial. La protesta por más y mejores salarios trocó en un fuerte reproche a la decisión del gobernador de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, de avanzar en la aprobación de reforma de la Constitución de la provincia. Anoche, y al cierre de esta edición, el oficialismo con el respaldo de los convencionales del peronismo local, aprobaron en general la reforma parcial de la Carta Magna que incluye la polémica restricción a la liberta de protesta. La votación fue unánime. Solo la izquierda no estuvo porque sus convencionales habían renunciado.
La aprobación resultó el aval para el gobierno provincial que busca aprobar una ley que limita el derecho a movilizarse, a protestar. Morales, que fue convencional constituyente y presidió la sesión, aprovechó para justificar esta iniciativa que le permitirá controlar cualquier tipo de protesta callejera: “Se trata de una mentira que circula en algunos sectores y atentan con la meta de establecer condiciones de vida y más derechos”.
Paradójicamente, en las cercanías de la Legislatura, miles de almas protestaban por las políticas implementadas por Morales. La docencia, y trabajadores de otros sectores, marchaban con antorchas con la consigna “Arriba los salarios. Abajo la reforma”. Fue en ese momento, pasadas las 20, que se enteraron que la Convención Constituyente había aprobado en general la reforma impulsada por el oficialismo jujeño.
La multitudinaria marcha, encabezada por el Centro de Docentes de Educación Media y Superior (CEDEMS), la Asociación de Educadores provinciales (ADEP) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), recorrió las calles de la ciudad de San Salvador hasta llegar a la céntrica plaza Belgrano, y a las cercanías de la Legislatura. Entre las velas, antorchas y celulares, algunos caminaban con ejemplares de la actual Constitución de la provincia exigiendo que se la respete.
La movilización se replicó en otras localidades de la provincia. El profesor Juan Carlos Córdoba, adjunto del CEDEMS, encabezó la de Libertador general San Martín, en la que participaron también trabajadores azucareros, municipales y organizaciones sociales. “El paro fue contundente, venimos registrando un acatamiento de entre un 85% y 90%. Pedimos a los funcionarios que abran las paritarias, y podamos avanzar en la negociación salarial”, sostuvo Córdoba.
La aprobación de la reforma de manera anticipada fue la confirmación de un rumor que corrió por todo Jujuy, alentado por el hecho de que el gobernador Gerardo Morales retomó por la tarde el rol de presidente de la Convención Constituyente. Efectivamente, por la noche se aprobó la reforma, con 40 convencionales, ya que el miércoles renunciaron los seis del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) y hubo otros dos ausentes. En cambio, el Frente Justicialista, si bien el lunes renunciaron dos convencionales denunciando irregularidades en el proceso, votó a favor de la reforma.
Al cierre de esta edición la Convención avanzaba en el tratamiento en particular. La especulación es que el gobernador decidió esta movida para adelantarse al paro general con movilización provincial previsto para hoy, que cuenta con la convocatoria de los gremios docentes y las centrales obreras CGT Regional Jujuy y las dos CTA, y en el que además participarán las comunidades indígenas de todo el territorio provincial, que confluirán en el 3° Malón de la Paz, en rechazo a la reforma constitucional.
La sorpresiva aprobación, adelantándose incluso a la propia agenda del oficialismo, motivó críticas del FIT-U. “El radicalismo y el peronismo de Jujuy acaban de votar a escondidas una reforma constitucional que es completamente repudiada. Lo hicieron de noche, acelerando el trámite. Su objetivo era impedir que el pueblo trabajador de Jujuy pudiera seguir reclamando en las calles y enfrentando una reforma que quita derechos y restringe libertades”, aseguró esta fuerza política. El diputado nacional Alejandro Vilca, uno de los que renunció a la banca de convencional denunciando la falta de transparencia del proceso, pedía anoche a la CGT y las CTA que convocaran a una movilización inmediata.
La aprobación de la reforma tomó a columnas indígenas en camino a la capital jujeña, a donde esperan ingresar mañana a primera hora para participar de la movilización provincial. Hubo una consulta breve, los más enojados querían cortar rutas, pero primó la decisión de mantener el plan de lucha. “La reforma nos perjudica, es empeñar el futuro de nuestros hijos, la legalización del saqueo de los recursos naturales, el despojo de nuestras tierras. Defendemos nuestros derechos como es la consulta, libre, previa e informada, que el gobierno nos garantice derechos, defendemos el agua y el territorio”, expresó Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, una de las organizaciones indígenas que iniciaron este Malón de la Paz el miércoles desde distintas localidades de la provincia.
La modificación del artículo 36, “derecho a la propiedad privada“, deja en mejores condiciones a titulares registrales que disputan tierras con comunidades originarias, dado que incorpora “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular“. Y afirma que se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, además alienta la sanción de una ley que determine “las condiciones para el desalojo“.
Por otro lado, el proyecto del oficialismo de Jujuy elimina las elecciones de medio término y establece que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura“.
Quizás el aspecto más rechazado por los gremios, organizaciones sociales y comunidades originarias es el punto titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, que propone incorporar a la nueva Constitución “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.
Por otro lado ayer el CEDEMS denunció al gobernador Morales en la fiscalía federal, por sus dichos en la conferencia de prensa del 12 de junio. Lo acusan de “incitar al odio y a la persecución por razones políticas a quienes integran el gremio CEDEMS; ya que por un lado señaló que el gremio estaba tomado por sectores políticos para luego acusarlos de violentos, a los que iba a combatir”.