El pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema será el tema central de las sesiones extraordinarias que el Congreso llevará adelante a partir del lunes que viene. Ante las amenazas de Juntos por el Cambio de paralizar el resto del temario si no se retira el pedido de juicio político contra los supremos, desde el oficialismo están evaluando distintas posibilidades. Algunos dirigentes que se referencian con el sector más ligado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, opinan que, en caso de no poder avanzar con acuerdos legislativos, “el Presidente cuenta con herramientas para intervenir y contar con respaldo popular si existe un bloqueo”. El gobernador indicó que Fernández podría modificar la Corte y el Consejo de la Magistratura mediante decretos de necesidad y urgencia, tal como habían señalado también otras voces oficialistas.Desde Casa Rosada, sin embargo, aseguraron a Página/12 que “no están pensando en nada de eso”.
“Hay 27 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso hay que ir y trabajar en materia de instrumentación por decreto de necesidad y urgencia“, afirmó el gobernador de Chaco y especificó que “hay una ley que regula el funcionamiento de la comisión bicameral de DNU, es necesario que se dé esta iniciativa si existe el bloqueo institucional por parte de la oposición“. Además, remarcó que “es ingobernable la Argentina si se mantiene la inacción con respecto al avasallamiento del poder corporativo a las instituciones democráticas”.
El presidente Alberto Fernández participó este martes de la inauguración de obras en un hospital de José C. Paz y aprovechó para advertir que el fallo del máximo tribunal que benefició al gobierno porteño conspira contra la posibilidad de seguir financiando obras en las distintas provincias. En ese contexto, cerca del mandatario retrucaron a los planteos de Capitanich: ante la consulta de este diario, aseguraron que buscar un cambio en la Corte Suprema mediante decretos “chocaría con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia”.
Desde diversos sectores oficialistas también promueven la idea de reformar por decreto el Consejo de la Magistratura. Esto no solo fue expresado por Capitanich, sino que también otras voces lo propusieron, como la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del FdT, Teresa García, y el abogado y consejero Héctor Recalde. Incluso el ministro de Justicia, Martín Soria, había admitido que “hay posibilidades. El artículo 99 (de la Constitución), que habla de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en el fallo insólito del 16 de diciembre de 2021 revivió una ley derogada por el Congreso para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura”.
Desde Balcarce 50 explicaron que, a diferencia de un decreto para modificar la Corte –que sería inconstitucional– en el caso del Consejo de la Magistratura “es discutible”, pero afirmaron que eso tampoco está en debate porque avanzar en cualquier modificación de ese estilo por DNU “sería de un costo político enorme y terminaría siendo frustrante”. “Buscar cambios por vía de decretos chocaría con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia y con recursos de amparo que llevarían todo para atrás”, formularon. Por último, en Casa Rosada añadieron que “hay que tener alguna garantía para poder avanzar porque si no terminan siendo derrotas épicas que no tienen ningún sentido y no le sirven a nadie”.
Con respecto al tratamiento del juicio político en el Congreso, el oficialismo está tratando de acelerar los tiempos y espera convocar a la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada Carolina Gaillard, la semana que viene. Capitanich le reclamó a la oposición que “deje de mentir. En estos tiempos muchos dirigentes de JxC se muestran como los paladines de la ética y tienen un doble discurso. Lo único que hacen es herir de muerte a las instituciones de la democracia”. El gobernador chaqueño subrayó que “los que pregonan la transparencia –por la oposición– consienten las irregularidades. El pedido de juicio político a la Corte no es un ataque al sistema republicano, por el contrario, es una forma de defenderlo”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también habló del tema y señaló que”lo importante es poder visualizar el por qué del juicio político a la Corte. Para los gobernadores -dijo-, el fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires es un ataque al federalismo que afecta muchísimo a las provincias”.