El Parlamento regional de Valencia aprobó este jueves, con los votos de los conservadores del Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, la llamada “Ley de Concordia”, que no condena explícitamente los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975) y deroga la Ley de Memoria Democrática de 2017.
La coalición conservadora que gobierna esta región española siguió así el pulso para intentar rescribir las leyes de Memoria Democrática en España que mantienen los principales partidos de oposición al Gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez. Según sus impulsores, la nueva norma supone la reconciliación frente al odio y restaura por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de con qué manos y dónde fueron asesinadas. La Ley de Concordia equipara las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo desde la Segunda República (1931-1936) hasta las víctimas del terrorismo etarra e islámico.
Los contrarios a la norma critican que deroga una ley cargada de derechos de la ciudadanía y es un texto que quiere igualar dictadura con democracia. El Gobierno de Sánchez ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) español la Ley de Concordia aprobada en Valencia para proteger del atropello los derechos de las víctimas de la dictadura.
En la misma línea, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, se expresó sobre este tema. “Por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra (Civil)”, remarcó.
Declaración de inconstitucionalidad
El caso valenciano no es el primer intento de sustituir leyes de Memoria Democrática por las denominadas leyes de Concordia. Otras regiones españolas, todas ellas gobernadas por la coalición PP y Vox, aprobaron o están a punto de aprobar normativas parecidas. La primera que lo aprobó fue Aragón (noreste), donde se anunció y aprobó un “plan de concordia”, sin rango de ley, que sustituía y derogaba la ley de memoria democrática aprobada por el gobierno anterior, liderado por el partido socialista.
El presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, dijo que su propuesta acababa con lo que considera un relato sesgado y una interpretación partidista de la historia, que idealizaba la Segunda República española, que condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando y relativizaba a los cometidos por el otro, y limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por un parte, pero no por la otra.
El TC suspendió de forma cautelar la ley de concordia aragonesa al admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español, la misma acción que el ejecutivo central prometió llevar a cabo con el texto valenciano.
Otra región en camino
La decisión del tribunal no amedrentó a la región valenciana y tampoco parece que tendrá efecto en otra que tiene decidido aprobar una ley de concordia similar, Castilla y León (noreste), donde según sus dirigentes –también de la coalición PP-Vox– su norma permitirá preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia de todos.
Los impulsores de esta versión están convencidos de que su propuesta está perfectamente encuadrada en el marco de la Constitución española. Su vicepresidente, el ultraderechista Juan García-Gallardo, apuntó recientemente: “Es una norma que no se entromete en la historia y ayuda a ensanchar el debate público frente a las maniobras de quienes quieren imponernos su ingeniería social falsificadora de la realidad”.
El propio García-Gallardo recordó que la derogación de la ley de Memoria democrática regional figura en los pactos de gobierno de la coalición, y que la futura ley servirá para exponer, según él, la historia criminal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido del presidente Sánchez.
La ONU, en contra
Las propuestas de reformulación de las leyes de Memoria Democrática en España ya tuvieron en sus inicios, cuando se tramitó la propuesta de Aragón en mayo de este año, un gran detractor: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un informe firmado por relatores del organismo, señalaron que las leyes de concordia podrían obstaculizar el derecho de las víctimas del franquismo a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, indica el informe.
Según explicaron, estas leyes ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica y pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y también pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen.