Esta medida, extendida por décimo segunda ocasión, avala la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la décimo segunda ampliación del régimen de excepción que suspende derechos y garantías constitucionales, con lo que el país superará el año con esta medida pedida por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y con la cual se ha declarado una “guerra contra las pandillas”.
Este estado de excepción se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La solicitud de la ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados.
La extensión de la medida se aprobó, como en otras oportunidades, sin un estudio o debate legislativo.
Las garantías constitucionales suspendidas por este régimen de Bukele son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Antes de la aprobación, el presidente Bukele anunció en Twitter el traslado de 2.000 pandillerosa una nueva prisión de máxima seguridad, con lo que suman 4.000 reos en el recinto que, según el mandatario, es la “más grande de toda América”.
“Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, publicó el mandatario en Twitter.
De acuerdo con las cifras oficiales, son cerca de 66.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, y habrían sido puestas en libertad condicional unas 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.
La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas en El Salvador, aunque el 75,9% de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.
Hace unos días, los familiares de 66 personas detenidas en la remota zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, denunciaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “violación sistemática” de sus derechos.
“A las personas detenidas se les han violado varios derechos de la Convención Americana”, aseguró Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal y detalló que uno de ellos es la libertad personal, dado que “hay una práctica arbitraria de detenciones sin investigación previa y sin fundamento”.
Lamentó que en el marco de este régimen de excepción “no ha habido oportunidad de que los jueces sean independientes para valorar darles medidas” alternas a la detención.
Otra garantía que, de acuerdo con Cristosal y los familiares de los detenidos, se ha violado es el debido proceso.