En su plan de liberar y privatizar, el Gobierno avanzó otro casillero. En esta oportunidad, se trata del servicio de correo postal. Tras el anuncio que el domingo por la noche realizó el vocero presidencial Manuel Adorni apareció publicado en el Boletín Oficial el decreto en el que se detalla la desregulación completa del servicio.
La principal duda a partir de la desregulación es qué pasará con el futuro de Correo Argentino, una compañía clave que el Gobierno nacional empezó a desguazar. ¿Con la desregulación y vaciamiento dejará de tener participación en las elecciones, por ejemplo, a la hora de trasladar las urnas con los votos?
“El gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina“, compartió el vocero, sin más detalles a través de X. Parece que solo queda esperar a su conferencia de prensa diaria para las razones detrás de este nuevo avasallamiento sobre las empresas públicas.
Este diario fue uno de los pocos medios que advirtió que con los miles de despidos y retiros voluntarios producidos en el Correo Argentino, el próximo sufragio fue puesto en duda. “Si las elecciones fueran hoy, no se podrían hacer, porque el Correo es el 70 por ciento del proceso y se fue toda la gente histórica”, evalúan jueces electorales.
En tanto, la ley establece concretamente que es el Correo Oficial, o sea la empresa de bandera, la que debe realizar todas las operaciones en las votaciones nacionales, lo cual habrá que aguardar si en esta desregulación y el desguace a raíz del desguace del servicio postal chocará con los alcances de la normativa.
El decreto desregulador del Gobierno sostiene que “el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar que al menos un operador postal ofrezca en todo el territorio de la República Argentina la prestación del Servicio Postal Universal en forma obligatoria y sin exclusividad” y dice que en tanto “no designe otro prestador, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. será la persona jurídica por medio de la cual el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos en las Actas de la Unión Postal Universal, teniendo a su cargo la prestación del Servicio Postal Universal”.
El Correo Oficial de la República Argentina S.A. no es otro que el Correo Argentino. El decreto dice que “tendrá a su cargo el Servicio Electoral de las Elecciones Nacionales”, pero no agrega más al respecto y deja la puerta abierta al cambio de prestador del servicio.
La pieza central de las elecciones
El Correo lleva las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, algunos en lugares remotos a los que solo se llega en mulas o en lanchas. No solo hay que llevar las urnas, sino las boletas de cada uno de los partidos, las planillas y todo el material que se necesita.
El Correo es también quien organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados y luego se procesan la misma noche de los comicios. Finalmente, hace todo el operativo de retirar las urnas y llevarlas a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo. Todo eso, realizado de manera eficiente desde 1983, es lo que justifica que el Correo se lleve el 70 por ciento del presupuesto de cada elección.
La causa Macri-Correos
En tanto, otros observan que la desregulación y el vaciamiento del Correo Argentino genera una mueca en el PRO. Especialmente en Mauricio Macri y su familia, investigada por la quiebra del Correo Argentino, después de que quedara expuesta la gran cantidad de maniobras de la empresa para licuar su deuda millonaria, estrategias para simular mayorías entre los acreedores, operaciones de vaciamiento y hasta sospechas de lavado de dinero.
La quiebra se había hecho hace tres años por orden de Marta Cirullo, pero gracias a la maniobra del macrismo, quedó paralizado por tiempo indefinido. En 2022, el procurador interino Eduardo Casal tomó como propios los argumentos de la fiscala Gabriela Boquin y le recomendó a la Corte Suprema que anule el fallo de la Sala B de la Cámara Comercial que dejó en suspenso. Hasta ahora, el máximo tribunal no se expidió.
Afuera de la Ley Bases
En junio pasado, en pleno de debate por la Ley Bases y con el objetivo de aglomerar más voluntades, el Gobierno había aceptado eliminar del mega proyecto a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) como empresas estatales sujetas a ser privatizadas. De esta manera, como sucede actualmente con la línea aérea de bandera, el camino para “quitarsela de encima” será por fuera del Congreso.
En aquel entonces, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que conduce Alberto Cejas, señaló: “La amenaza de una privatización pone en riesgo no solo puestos de trabajo, sino también un servicio esencial para todos y todas”.
“Estamos comprometidos con la defensa de una empresa que ha demostrado ser esencial para conectar y servir a los argentinos en los peores momentos. Privatizar no es la solución, ni lo fue nunca”, habían agregado. Solo queda esperar cómo continuará este nuevo capitulo de “desregulaciones” de la gestión ultraderechista.
El Correo Argentino es prestador del Servicio Postal Universal
El Correo Argentino —hasta ahora— tiene la obligación de brindar el “Servicio Postal Básico Universal” (S.P.U.) a toda la población del territorio de la República Argentina, gracias a que el país está dentro del Convenio Postal Universal.
El servicio comprende la recolección y distribución de los siguientes productos:
- Carta simple de hasta 20 gramos.
- Telegrama simple de hasta 20 palabras.
- Giro postal hasta mil pesos ($1000).
- Comunicaciones fehacientes, incluyendo los telegramas regulados por las leyes 23789, 24487 y 23298.
- Emisión de sellos postales y prestaciones filatélicas.
- Servicio Electoral Nacional, Provincial y/o Municipal, siempre y cuando le sea requerida.
- Servicio Telegráfico.
- Encomiendas.
- Servicios Gratuitos de Cecogramas.