La tensión en Ecuador va en aumento. El país lleva 9 días de protestas convocadas por grupos indígenas y en las últimas horas recrudecieron los violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales en la capital del país, Quito. Desde el fin de semana hay estado de excepción en algunas provincias y toque de queda de 22 a 5 de la mañana.
En este contexto, el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, advirtió que “la democracia en Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”. Su declaración buscó poner en observación la actitud de las organizaciones indígenas.
Los manifestantes lograron ingresar a Quito a pesar del estado de excepción que desde el fin de semana decretó el presidente Guillermo Lasso. Los grupos indígenas, acompañados por organizaciones sociales, mantienen un reclamo sobre 10 puntos relacionados a la economía, entre los que se destaca el pedido para reducir el precio de los combustibles.
Violencia en aumento
Las marchas empezaron el lunes 13 y los cortes en las principales rutas de acceso a las ciudades llevaron a una inmediata respuesta de las fuerzas policiales, que se vienen enfrentando con los manifestantes a diario. Los principales choques se dieron en la ruta Panamericana Sur, que une Cotopaxi y Pichincha, donde está Quito.
Según cifras oficiales, al momento una persona murió por los incidentes y hay un centenar de heridos. El Gobierno afirmó que las pérdidas por las roturas e incidentes asciende hasta los 100.000 dólares.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que desde el inicio del paro general se registraron al menos 39 “vulneraciones de DDHH” que derivaron en 79 detenciones.
Para paliar esta situación en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso decidió ampliar el estado de excepción a 6 provincias -en un principio lo había aplicado sobre 4-. Lo hizo mientras la Asamblea Nacional debatía sobre la propia decisión que el mandatario había tomado el fin de semana.
Los principales reclamos indígenas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) fue quien convocó al paro general “por tiempo indefinido” para pedir por 10 reclamos relacionados a cuestiones económicas y sociales, que fueron entregados al Gobierno ecuatoriano al comienzo de la protesta.
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles.
- Alivio económico para más de 4 millones de familias con moratorias y el no embargo de bienes.
- Precios “justos” en los productos de campo como leche, arroz, cebollas, entre otros.
- Políticas de inversión para “frenar la precarización laboral”.
- Protección a los territorios, fuentes de agua y “ecosistemas frágiles”.
- “Respeto” a la justicia indígena y la autodeterminación de pueblos indígenas.
- Fin a la “privatización” de sectores estratégicos de la economía ecuatoriana.
- Políticas de control de precios en productos de primera necesidad.
- Mayor presupuesto para las áreas de salud y educación.
- Más políticas para “frenar la ola de violencia, sicariato y delincuencia”.
Preocupación del gobierno de Ecuador
La administración de Guillermo Lasso mira cada vez con más preocupación el movimiento de estos grupos indígenas y sociales. Por lo bajo denuncian que entre ellos hay organizaciones que buscan generar disturbios y desestabilizar al gobierno.
Para hacerle frente a estos reclamos el presidente anunció la condonación de préstamos de hasta 3 mil dólares y el aumento de un bono social para los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran los manifestantes.
“Los protestantes no toman en serio esta decisión si al mismo tiempo el Presidente anuncia un aumento del estado de excepción y más militares en la calle”, explicó el activista de derechos humanos Carlos Mazabanda, con mucho conocimiento en los movimientos indígenas.