Lucrecia tiene síndrome de Down y a sus 40 años trabaja part-time en un centro comunitario. A principios de agosto recibió en su casa una carta documento. El remitente: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular es el ex abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo. La carta contenía una advertencia: si no se presentaba en tiempo y forma con “documentación que acredite sus ingresos mensuales”, corría el riesgo de perder su pensión por “invalidez”. Al día siguiente llegó junto a sus padres, ambos jubilados, a la ventanilla del Estado indicada. Para su sorpresa, la fila era enorme: había personas en sillas de ruedas, personas mudas, sordas, con o sin sus acompañantes. Esperó más de una hora. Cuando la atendieron, recibieron sus papeles y le hicieron unas pocas preguntas. Pero nadie pudo garantizarle que seguiría contando con el beneficio: se tomarían, le dijeron, 60 días más para evaluar su situación.
Esa misma carta documento portadora de malas noticias le llegó a otras miles de personas con discapacidad en los últimos meses. La recibieron incluso aquellos que tienen domicilio declarado en hospitales de salud mental, como el Borda. El remitente y el contenido es el mismo: la ANDIS los cita todos personalmente para que revaliden, con papeles, su condición de “invalidez laboral”, bajo apercibimiento de dejar de recibir la pensión. A la sede del organismo de la calle Hipólito Yrigoyen, en Congreso, acuden un promedio de unos 200 beneficiarios por día. La angustia es entendible: el Gobierno ya anunció que empezará a cumplir con la amenaza de ajuste a partir del año que viene. En el presupuesto 2025, tal como anticipó Página/12, se prevé el recorte de al menos 200 mil pensiones. “Estamos a la espera y tenemos miedo. Ella necesita la plata para tener una vida independiente”, relataron los familiares de Lucrecia.
Ante la consulta de este medio, desde el organismo sostuvieron que las citaciones tienen como objetivo realizar una “auditoría” sobre los beneficiarios, en sintonía con la manía libertaria de fiscalizar las políticas sociales. También argumentaron que, para hacerlo, los ampara la normativa vigente –un decreto del menemismo (el 432/97) que había sido modificado por las gestiones kirchneristas y que fue restituido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero las organizaciones del colectivo denuncian que, además de violento, el mecanismo elegido para “auditar” las pensiones es inconstitucional. “La pensión es un derecho adquirido de por vida, que está garantizado por la Convención de la OIT al que el país adhiere con rango constitucional. Nadie puede perderla por no presentarse en tal o cual lugar con los papeles que pide fulano o mengano, como dicen las autoridades actuales. Eso sería arbitrario y judicializable”, aclaró a este medio Ana Dones, referente de la Red de Personas con Discapacidad (REDI).
Los números del ajuste
Según Spagnuolo, el Gobierno heredó un sistema “descontrolado” de otorgamiento de pensiones que, dijo, están muy por encima de la cantidad que el Estado debería otorgar. Sin embargo, se estima que al día de hoy sólo la cobra el 20 por ciento del total de la población con alguna discapacidad (poco más 1,2 millones de personas) de acuerdo a un informe reciente de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “La cifra parece, al menos, poner en duda el argumento según el cual el número de pensiones es desproporcionado en relación con el número total de personas con discapacidad”, sostiene ACIJ.
Más allá del número de beneficiarios, el monto de la ayuda es muy bajo: equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima, unos 164 mil pesos (llega hasta los 234 mil con el bono de 70 mil que otorga la ANSES, el mismo que reciben los jubilados). El director de ANDIS reconoció que el recorte sería en principio de unas 200 mil pensiones (número que figura en el presupuesto del año que viene), pero a la vez sostuvo que la “auditoría” que está realizando en busca de supuestas irregularidades estaría lista recién “en mayo de 2025”. ¿Cómo pudo Spagnuolo saber de antemano cuántas pensiones recortaría, sin la “auditoría” terminada?
La respuesta está en el plan “deep motosierra” que anunció Sturzenegger para el año próximo. De acuerdo a un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) que publicó este diario, el Gobierno planea un recorte para el año próximo de 1.600 millones de dólares (al tipo de cambio oficial vigente) en materia de discapacidad para el 2025. Una retracción del 40 por ciento en comparación con este año. El procedimiento parece ser a la inversa: el Ministerio de Economía primero decreta los fondos a ajustar y en función de ese número, luego, se calculan las pensiones que deben darse de baja.
De acuerdo a los objetivos planteados en el presupuesto 2025, el número de pensiones bajaría de las 1.226.819 que el Estado otorga en la actualidad a unas 1.034.447 el año próximo. Es decir, una primera poda dejaría fuera del beneficio a unas 192.372 personas. Spagnuolo fue más allá y aventuró recientemente que la poda podría llegar a unas 600 mil, “que son las que estamos revisando”, dijo.
Una reforma regresiva
El origen institucional del ajuste está en la reforma de los requisitos para acceder al beneficio. A través del DNU 843/2024, que lleva las firmas de Milei y Luis “Toto” Caputo, volvió incompatible el cobro de la pensión con el hecho de tener un trabajo registrado o un auto a nombre del titular. Esos requisitos habían sido flexibilizados a fines de 2023 por pedido de las organizaciones del colectivo. Con ese decreto, el Gobierno se garantizó dejar de otorgar nuevas pensiones a futuro, pero también los recortes que planea hacer retroactivamente, sobre las que ya se otorgaron.
Para las organizaciones, el decreto es regresivo. “Vuelve a instaurar una visión vieja, vetusta, del modelo de política pública para la discapacidad, que sólo hace hincapié en la discapacidad física que imposibilita trabajar, cuando desde la ONU hasta la OIT hablan desde años de un modelo integral, que hace hincapié en la calidad de vida y la autonomía de las personas”, sostuvo Sabrina Herreros, directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).
“Las personas con síndrome de Down no son inválidas, pero igualmente necesitan la pensión. No es necesario aclarar que no consiguen los mismos trabajos que el resto. El decreto de Milei refuerza estereotipos del pasado y se convierte en una barrera”, agregó Herreros. Según los registros de ASDRA, el 85% de las personas con síndrome de Down no tienen trabajo.
En paralelo al ajuste en pensiones, también se sumaron problemas a la hora de conseguir pasajes gratuitos que estaban garantizados por ley y hasta corre riesgo el programa de Acceso a la justicia para personas con discapacidad (Adaju), que en medio del proceso de despidos de trabajadores estatales quedó al borde de dejar de funcionar, lo que dejaría sin asistencia judicial a unas tres mil personas con discapacidad que solicitan por año ese servicio.
En ese marco regresivo, a ASDRA también le preocupa la utilización de determinadas palabras en boca del Presidente. “Desde ASDRA expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes declaraciones de Javier Milei, quien utilizó términos despectivos como “minusválidos” y “problema mental” para atacar a un grupo político, afectando a toda la comunidad de personas con discapacidad”, dijeron en un comunicado reciente. En más de una oportunidad, desde ASDRA quisieron citarse en ANDIS con el abogado de Milei: nunca obtuvieron respuesta.
La batalla judicial
El ajuste en las pensiones por discapacidad está judicializado desde hace varios años. Organizaciones como REDI presentaron en 2017 un amparo contra la poda que intentó en su momento Mauricio Macri. La causa avanzó y la justicia, en dos instancias, obligó al Estado a restituir buena parte de las 170 mil pensiones que Macri había mandado a cortar de un plumazo. El expediente fue apelado por el gobierno de Cambiemos y desde entonces está cajoneado en los despachos de la Corte Suprema.
El ajuste de Milei podría correr la misma suerte, pero los funcionarios libertarios aprendieron la lección y tomaron la iniciativa: denunciaron ellos mismos a la gestión anterior por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el manejo de las pensiones. El fiscal que impulsa la instrucción es Guillermo Marijuán. Esa causa aparece, aunque cueste creerlo, citada en la carta documento que recibieron las propias personas con discapacidad que fueron convocadas a revalidar sus datos ante la ANDIS, con tono amenazante.
Un dato de color: entre las pruebas que figuran en la denuncia, a la que accedió Página/12, figura la “radiografía de la columna de un perro”, que supuestamente, según el Gobierno, se había utilizado para certificar una discapacidad y otorgar pensiones truchas en Corrientes. El caso fue inmediatamente desmentido por los médicos del propio organismo: si bien esa radiografía se presentó, la pensión fue precisamente rechazada, porque se había detectado que era trucha, lo que en lugar de reforzar la denuncia, la hace quedar en ridículo.