Sumergido en una crisis de gestión cada vez más profunda a seis meses de haber arribado a la Casa Rosada, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei juega hoy todas sus fichas a la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado con una votación aun incierta. Los negociadores más optimistas del oficialismo confiaban en conseguir una ajustada aprobación en general aunque admiten que peligran varios de los artículos de ambos proyectos. De la postura que asuma un puñado de senadores –que no adelantaron su voto y suman cuestionamientos— dependerá la suerte que corra la propia aprobación en general y parte de su articulado, que va desde las facultades delegadas que le otorgan mayores poderes al Ejecutivo hasta el cuestionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pasando por las privatizaciones de Aerolíneas y el Correo Argentino y la reversión del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, los puntos más resistidos –entre otros— en la Cámara alta.
La sesión especial está convocada para hoy a las 10 de la mañana. La reunión de Labor Parlamentaria que la vicepresidenta y titular Senado, Victoria Villarruel, realizó este lunes para fijar las reglas del debate no tuvo el saldo de máxima al que el oficialismo aspiraba. Unión por la Patria, con el respaldo de las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina –cercanas al gobernador Ignacio Torres (PRO)–, logró que la ley Bases y su paquete Fiscal se debatan por separado y no en conjunto como sucedió en Diputados, con lo que la extensión de la sesión en el tratamiento del primer proyecto (Bases) podría incluso derivar en un cuarto intermedio si la mayoría de los senadores lo aprobara en el recinto. Los libertarios y sus aliados le pusieron límites a la cantidad de oradores por bloque y que la votación se realice por capítulos, para intentar evitar que la discusión artículo por artículo le empantanara el tratamiento y le abra la puerta a posibles traspiés.
Sin embargo nada es certero aun. Si el Gobierno consiguiera la aprobación de ambos proyectos con los cambios introducidos en el Senado, ambos proyectos regresarían a la Cámara baja para que esta los acepte o los rechace. Pero las negociaciones que la Casa Rosada emprendió en paralelo con los diputados dialoguistas, para que insistan en la media sanción y desechar las modificaciones, encendió la alarma entre los senadores aliados que trabajaron en los cambios para aprobar los proyectos.
Eso desató a último momento de ayer la rebelión de los senadores santacruceños (ver aparte), que complicaron aun más al Gobierno. Ellos conforman el puñado de senadores que definirá el fiel de la balanza en la votación y la suerte de los proyectos de Milei.
Los artículos más resistidos
Dentro de la multiplicidad de artículos que incluyen los proyectos del Gobierno, hay un grupo que es fuertemente resistido entre los senadores y de manera transversal en casi todas las bancadas.
La lista arranca con las facultades delegadas que el Congreso le dará al Ejecutivo a partir de declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Una serie de poderes especiales, que muchos senadores reniegan de concederle a un Presidente que dijo amar su condición de topo para “destruir el Estado desde adentro”.
A los 34 senadores que adelantaron el rechazo a las facultades delegadas, se sumaría el radical fueguino Pablo Blanco quien también se pronunció por su rechazo cuando firmó en disidencia el dictamen del oficialismo. Si la dupla santacruceña vota en contra, el artículo se cae. Lo mismo sucedería si se suma algún otro voto radical.
El Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) suma objeciones de diferentes bancadas, frente al saqueo de los recursos naturales y los beneficios tributarios que recibirán los inversores por 30 años sin tener obligación de aportar dólares a las arcas del Estado. En el oficialismo confiaban que los cambios que aumentaron las regalías en la industria minera e hidrocarburífera a las provincias, vencería la resistencia. Pero la postura de los santacruceños lo desmiente, así como la desconfianza de los dialoguistas sobre la garantía de respetar esas modificaciones.
El blanqueo de capitales, sin necesidad de respaldar la trazabilidad del dinero y que abre las puertas al narcotráfico, también suma cuestionamientos.
La resistencia que generan las privatizaciones de Aerolíneas y Correo Argentino, obligó al Gobierno a sacarlos de la lista de las empresas del Estado que la Casa Rosada quiere poner a la venta (Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, Intercargo SAU; y a privatización/concesión a Agua y Saneamientos Argentinos SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA). Pero todavía no mostró la corrección, porque temen que una redacción dificultosa complique al oficialismo el volver a incorporarlas cuando Diputados insista en su media sanción.
Dentro del paquete Fiscal, la reimplantación de Ganancias tampoco tiene los votos garantizados. Para intentarlo, el Gobierno aumentó un 22 por ciento las alícuotas para las provincias patagónicas, las que más resistencia ofrecían porque perjudicaba especialmente a los trabajadores petroleros aunque tampoco los conformó. La propuesta generó molestar en el resto de las provincias, pero fundamentalmente porque los ingresos coparticipables que volverían a percibir por Ganancias lo perderían con la rebaja de Bienes Personales que el mismo paquete otorga a las personas más ricas del país.
Distinto es lo que sucede con la reforma laboral, que a pesar del rechazo que genera en la oposición más dura, cuenta con apoyo de la UCR, cuyos diputados la introdujeron al proyecto del Gobierno.