El Supremo Tribunal Federal (corte suprema) de Brasil condenó este jueves a 17 años de cárcel al primero de los 1390 imputados por el asalto a las sedes de los tres poderes ocurrido el 8 de enero pasado, una semana después de la asunción del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El condenado
Aécio Lúcio Costa Pereira fue declarado culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público. También deberá pagar una multa individual y una indemnización por “daños morales y materiales colectivos” de 30 millones de reales –alrededor de 6 millones de dólares– junto con los demás sentenciados en la causa. La defensa del detenido había pedido que sólo fuera juzgado por destrucción del patrimonio público y no por golpe de Estado, en virtud de que no hubo intención de tomar el poder ya que, según él, no había una cadena de comando.
Pereira, de 51 años, es un antiguo trabajador de la Sabesp, una empresa de gestión de aguas y residuos propiedad del estado de Sao Paulo. Fue sorprendido durante la asonada en el Congreso vistiendo una camiseta con el lema “intervención militar ya”. Él mismo publicó una serie de vídeos en sus redes sociales en los que se le ve en las mesas del Senado animando al resto de la turba a seguir por el “buen camino”.
Además de Pereira, en esta primera sesión también se analizan los casos de Thiago de Assis Mathar, Matheus Lázaro e Moacir José dos Santos, todos ellos acusados por las mismas causas que el reciente declarado culpable. La Fiscalía solicitó hasta 30 años de prisión para ellos, así como para otros 40 acusados, cuyos casos todavía no están listos para ser juzgados. En total, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 1.390 denuncias contra personas acusadas de participar en el intento golpista.
El mes pasado la Fiscalía fue autorizada a llegar a acuerdos de colaboración con cerca de mil investigados por aquellos hechos, la mayor parte casos relacionados con quienes acamparon en las inmediaciones del cuartel general del Ejército en Brasilia, pero sin irrumpir en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran las sedes asaltadas del Senado, el Congreso y la Presidencia.
“No ingresó para dar un paseo”
Si bien la culpabilidad de Pereira fue reconocida en forma unánime, hubo diferencias entre los once miembros del Supremo en relación a la pena que debía aplicarse y a los delitos imputados. La propuesta que se impuso finalmente fue la del juez relator, Alexandre de Moraes, quien sugirió 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista con odio irracional”, con el “claro objetivo de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Lula da Silva.
El juez Cristiano Zanin respaldó la propuesta de De Moraes, al tiempo que recordó que las imágenes que el propio Pereira grabó en el interior de la sede del Senado “no dejan la menor duda” de su participación en estos hechos. “El acusado no ingresó en el Congreso para dar un paseo”, indicó. El objetivo de ese día era, mediante el empleo de la violencia, “sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales, atentatorios contra el estado de derecho”, consideró Zanin.
Además de invadir los edificios históricos diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer, los manifestantes rompieron vidrios, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos, como un reloj traído a Brasil por la corte portuguesa en 1808. La presidenta del Supremo, Rosa Weber, añadió durante el juicio que el 8 de enero fue “un domingo de infamia”, cuando “la democracia fue atacada por una turba irracional que, con un total desprecio por la cosa pública, invadió con furia el corazón de la República”.
Discusión entre los jueces
La acusación de “golpe de Estado” presentada por la Fiscalía motivó un fuerte debate que tuvo de un lado a los magistrados André Mendonça y Kassio Nunes Marques, que llegaron al Supremo de la mano del ex presidente Jair Bolsonaro, y del otro al resto de los nueve miembros de la corte. Tanto Mendonça como Nunes Marques desestimaron esa acusación, con los argumentos de que el golpe no fue consumado y que los vándalos del 8 de enero “no tenían fuerza” para destituir a Lula.
Mendonça fue más allá y defendió algunas tesis bolsonaristas, para afirmar que hubo fallos inexplicables en el área de seguridad por parte del Gobierno que facilitaron la acción de los implicados, y considerar que lo sucedido ese día debía ser juzgado en tribunales de primera instancia y no en la máxima corte. De Moraes calificó de absurdos los planteamientos de Mendonça y Nunes Marques, mientras que el decano del tribunal, Gilmar Mendes, le pidió a los jueces más conservadores que “no ignoren el contexto en que ocurrieron los hechos”, precedidos por protestas a las puertas de los cuarteles que exigían impedir la investidura de Lula el 1 de enero.
“Nunca se vieron esas manifestaciones en democracia”, afirmó Mendes, quien incluso citó como antecedente una reunión del gabinete convocada por Bolsonaro en marzo de 2021, en la que uno de sus ministros pidió encarcelar a todos los miembros del Supremo. Según Mendes, “fue lo mismo que ocurrió en Estados Unidos” el 6 de enero de 2022, cuando activistas de ultraderecha asaltaron el Capitolio en protesta por la victoria electoral de Joe Biden frente a Donald Trump.