El gobierno nacional se puso el objetivo de, esta semana, acelerar los tiempos de la reglamentación de la Ley Bases. Si bien la ley insignia del oficialismo fue aprobada por el Congreso hace más de un mes, todavía no puede ser implementada. En ese sentido, los equipos de Casa Rosada intentan apurarse para tener las herramientas necesarias y, con eso en marcha, seguir destruyendo el Estado “desde adentro”, tal como admitió el propio presidente Javier Milei. Al ser una ley tan abarcativa, desde la Secretaría Legal y Técnica definieron que la reglamentación irá saliendo “por partes”. Según supo este diario, este viernes saldría una primera en la que entrará, por ejemplo, todo lo vinculado a empleo público y a privatizaciones. Los viernes subsiguientes irá saliendo el resto. Para el RIGI, un punto central, dicen que “todavía falta”.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es una prioridad para el oficialismo, pero para su reglamentación habrá que esperar más semanas. El tema está en el centro de la agenda luego de la discusión que el Presidente tuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que derivó en que la inversión de más de 30 mil millones de dólares para construir una planta de gas licuado se haga en Río Negro y no en territorio bonaerense. En Balcarce 50, en tanto, festejan el anuncio de YPF y Petronas y también una inversión en minería que se desarrollará en la provincia de San Juan por USD 2.000 millones. Ambas, dicen, fueron fomentadas por el RIGI. Lo cierto es que los empresarios apuran: “Sin RIGI no hay obras”, remarcan y por eso los equipos técnicos del oficialismo están tratando de acelerar los trámites.
Lo que sí está casi listo son otros artículos de la ley. En la primera parte de la reglamentación que saldría el viernes, estarán las modificaciones a la Ley de empleo público y el capítulo de privatizaciones. “La reforma administrativa es en lo primero en lo que vamos a avanzar”, dicen en Rosada. Eso también podrán hacerlo –además de por la modificación de la Ley de Empleo Público–, por las facultades delegadas que el Congreso le votó al Presidente. Con toda esa batería de “herramientas” buscarán hacer “una reestructuración del Estado”, y allí entrará a jugar el ministerio que le diseñaron a medida a Federico Sturzenegger.
Este miércoles el ministro salió a explicar qué hará y qué abarca su cartera, porque aún nadie lo termina de entender. Detalló que el Ministerio de Desregulación tendrá dos áreas. “Una es colaborar en el proceso de transformación del Estado y la otra es desregular para otorgarle libertad de actuar a la gente“, argumentó. Es decir, de manera intrincada, Sturzenegger admite que su idea es destruir el Estado, dejando en la calle a cientos de trabajadores y borrando su presencia en áreas clave. En segundo lugar, admite, eliminará límites que el Estado ponía, por ejemplo, al sector privado.
“El mandato recibido del Presidente Javier Milei es ordenar el gasto público; la gente en un momento se cansó y se dio cuenta de que todo gasto se paga. Es decir, cada peso que el Gobierno gasta, alguien lo está aportando, no es gratis. La plata no sale de un repollo ni se inventa en el aire”, dijo en declaraciones radiales para justificar el abandono que el Estado hará en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, sobre todo, en la vida de los sectores más vulnerables.
Luego, el flamante ministro añadió: “Vamos a concentrarnos en las medidas que le sirven a la gente, como eliminar todo el gasto superfluo y a los ñoquis. Ese es un proceso que ya viene ejecutando y que se va a acelerar con la implementación de la Ley Bases, que va a permitir avanzar en el ordenamiento del sector público”. En criollo, Sturzenegger habla de la eliminación de cientos de puestos de trabajo. Avanzará, por ejemplo, con el cierre de organismos como el Inadi, el de Asuntos Indígenas y otros vinculados a la juventud.
Sobre la segunda “dimensión” de su ministerio, él dice que será “para otorgarle a la gente libertad para actuar”. “Eso significa eliminar todas las trabas y trámites burocráticos que complican y aumentan los costos. La intención es simplificarle la vida a la gente”, expresa, aunque, en realidad, se la complicará porque el Estado dejará de estar presente en áreas sensibles y los ciudadanos quedarán, en su gran mayoría, librados a su suerte, o a lo que le convenga al mercado.
El segundo paso, señalan desde el oficialismo, será encargarse de las privatizaciones. Es decir, vender todo el patrimonio del Estado. La venta de empresas que fueron aprobadas por el Congreso, y de otras que no como el Correo, irá de la mano de la venta de edificios y terrenos públicos en los que está avanzando el AABE gracias al decreto 636/2024.
Por si todo eso fuera poco, LLA también avanzó este miércoles en la reglamentación del capítulo laboral, que recortará derechos y castigará a quienes pretendan protestar desde sus sindicatos. Sin la presencia de la CGT, el secretario de Trabajo Julio Cordero, Sturzenegger y Sandra Pettovello se juntaron para avanzar sólo con el sector empresario. La CGT no fue porque había pedido a Cordero modificaciones en la reglamentación de la Ley que no fueron escuchadas. Exigieron, por ejemplo, que se vuelva a discutir la parte referida a las modalidades de contratación y también el encuadre de sanciones a las protestas gremiales. Por último, piden una suba del mínimo no imponible de ganancias. En Casa Rosada dicen que en la reglamentación de ese articulado “no modificará su espíritu original”.