El Gobierno pisó el acelerador en las últimas semanas con el plan privatizador. Las principales empresas públicas a las que Javier Milei ya les puso el cartel de venta comenzaron a sufrir con mayor fuerza el embate de la motosierra. A través de despidos por goteo y retiros voluntarios y el recorte de fondos y funciones, en Casa Rosada buscan asegurarse la “reducción de gastos operativos” de firmas como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes Argentinos y el Correo, entre otras. En algunos casos, como los medios públicos, donde el interés pasa por mandar a remate terrenos codiciados por el mercado inmobiliario, el proceso incluye el desguace de funciones o lisa y llanamente, el abandono. En la mira están los contratos de unos 108 mil trabajadores que según datos oficiales se desempeñan en las distintas empresas públicas y que representan el principal obstáculo para el objetivo libertario de facilitar el ingreso de capitales privados.
Mientras espera que progresen las negociaciones para destrabar en el Congreso la ley bases –cuyo capítulo dos incluye nueve empresas a privatizar y/o concesionar– el Gobierno comenzó a preparar el terreno para ofrecerlas al mercado. Tal es el caso del Correo, cuya venta o concesión por ahora es objetada por los gobernadores patagónicos y donde entre abril y mayo ya se decretaron unas 520 cesantías y más de 1700 retiros voluntarios. La misma suerte corre Aerolíneas, cuyo remate también está siendo negociado en el Senado, lo que no privó al Ejecutivo de avanzar en un plan de “reestructuración” con poda de trabajadores y desfinanciamiento general incluidos, a lo que se le suma la política de “cielos abiertos” y el recorte progresivo de rutas.
Al frente de la tarea está el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, bajo el ala del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ambos pusieron en marcha el proceso transversal de ajuste de personal, con la idea –dicen en Casa Rosada– de reducir drásticamente el “déficit operativo” de las empresas. Para cumplir el objetivo, les espera una ardua negociación con los gremios. La masa de trabajadores a reducir alcanza los 108 mil, según datos del INDEC a marzo de este año, un 32,8 por ciento del total del empleo público nacional. A diciembre del año pasado eran poco más 110 mil, por lo que la primera tanda de despidos de este año ya dejó un tendal en la calle.
Ese panorama ya despertó las alarmas en los gremios del sector, que avizoran un proceso similar al de la década del 90, de desmantelar las empresas para luego venderlas. Desde ATE advierten que, además, el Gobierno intentará concretar una nueva ola de estatales para fines de junio. Ya hubo un aviso de que ese proceso se puede adelantar, como sucedió este lunes en el INADI (ver aparte).
Aysa, Correo y RN: un destino común
En el Correo Argentino se decretaron en abril unas 520 cesantías, más otras 100 de trabajadores que estaban subcontratados. Este mes, además, se completaron más de 1700 retiros voluntarios. La poda viene siendo brutal, lo que deja a la empresa casi al borde de dejar de funcionar. El interés no pasa tanto por la firma en sí (el recuerdo de la concesión al grupo Macri en 1998 espanta) sino que es más bien inmobiliario. “Buscan reducirlo al mínimo, cerrar sucursales en todo el país y vender las propiedades”, denunció en diálogo con Página/12 Natalia Gonzalez, secretaria general AATRAC.
El mismo interés –inmobiliario– se esconde detrás de la desarticulación de los medios públicos. En punta picó este martes Radio Nacional. Desde la madrugada dejaron de estar online todos los contenidos digitales, por orden de la dirección de RTA. La web y las redes de RN funcionaban como una manera alternativa de transmisión, aunque también como archivo de las producciones y como una red que sostenía e integraba a las distintas emisoras. Algo similar a lo que sucedió a principios de año con Télam.
“La tormenta de Bahía blanca se llevó puesta la antena y no la repusieron. Tuvimos un robo en RN Gualeguaychú y desde entonces, la emisora ya no está en el aire. La idea es desmantelar, salir del aire, para vender más fácil. El interés está puesto en los terrenos, algunos muy codiciados por el mercado inmobiliario”, relató a este diario Amanda Alma, de RTA.
En el caso de AYSA, el desguace empezó literalmente por el remate de la planta de camionetas de la empresa, vía la AABE; y siguió con la baja de contratos de vigilancia y telefonía celular. Todo vale en el plan motosierra. Habrá una próxima poda que podría darse en el área de limpieza: despidos de personal tercerizado. También habrá, como en el resto, retiros voluntarios, con el argumento del “déficit”.
Aerolíneas y el DNU 70
Desde que asumió Milei, Aerolíneas afrontó un proceso que excede ampliamente el desguace. El objetivo, más bien, se parece más a dejar a la empresa herida de muerte. Con las modificaciones en el código aeronáutico y a la ley de reestatización, sumadas a la derogación de la ley de política aérea, el DNU 70 le quitó el rol de aerolínea de bandera, le quitó financiamiento, abrió los suelos y entregó, sin más, la soberanía aérea. También fueron dadas de baja algunas de las rutas internacionales.
En ese marco, no está tan claro qué capitales puedan encontrar atractivo el hipotético negocio. “La privaticen o no, ya la destruyeron”, dijo a Página/12 Pablo Biró, secretario general de APLA, para quien “el mayor daño está en el DNU”. “El atractivo son las rutas, y ese trabajo ya está hecho”, agregó.
Mientras tanto, el Gobierno ya adelantó sus planes para la empresa. “En 2024 vamos a reducir a la mitad el déficit operativo” dijo su titular, Fabián Lombardo, y anunció que avanzará con el recorte de 18 rutas de cabotaje.
Trenes argentinos: ¿y la emergencia?
Hace más de una semana, el Gobierno anunciaba la puesta en marcha de la “emergencia ferroviaria”, una serie de medidas en respuesta al ajuste brutal en el mantenimiento de los trenes que el choce de la formación de la línea San Martín, en Palermo, puso en evidencia. Pero para el decreto todavía hay que seguir esperando: al momento del anuncio, el decreto en cuestión era todavía un borrador, y en Casa Rosada seguían discutiendo la letra chica. Básicamente, seguía abierta una disputa de fondos entre los funcionarios del sector y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias había llegado al 60 por ciento en términos reales en los primeros cuatro meses de la administración de Javier Milei. El ruego de funcionarios como el presidente de Trenes Argentinos, Luis Adrián Luque, como del secretario de Transporte, Franco Mogetta, sobre la necesidad imperiosa de revertir el proceso de ajuste, recién comenzó a ser escuchado post-accidente, cuando quedó claro que corría riesgo la integridad de los pasajeros. La “emergencia” ayudaría a acelerar ese proceso, pero todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.
Mientras tanto, avanza el plan de despidos: en abril se filtró un memo interno de Sofse en el que se informa sobre el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos.
En ese marco, algunas empresas, como DOTA, ya clavaron los colmillos sobre algunas de las líneas que no están concesionadas, como el Roca. Pero no sería el único. “Dos fondos de inversión muy grandes preguntaron abiertamente para desarrollar el sector ferroviario”, dijo en una entrevista reciente el propio Javier Milei.