–¿Pueden anotarme?
El que hace la pregunta, en el comedor Fuerte 1, es un pibe de 16 años que lleva a upa a un nene.
La cocinera lo atiende a través de la reja, detrás de la que esperan, haciendo cola desde temprano, los que vienen a buscar su vianda. En un rato, ella va a decirle a Página/12 que esta semana no para de llegar gente a pedir alimentos. Piden porque les falta o porque se ven venir que les va a faltar. Por eso habló con la responsable del comedor (que pertenece a Somos Barrios de Pie), que a su vez llamó a la coordinadora del distrito para que le manden más mercadería.
“¿Qué hacer con tantos que se acercan?” Esa es la pregunta en estos días post devaluación, de aumento de la carne y final de los acuerdos de precios. En los movimientos dicen que la decisión es recibir a todos. “Abrazarlos”, define la cocinera, apelando a un término militante. Abrirles la puerta, sumar. Y después se verá.
En el país hay 41.253 mil comedores y merenderos inscriptos en el Renacom, el registro creado por el (ex) Ministerio de Desarrollo Social. Esos son los que tienen relación con el Estado; la cantidad realmente existente es mayor.
Los comedores son organismos vivos: su tamaño se agranda o se achica según la situación económica. Se arman con lo que se consigue, ya sea mercadería o transferencias de dinero del gobierno nacional, o de la provincia, o de los municipios. Hay comedores en los que los vecinos, con una carta de respaldo de su movimiento, salen a pedir donaciones a las empresas.
Durante la gestión del Frente de Todos, sufrieron dificultades y atrasos para abastecerse de la mercadería comprometida por el gobierno nacional. Fue el efecto de una vieja pulseada —un problema crónico pero que en los últimos años se agravó-– con los proveedores privados que, por las demoras que tiene el Estado para pagar, presupuestan precios altos o dejan desiertas las licitaciones.
Esto aceleró un proceso: en los últimos años la política alimentaria se fue volcando hacia la vía individual y de transferencias monetarias de la Tarjeta Alimentar, que hoy es el principal canal para garantizar la llegada de alimentos a las familias de menores ingresos.
Para dar una idea de en qué medida opera este sesgo: en 2023 (los datos corresponden a principios de diciembre), el 72 por ciento de los fondos de políticas alimentarias de Desarrollo Social de la Nación se destinaron a la Tarjeta Alimentar: 612 mil millones de pesos, sobre un presupuesto de 842 mil millones, fueron transferencias a personas individuales.
Quienes reciben la Tarjeta Alimentar son madres o padres que cobran la Asignación Universal por Hijo y tienen chicos de hasta 14 años. El monto de la AUH + Tarjeta Alimentar viene corriendo detrás de la inflación. Alcanza para comprar una canasta básica de alimentos, es decir para no caer en la indigencia, aunque con cada disparada de los precios el combo AUH + Tarjeta Alimentar se queda corto. Su actualización no es automática, sino que depende una decisión de gobierno.
Es lógico que para el Estado sea mucho más fácil transferir dinero a cuentas individuales, con un padrón de beneficiarios además fácilmente auditable, que desarrollar la segunda gran vía tradicional de distribución de alimentos, que es la compra de mercadería para distribuirlos a los comedores. De hecho, la medida que tomó el mileísmo para dar al ajustazo con el que debutó una pincelada de compasión humana fue un aumento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar. Su eficacia dependerá de cuánto suban los precios. Mientras tanto, mal abastecidos y sobredemandados, los comedores buscan en esta horas la forma de sacar músculo para contener a los que se acercan.
El ajuste
Fuerte 1 funciona en el quinto piso de un edificio del barrio Ejército de los Andes. Es decir, en el interior de la casa de Cristina. Lo sostienen ella, su marido y otras dos compañeras de la organización Somos Barrios de Pie, Johanna y Natalia. Son trabajadores del Potenciar Trabajo. (Anotemos su perfil: Johanna, por ejemplo, tiene una hija y paga un alquiler. Se gana la vida limpiando casas por hora y concurre al comedor como un trabajo más, tres veces a la semana. Cobra un Potenciar y se lleva la vianda del día. Hasta ahora, desde que se sumó a la organización, nunca necesitó salir a manifestar en reclamo de comida. Tampoco Cristina, la dueña de casa. Todos los de este comedor eran muy jóvenes en la última gran crisis, la de 2001).
En la cocina, hoy parte del equipo fríe rosquitas para la merienda, mientras los demás, en la mesa preparan bolsas con las viandas.
Para armar la vianda, combinan los alimentos secos que consigue la organización social con alimentos frescos (carne, huevos) que Cristina compra con una tarjeta de Desarrollo Social, gastos que luego debe rendir con sus correspondientes comprobantes. Tiene un tope mensual que estira como mejor puede.
Con la suba de los precios, esta semana tuvo que reducir las porciones de carne, cuenta. Además cambiaron la merienda: del bizcochuelo que preparaban (que llevaba huevos, leche y una cantidad mayor de azúcar), pasaron a la opción más económica de las rosquitas hechas con harina y levadura.
Es que el comedor sintió el golpe del aumento de los precios. “La carne, que habíamos comprado a 3.500 a principios del mes hoy anda por los 7 mil. Fuimos al mismo mayorista, pero volvimos con la mitad de la compra”, dice Cristina.
Así, su problema es doble: en el momento en que deben aumentar la cantidad de viandas tienen menos insumos. En cuanto a los alimentos secos, la situación está yendo hacia el desabastecimiento porque Nación aún no entregó los envíos prometidos para noviembre y diciembre.
Negociaciones
Los referentes de las organizaciones sociales mantienen negociaciones con el nuevo gobierno por la asistencia alimentaria. En principio, fue el propio Milei el que dio señales de que no recortaría el gasto alimentario. “La única billetera abierta es para la ministra de Capital Humano”, para “dar contención a los caídos”, dijo Milei antes de asumir, no está claro si como promesa o amenaza. Luego lo ratificó en su discurso de asunción. (El nuevo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tampoco se quedó atrás y tras reconocer el impacto “doloroso” que tendrán las medidas económicas tomadas, agregó: “Vamos a estar muy atentos al tema del hambre en la clase media, que no está acostumbrada a pedir ni a necesitar comida”).
Cuenta un referente de que integra la conducción nacional de la UTEP: “Le venimos planteando al gobierno que vea cómo va a resolver lo alimentario en los próximos meses, porque el sistema de entrega de alimentos secos va a funcionar menos. Imaginate que para abastecerse de secos, el gobierno le compra mercadería a un privado y se la paga a tres meses, ¿qué empresa le va a vender aceite al ministerio en diciembre para que lo pague en marzo en un contexto de devaluación y con una inflación proyectada en el 80%…? Es imposible”.
Otro consultado, un dirigente que viene tratando de abrir conversaciones con la nueva gestión desde la transición, aseguró que “la respuesta a nuestros reclamos por los alimentos hasta ahora es prácticamente nula” y señaló: “Tenemos mucha incertidumbre, mucha preocupación de cara a la Navidad porque los comedores están desabastecidos en buena parte”.
La lectura que hacen en los movimientos es que el gobierno de Milei tiene la intención de reforzar la política alimentaria como un primer colchón para contener el impacto de las medidas económicas. “Pero –advierte– vemos también que no tienen idea, o tienen poca idea del impacto social de las medidas económicas. Y además, todavía conocen poco los mecanismos para garantizar, concretamente, la llegada de los alimentos”