A una semana del nombramiento de la cuestionada Martha Mancera como Fiscal General de la Nación encargada, en reemplazo del también criticado Francisco Barbosa, en Colombia se profundiza el desprestigio de la Fiscalía y la desconfianza en la rama judicial del poder.
Ambos funcionarios están señalados, con pruebas de audios divulgadas en la prensa pero archivadas en la institución que hoy dirige en el caso de Mancera, y con documentos de contratos que hoy son públicos en el caso de Barbosa, de tener nexos con sectores del narcotráfico y haber cometido actos de corrupción.
Además, la polémica por el desenlace de las protestas del 8 de febrero pasado frente a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá sigue en aumento en un cruce entre magistrados y el Presidente Gustavo Petro, quien desmiente la información que circuló en medios comerciales acerca de que los magistrados fueron secuestrados y habrían salido del edificio en helicóptero.
No hubo helicóptero
“Todos salieron a pie; yo salí de la Casa de Nariño a pie junto a la Policía y no había helicóptero; todo era una fantasía de los medios”, señaló el primera mandatario en una alocución divulgada a inicios de semana, despertando el malestar entre altos funcionarios judiciales, quienes aseguraron que si bien no tuvieron que salir por ahí, sí estuvieron sitiados durante horas sin poder alimentarse debido a las protestas.
Para algunos analistas y ciudadanos, este intercambio pretende desviar la atención de la preocupación importante: que pese a tener las hojas de vida de tres fiscales mujeres de altísimo nivel y experiencia, la Corte Suprema de Justicia dilata su elección argumentando que se va a dejar presionar por la ciudadanía, negando así el derecho al libre ejercicio de la protesta y la libertad de expresión.
Paralelo a ello se ha tergiversado, además, en la última semana, el hecho de que el Jefe de Estado solicite a la Corte realizar la elección en los tiempos legales y corrientes, llevándose a una interpretación falseada en medios que aseguran que Petro quiere dar órdenes a la Corte irrespetando la separación de poderes.
Lo anterior ignora que el deber constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la elección de un Fiscal General de la Nación es dar confianza a sus ciudadanos nombrando magistrados que no estén ni cerca de mafias o actividades ilegales. La tarea de la elección, si bien se ha dilatado en gobiernos anteriores, tiene unos plazos de ley que ya se han sobrepasado.
Credibilidad
Congresistas y líderes progresistas colombianos han criticado a lo largo de la semana también que la Corte pretenda ocultar la urgencia de la elección de la nueva Fiscal ante el bajo nivel de credibilidad de la ciudadanía en la Fiscalía y su cabeza actual, la doctora Mancera, debido a los ya probados vínculos de la fiscal con alias “Pacho Malo”, su exinvestigador jefe.
Mancera ha sido acusada de haber protegido a “Pacho Malo” ante las denuncias por vínculos con narcotraficantes y traficantes de armas en la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, según reveló el medio Vorágine, será trasladado a Antioquia en los próximos días
La participación de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en actividades ilícitas no es asunto nuevo en el país, tal como lo ha publicado Página/12 con denuncias como la de Byron Piedrahita, investigador de Medellín que resultó haber sido parte de la lista negra de Clinton en 2018.
Por otra parte, en los últimos días se conoció que Francisco Barbosa habría usado dineros de un millonario contrato de su despacho para hacer reformas en casa particular pudiendo haber incurrido en un hecho de corrupción. Barbosa fue elegido fiscal durante el periodo de gobierno de Iván Duque. Su bajo nivel de eficiencia durante ese período es ampliamente conocido dada la alta impunidad en las investigaciones y el alto porcentaje de archivo de causas judiciales.
El Fiscal, quien además gastó miles de dólares en editar y producir un libro suyo y en poner placas con su nombre en todo el país antes de marcharse del cargo, habría pues remodelado su casa con dineros públicos pero los entes de control no se pronunciaron sobre el caso. Mientras tanto, poco avanzó en sus investigación.
Fiscalía archivadora
En 2022, 749.484 casos fueron archivados por decisión de la Fiscalía, según la Corporación Excelencia en la Justicia, entre otros datos que argumentan quienes protestaron y siguen molestos ante la falta de celeridad de la Corte Suprema de Justicia, que dedicó buena parte de la semana a intentar desmentir al jefe de Estado y deslegitimar la protesta que, según gremios de trabajadores y maestros, estaría planeando salir a las calles de nuevo el 22 de febrero próximo, cuando se vence el plazo informado por la misma Corte para anunciar nueva fiscal.