En vísperas del quinto aniversario del estallido de las protestas multitudinarias que tomaron las calles chilenas en 2019, más de 60 organizaciones de derechos humanos denunciaron que las corrientes de derecha y ultraderecha del país “intentaron imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual”, en un intento de “deslegitimar toda forma de protesta” y “estigmatizar” a quienes participaron de las manifestaciones populares.
En octubre de 2019, Chile atravesó una ola de protestas, la de mayor tamaño desde el fin de la dictadura militar en 1990, que comenzaron con un reclamo contra el alza del precio del boleto del metro en Santiago, y que terminaron derivando en una demanda multitudinaria por un modelo económico más justo y el refuerzo de los derechos sociales.
“Reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad”, remarcaron las organizaciones en un comunicado emitido cerca del aniversario del estallido.
Justicia parcial
Las protestas combinaron marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, atravesados por una represión que fue altamente cuestionada, dejando 34 muertos y miles de heridos, según el reporte oficial.
Por estos hechos, la Justicia chilena comenzó a investigar a los altos mandos de las fuerzas de seguridad de la época, abriendo 10.142 casos por violencia policial. Cinco años después, solo el 0,42% de estas investigaciones concluyeron, según lo recolectado por Amnistía Internacional.
“Esto demuestra que el Ministerio Público ha incumplido con su deber de investigar y el Poder Judicial, de sancionar, instalando y normalizando así la impunidad”, denunciaron las entidades de derechos humanos, varias de ellas nacidas al fuego de estas protestas.
En su nota, los activistas criticaron al mandatario de la nueva izquierda chilena, Gabriel Boric, el cual sugieren que “desestimó” su compromiso de campaña que buscaba “realizar una reforma profunda de la policía chilena”, en cambio respaldando a su ex director general, Ricardo Yañez, quien hoy en día enfrenta su imputación formal por su supuesta responsabilidad en los abusos policiales cometidos durante las protestas.
“Se ha incumplido la promesa de campaña y a la vez, una obligación internacional, de implementar una política de reparación integral a las víctimas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la materia”, sentenciaron las agrupaciones en el comunicado.
Un cambio de narrativa
Según las últimas encuestas, el apoyo ciudadano al estallido ha caído en picada. El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló un sondeo reciente según el cuál solo el 17% de los chilenos encuestados considera que fue “positivo o muy positivo”, frente a un 50% que lo califica como “muy malo o malo” para la sociedad chilena.
Este cambio en la opinión general respecto a las protestas, para las organizaciones, puede explicarse por la creciente circulación de discursos que buscan criminalizar los hechos, enfocándose sobre el accionar civil en vez de las transgresiones de la policía.
Uno de los casos más memorables del estallido, por lo trágico, fue el de Gustavo Gatica, quien recibió un disparo de perdigones en la cara durante una protesta en Santiago, y posteriormente quedó ciego. El juicio contra Claudio Crespo, el ex teniente coronel del cuerpo policial de Carabineros acusado de haberle disparado, entrará en proceso pronto.
“Tengo esperanza en la Justicia. Creo que las instituciones que se han encargado de estudiar y de investigar mi caso han hecho un trabajo excepcional. Ojalá hubiese sido así con todos los casos. Lamentablemente no fue así”, afirma.
Gatica, de 26 años, participó de las manifestaciones siendo un estudiante de Psicología, y considera que estas fueron un espacio de encuentro y de construcción de comunidad en una sociedad chilena sumamente individualizada.
“Fue la primera vez en mi vida que yo veía que la gente se interesaba (por la política) y quería pensar este país, pensar cómo podían ser las cosas. Se manifestaron contra lo que les parecía injusto y fue hermoso”, aportó.
El joven psicólogo asegura que la valoración negativa de las manifestaciones brota de una “falta de valor” para defender el significado del estallido social por parte de la izquierda, ante el avance de discursos que buscan criminalizar la protesta.
“Hace dos o tres años que hay una disputa por la narrativa del estallido social y lamentablemente se logró instalar que estuvo muy ligado a la delincuencia, a los saqueos. Se habla de estallido delictual, lo que me parece una falta de respeto hacia todos los que salieron a manifestarse”, denuncia Gatica.
El ex estudiante responsabiliza a la derecha por la narrativa “delictual” de las protestas, pero sostiene que la izquierda debe “hacer autocrítica” de su actitud frente a los hechos. Para Gatica, el Gobierno debería posicionarse de forma más radical a favor de las protestas, pero cree que su posición es demasiado mesurada.
“Quienes debieron defender la otra narrativa de lo que fue el estallido social no lo hicieron (…) Creo que la izquierda chilena no ha estado a la altura”, agrega.