El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple su cuarto año de gobierno, con la llamada “guerra contra las pandillas” como buque insignia para buscar la reelección en los comicios de 2024 para un periodo de cinco años más, esto a pesar de los señalamientos de que viola la Constitución.
Régimen de excepción
Bukele tomó las riendas del poder Ejecutivo en junio de 2019. La baja de la tasa de homicidios que había desde 2016 se vio acentuada con su llegada. Bukele lo atribuyó por más de tres años a su plan secreto -ya que no se hizo público- “Control Territorial”, pero esta dinámica se rompió en 2022: a finales de marzo, una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas se cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el 26 de marzo como la jornada más violenta de la historia reciente del país con 62 homicidios en 24 horas.
El día 27 de ese mes entró en vigencia un régimen de excepción aprobado por el Congreso a petición de Bukele y este se colocó como la medida más popular del mandatario y que, a juicio de analistas, es el pilar de su popularidad actualmente. Esta acción dejó más de 69.000 detenciones, que el Gobierno dice son todos pandilleros, y que representan más del 1 % del total de la población. Son 14 ampliaciones las que el Congreso dio al régimen de excepción y las autoridades explicaron que seguirán pidiendo su prórroga hasta supuestamente detener a todos los pandilleros.
Diversas organizaciones locales e internacionales recibieron desde la vigencia del régimen de excepción más de 5.000 denuncias de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. La organización no gubernamental Cristosal dio a conocer recientemente que son al menos 160 personas detenidas en este contexto que fallecieron bajo custodia estatal, de lo que las autoridades no informaron ni se pronunciaron. A su vez, identificó patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes con cuerpos con laceraciones, hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamiento.
Seis meses claves
Un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2021 dio pie a que el mandatario, que llegó al poder con el partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunciara su intención de buscar la reelección en febrero de 2024.
Los jueces constitucionalistas fueron elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras destituir a sus antecesores. Hasta antes de su decisión, un presidente debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la Presidencia. La resolución explica que para correr por un nuevo mandato, el presidente debe pedir licencia “seis meses antes del inicio del periodo presidencial”. Es decir, Bukele únicamente gobernaría los primeros seis meses de su quinto año y debería apartarse del cargo en enero de 2024.
Diversos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la estatal Universidad de El Salvador, indicaron que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la Presidencia no podrá “continuar en sus funciones ni un día más”.
Pobreza y bitcoins
Entre los temas pendientes para el presidente de El Salvador se encuentran la situación económica y la pobreza, dado que estos índices no tuvieron mejoras significativas durante su gestión. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Banco Central de Reserva (BCR), la pobreza se situó en el 26,6 % del total de las familias salvadoreñas en 2022, mientras que en 2021 fue de 24,6 %. Por su parte, la economía del país centroamericano mantuvo su ritmo a tasas similares de otras administraciones y no cumplió las expectativas: el año pasado la economía se expandió en un 2,6 %, por debajo del 2,8 % esperado, según cifras del BCR.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, que circula desde 2001. Sin embargo, su uso no tuvo mayor acogida entre los salvadoreños y las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas no superan el 2 % del total.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), dada a conocer a mediados de enero pasado, subraya el “uso casi nulo” del bitcóin en El Salvador en 2022 y la persistencia de opiniones desfavorables entre la población sobre el criptoactivo.