Tras concluir su investigación del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, la Policía Federal de Brasil (PF) presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro este jueves, por protagonizar una trama golpista que buscó derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las elecciones del 2022.
La denuncia de la PF apunta a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, de acuerdo a lo publicado en su portal. Bolsonaro, que ocupó el cargo máximo en el país entre 2019 y 2022, está entre los señalados junto a dos generales del ejército, antiguos ministros y ex asesores de su gobierno.
Además del líder derechista, en la lista está el general de la reserva del Ejército, Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa bolsonarista, además de compañero de fórmula de su reelección en 2022; el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el presidente del Partido Liberal bolsonarista, Valdemar Costa Neto; el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Agusto Heleno; y el empresario argentino y asesor del expresidente, Fernando Cerimedo; entre otros estrechos colaboradores de Bolsonaro. Cerimedo es, además, un hombre de confianza del Presidente Javier Milei.
Una trama coordinada
La investigación constató la existencia de una “organización criminal que actuó de forma coordinada”, una vez terminadas las elecciones de 2022, para “intentar mantener” a Bolsonaro en el poder, aún habiendo perdido las elecciones.
La policía mencionó que las pruebas fueron obtenidas tras casi dos años de investigación y están “basadas en el cumplimiento del secreto telemático, telefónico, bancario, fiscal, la colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”.
El martes de esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y a un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, su vice Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, quien dirige hoy la causa. Uno de los arrestados fué el general de la reserva, Mario Fernandes, quien también figura en la lista de denunciados publicada este jueves.
El objetivo del ataque, según la pesquisa, era el asesinato del presidente y su vice, para luego crear un “comité de crisis” integrado por militares afines a Bolsonaro. Incluso se barajaba el envenenamiento como modo de asesinato de Lula y Alckmin.
El informe final, que cuenta con más de 800 páginas, ya fue enviado a la Corte Suprema, que supervisará el caso, y detalla la forma en la que los investigados “se estructuraron” en distintos núcleos para orquestar el golpe.
Cada uno de estos grupos, según la PF, tenía tareas particulares como difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar los planes golpistas y hasta contaban con un departamento de inteligencia.
El fiscal general brasileño, Paulo Gonet, será el encargado de analizar el informe policial y decidir sobre la formalización de la denuncia contra los investigados.
El asalto a los tres poderes
La denuncia apunta a la participación de los imputados en el ataque del 8 de enero a los edificios de las instituciones democráticas en Brasilia, el complot para un golpe de Estado, así como el reciente plan de asesinato de Lula y su vice.
En las elecciones presidenciales de octubre de 2022, Lula ganó por un estrecho margen contra su rival de extrema derecha, quien nunca reconoció su derrota. A partir de su negativa a reconocer el resultado, se desataron una serie de incidentes que intentaron impedir la investidura del dirigente del Partido de los Trabajadores.
Hasta el paso de mando el 1 de enero de 2023, en Brasil hubo bloqueos de carreteras, campamentos frente a los cuarteles pidiendo “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos cerca del aeropuerto de la capital.
El proceso tuvo su punto máximo de violencia cuando, una semana después de que Lula asumiera su tercera presidencia, miles de activistas de extrema derecha invadieron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, causando destrozos con el fin de incitar la salida de los militares a la calle.
Durante ese año, Bolsonaro y su entorno fueron objeto de diversos operativos policiales. En unp de ellos fue encontrado el borrador de un decreto presidencial que buscaba dar por nulo el resultado de las elecciones e intervenir el Tribunal Superior Electoral, el órgano encargado de organizar los comicios. El expresidente siempre ha negado estas acusaciones y se ha declarado un perseguido de la Justicia de su país.