Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, fue indagado en la causa judicial en la que su organización, Barrios de Pie y el FOL están imputados por presunta coacción y extorsión a titulares del plan Potenciar y defraudación de fondos para la asistencia social. Ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni negó que su organización presione a la gente para que concurra a las marchas bajo la amenaza de que perderán el plan o el bolsón de alimentos. También rechazó que alguna de las facturas presentadas al ministerio de Capital Humano para rendir gastos haya sido trucha. “Estamos frente a una persecución política”, sostuvo sobre la causa judicial, y denunció que desde el juzgado “fueron filtradas noticias falsas a los medios, funcionales a la política del gobierno de atacar a las organizaciones sociales y sindicales para aplicar su plan económico”.
Mientras se realizaba la indagatoria, en la puerta de los tribunales de Comodoro Py hubo una concentración en su apoyo y el de los otros militantes que, como él, durante la jornada debieron prestar declaración.
La indagatoria a Belliboni se extendió durante casi tres horas. A la salida, el dirigente dijo que presentaron al juez tres biblioratos con documentos sobre el funcionamiento de las cooperativas y comedores del Polo Obrero, para desmentir que haya un delito en el cobro de aportes a sus integrantes.
“Todas nuestras organizaciones cumplen una enorme función social que el estado ha abandonado. ¿Saben cuánto cuesta poner un comedor en funcionamiento? Seis millones de pesos. Los ponen los compañeros que están acá y que aportan conscientemente”.
Por otra parte, el dirigente explicó por qué considera que la causa es política. “Esta persecución se inició el 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohibió las movilizaciones de reclamo y de protesta. Lógicamente iba a haberlas, porque hay una población golpeada por la inflación, que además es una población a la que se le sacó la comida. Después nos enteramos que los alimentos estaban escondidos, que no se le daba la comida a esa población para castigarla por pertenecer a un movimiento; todo esto en medio de un proceso de inflación brutal que llevó a un millón de personas más por mes a la pobreza y a otros tantos a la indigencia”.
“Esta situación se debe invertir: los que deben estar en el banquillo de los acusados son los que escondieron los alimentos, son los que le sacaron los planes sociales a la gente por cruzar la frontera de La Quiaca a Villazón, por hacer tres cuadras. Es una vergüenza lo que hizo el gobierno, tanto este como el anterior”, planteó el dirigente.
Este martes también fue indagada María Isolda Dotti, una militante del Polo a la que en un operativo -el 13 de mayo, cuando la justicia realizó 27 allanamientos a integrantes y activistas de los movimientos sociales- la policía le secuestró en su casa 54 mil dólares. Dotti señaló que se trata de dinero que tenía por la venta de una casa que heredó de su padre; en el momento del allanamiento ella tenía la documentación que lo respaldaba, pese a lo que igualmente le secuestraron ese dinero. La noticia fue filtrada a los medios sin ninguna mención de que esa suma estaba justificada, como si se tratara de un indicio de un hecho de corrupción. Dotti, que es una activista de clase media que para militar a tiempo completo se fue a vivir a Villa Soldati, donde trabaja como portera de una escuela, tuvo una sanción en su trabajo a raíz del allanamiento y en medio de la campaña de estigmatización.
El interés de esta causa judicial reside en que la fiscalía interpreta como pruebas de que se cometieron delitos una serie de prácticas organizativas de los movimientos sociales, como usar un sistema de puntajes interno para distribuir alimentos o acceder a un plan social, cobrar aportes a sus integrantes o tomar asistencia a las actividades de la organización -entre ellas ir a una marcha-. A su vez, el hecho de que dentro de la organización haya personas que reciben más asistencia (por ejemplo, un Plan Potenciar más un Nexo) que otras, fue considerado por la fiscalía un indicio de que se estaba frente a una organización que tenía entre sus objetivos quedarse con la plata destinada a los pobres.
Con las declaraciones de este martes se completaron los llamados a indagatoria de los 23 imputados. Dentro del plazo de diez días, el juez Casanello deberá resolver si los procesa, sobresee o les dicta la falta de mérito.