Tal como se había anticipado, este martes por la mañana se publicó en el Boletín Oficial el DNU 939/2024 emitido por Javier Milei, en el que se le informa a los clubes del fútbol argentino que en el plazo de 6 meses se derogarán los beneficios impositivos de los que gozan en la actualidad, inclusive los de sus instituciones educativas. El contraataque del Gobierno tras la reelección de Claudio Chiqui Tapia y el gran objetivo de fondo: forzar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El nuevo ataque del Gobierno, en medio de la guerra que el Poder Ejecutivo le declaró a la AFA, se materializó en el Boletín Oficial con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 939/2024. Los que pusieron el gancho fueron el presidente Javier Milei y Guillermo Francos, jefe de Gabinete, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Luis Caputo, de Economía. Pero, ¿en qué consistían los beneficios impositivos con los que contaban los clubes? Página/12 hace un repaso por los pergaminos del famoso DNU 1212/03.
Una iniciativa de Duhalde que siguió Néstor Kirchner
A mediados de 2003, el entonces presidente Eduardo Duhalde emitió el DNU 1212/03 en el que estableció un régimen percepción y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales de los empleados de los clubes de AFA de la Primera A, Nacional B y Primera B Metro. Fue una especie de salvataje para el endeudamiento que atravesaban los clubes tras la crisis a la salida de la convertibilidad.
El mismo establecía que con un pago del 2 por ciento del total de ingresos de la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisión, se saldaban los pagos de Aportes personales y Contribuciones con destino a los regímenes de las Leyes Nros. 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares). Con la AFA como agente de percepción y/o retención.
Además, se fijó una suma equivalente al 0,5 por ciento de esos mismos conceptos para que los clubes endeudados pudieran ponerse al día. Allí se incluían interes, multas y recargos. Una vez superada la crisis, en 2005 el Gobierno de Néstor Kirchner aumentó ese 2 y lo llevó a 6,5 por ciento.
La gran obsesión de Macri
En 2019, la administración de Mauricio Macri aumentó el porcentaje a 6,75%, y empezó a cobrárselo también a los ingresos de patrocinio de los clubes, que hasta el momento no estaban incluídos. También se produjo un fuerte recorte de beneficios: por ejemplo, se excluyó del régimen a los colegios e institutos educativos de los clubes.
El gran objetivo de fondo de Macri, ese que lo obsesiona desde los 90, era el de forzar el desembarco de las SAD en el fútbol argentino. Pero su gestión económica derivó en una derrota electoral en 2019 que truncó, en ese momento, sus planes.
Los cambios de Alberto Fernández y Massa
En octubre de 2023, casi con los 4 años de gobierno cumplidos y en el medio de la campaña electoral, Alberto Fernández y Sergio Massa publicaron el DNU 510/203 que, si bien llevaba la alícuota al 7,50 por ciento, incluía como beneficiarios a los clubes de todas las categorías del fútbol argentino, inclusive al femenino. Además, se volvió a otorgar los beneficios a las instituciones educativas y se estableció un sistema para refinanciar deudas acumuladas producto de los cambios efectuados en 2019.
La guerra Milei – Tapia
En diciembre de 2023, el gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que incluyó cambios en la Ley del Deporte. Se destacan la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas y la obligación de las federaciones, asociaciones y confederaciones de cambiar sus estatutos —quieran o no—, los cuales hasta el momento solo reconocen a las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Si bien las entidades deportivas tienen tiempo hasta agosto de 2025 para cambiar sus estatutos —que hoy prohiben las SAD—, el Gobierno dispuso que “no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley”. Entonces el Gobierno no solo las obliga a cambiar sus estatutos, sino que en el mientras tanto las obliga a desobedecer el vigente.
En el marco de esa disputa entre la AFA y el gobierno nacional, la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y uno de los principales interesados en la privatización de los clubes, resolvió suspender la reelección anticipada de Tapia como presidente de la AFA. La IGJ hizo caso a un reclamo efectuado por Talleres de Córdoba, el único club abiertamente enfrentado con la entidad de Viamonte y aliado con el presidente de la Nación.
Pero la entidad que rige el fútbol argentino decidió, de todas maneras, llevar adelante la Asamblea. En la misma, Tapia fue reelecto casi por unanimidad (sólo se ausentaron Talleres y Estudiantes), se anularon los descensos para 2024 y se mudó el domicilio social de la entidad: pasó de Viamonte 1366 a Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Esto último fue justamente para quedar fuera de la jurisdicción de la IGJ, para la cual todo ese proceso “no tiene validez”, según deslizaron.
Ante el miedo de las sanciones de FIFA y CONMEBOL, que no tienen problema con las SAD, pero que prohiben terminantemente este tipo de intromisiones estatales en las entidades deportivas, el Gobierno juega sus cartas con más cautela de lo deseado y la loca idea de intervenir la AFA parece haber quedado en el pasado. Ahora el plan es ahogar económicamente a los clubes, además de señalar supuestos desmanejos multimillonarios en los balances de la AFA.
Es en ese contexto que este martes el Gobierno avisó que en 6 meses quedará derogado el mencionado régimen de privilegios para los clubes. Si bien desde el Ejecutivo no dieron información acerca de cómo sería el nuevo sistema, ordenaron la creación de un Comité que lo discuta. El mismo estará conformado por los ministerios de Economía, Justicia, Capital Humano, Desregulación, ARCA (exAFIP), ANSES, las secretarías de Trabajo y Turismo (incluyendo a su Subsecretaría de Deportes), AFA, dos clubes de primera (uno de ellos deber estar entre los 3 con más socios según datos de 2023) y otro del ascenso.
Los más perjudicados no serán los clubes grandes como Boca y River, por ejemplo, que tienen espalda para aguantar, sino los medianos y pequeños, esos que cumplen un rol social vital, y que al mismo tiempo son los apuntados para comenzar con las privatizaciones. El Gobierno intenta ponerlos entre la espada y la pared: SAD o desaparición.
Por si quedaba alguna duda, el propio Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, afirmó en sus redes sociales este martes que “el Gobierno considera que una parte esencial de la solución pasa por la incorporación de capitales privados al fútbol”.