Se trata de una medida de fuerza llevada adelante por un sector disidente de la UTA, que desde el lunes se encuentra acampando frente al Ministerio de Trabajo. Una por una, las líneas que adhirieron a la medida de fuerza
En medio de una feroz interna sindical, al menos 80 líneas de colectivos, cuyos trabajadores se encuentran agrupados en uno de los sectores opositores dentro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), llevan adelante un paro sorpresivo en reclamo de un aumento salarial y la asunción de sus representantes en determinadas filiales del sindicato. En consecuencia, hay miles de usuarios afectados y se registran importantes demoras en las principales paradas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otros puntos del país.
Se trata de choferes que integran la Lista Azul del gremio, nucleados en la agrupación Juan Manuel Palacios, quienes por la tarde del lunes pasado tenían previsto movilizarse hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem al 650, para mantener un encuentro con representantes de la cartera encabezada por Raquel “Kelly” Olmos.
Sin embargo, en el marco de una jornada marcada por los múltiples piquetes de organizaciones sociales y de izquierda, los sindicalistas suspendieron la marcha y decidieron, cerca de las 23 de ese día, concentrarse frente a la sede gubernamental para realizar allí un acampe que se extendió por varios días.
Ante la falta de un acuerdo con las autoridades nacionales, esta facción del sindicato emitió ayer un comunicado en el que anunció un “paro nacional por 12 horas” y amenazó con que, si el conflicto continúa, también realizarán un cese de actividades durante todo el día el próximo 23 de marzo.
La medida de fuerza comenzó a las 00:00 de este viernes y afecta, principalmente, a las líneas de la empresa DOTA: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435, 503 de San Vicente, 514 de Almirante Brown y 520 de Lanús.
Puntualmente, los choferes reclaman un salario de 350.000 pesos para los trabajadores del sector, para igualar el sueldo con sus compañeros en el resto del país, y asumir formalmente en cinco filiales del gremio (Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero) donde, según aseguraron, la Lista Azul se impuso por el voto popular en las últimas elecciones internas.
La protesta es liderada por el sector de la UTA que tiene como máximos referentes a Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, quienes le disputan el poder al actual secretario general del gremio, Roberto Fernández.
Luego de varios días de acampe, los choferes que respaldan esta facción anunciaron este jueves un paro total de las líneas que representan, el cual se extenderá, en principio, hasta las 12 del mediodía.
Por la tarde de ayer, el Consejo Directivo de la UTA emitió su propio comunicado, en el que se desligó del paro y acusó a Bustinduy de pretender “con sus complacientes laderos, generar un Lock Out patronal con el único objetivo de realizar descuentos salariales a los trabajadores”.
“Resulta lamentable que un pequeño grupo de personas, identificadas con la lista que perdió las elecciones, pretenda la utilización de los trabajadores, teniendo a los usuarios de rehenes de sus intereses, en una supuesta medida que no se encuentra avalada por la entidad sindical”, se remarcó en el texto que lleva la firma de Fernández.
En este sentido, el oficialismo remarcó que “quienes perdieron las elecciones, y representan los intereses del empresario, no conocen ni por asomo la realidad del transporte de personas del país, ahora pretenden inventar situaciones inexistentes, generar malestar en la población, en los espacios de poder, justamente por haber resultado aplastados en el último proceso electoral”.
“Nosotros como representantes de los trabajadores exigimos que se cumpla con el pago de los salarios y haremos respetar cada uno de los votos de confianza que han depositado en nosotros”, cerró el comunicado.
Origen del conflicto
El conflicto liderado por Bustinduy y Agrafogo data de finales de febrero pasado, cuando 50 líneas de colectivos interrumpieron el servicio durante casi 24 horas para exigir el pago de un incremento salarial del 10% que no se había efectivizado pese a estar previamente pactado.
Tras una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo, los representantes de la empresa DOTA y de los choferes de las líneas involucradas llegaron a un acuerdo para normalizar el pago de la suma adeudada.
Según informaron desde la cartera laboral en aquel momento, la reunión entre las partes se llevó adelante en forma virtual y, tras ello, los representantes gremiales sometieron a asamblea los resultados del encuentro. Con el compromiso de saldar la deuda exigida por los choferes, el servicio público que utilizan decenas de miles de usuarios en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires comenzó a normalizarse paulatinamente.
Sin embargo, la inesperada medida de fuerza ya había dejado sin transporte a miles de pasajeros en el AMBA. Más de 50 líneas de colectivos fueron afectadas por un reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA, que abarca a gran parte de todo el servicio de micros de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Los choferes exigieron el pago de una deuda salarial.
En efecto, los colectiveros se presentaron en cabecera, pero hasta tanto no cobraron lo que desde el Grupo DOTA les debían, no prestaron el servicio, lo que complicó a muchas familias, ya que ese mismo comenzaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires.