Casi 29 años después de haber asesinado a cuatro personas en un raid enloquecido durante el cual dispararon más de 250 tiros, los siete policías autores de la Masacre de Wilde fueron condenados a 25 años de prisión. “Es un fallo histórico”, destacó el abogado de una de las familiares de las víctimas de ese caso emblemático del gatillo fácil, cuya historia y expediente quedarán en el Archivo Nacional de la Memoria por sugerencia del tribunal que dictó la sentencia.
Los ex agentes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, médula de la histórica Maldita Policía bonaerense, aguardaron su condena en libertad y quedarán detenidos una vez que quede firme lo dictado. No obstante, con esta condena comienza a cerrarse otro de los libros negros de la historia de la fuerza encabezada por Pedro Klodczyk durante el gobierno provincial de Eduardo Duhalde.
La saña organizada, el arrebato, la sensación de impunidad y el salvajismo con que actuaron los entonces policías fue tal que la Suprema Corte de Justicia bonaerense calificó a ese crimen como un “gravísima violación de los derechos humanos”, aunque no un delito de lesa humanidad. Es por este criterio que las familias querellantes confían en que cualquier recurso extraordinario de la defensa de los ex policías caerá en saco roto.
“Nosotros habíamos pedido prisión perpetua por homicidio agravado, pero el tribunal aplicó la pena máxima para el delito de homicidio simple”, se sorprendió para bien Ciro Annicchiarico, abogado de una de las querellas.
Luego de más de dos meses de un proceso que se demoró durante casi nueve años, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora encontró penalmente responsables de los delitos de homicidio simple reiterado en cuatro ocasiones y homicidio en grado de tentativa a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.
Entre los autores de la masacre también estuvieron César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, que ya fallecieron. También el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un ACV.
Todos eran miembros de la Brigada que por entonces a cargo del entonces comisario Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA, y que nada tuvo que ver con la Masacre de Wilde. Entre los acusados asesinaron el 10 enero de 1994 a Norberto Corbo, Edgardo Citutín, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, que viajaban en dos automóviles.
Los policías dijeron haberlos “confundido” con ladrones, como si eso los hubiera habilitado para disparar al menos 250 municiones. El único sobreviviente del hecho fue el remisero Claudio Díaz, quien conducía el Dodge 1500 en el que viajaba Cicutín.
El veredicto condenatorio fue leído este mediodía en los Tribunales de Lomas de Zamora y los familiares de los muertos lloraron con un dolor y una emoción contenida durante 29 años. Es el principio del final de un larguísimo proceso que tuvo idas y vueltas entre apelaciones, postergaciones, revisiones y fugas. De hecho, varios de los condenados estuvieron profugados durante largos años antes de sentarse en el banquillo.
A pesar del tiempo que pasó, “este fallo histórico y satisfactorio es una lección de que cuando hay causas justas y y uno no baja los brazos, se puede encontrar justicia”, ponderó Annicchiarico, en diálogo con Página/12.
Durante el proceso, los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández tuvieron una actuación prudente, ecuánime y abierta a las demandas de todas las partes. Incorporaron a la causa varios pedidos de las querellas y rechazaron los planteos de nulidad, inconstitucionalidad y prescripción que presentaron los abogados de los policías, entre ellos José Manuel Ubeira.
El tribunal ordenó la detención de todos los condenados y hasta tanto la condena esté firme –se supone que habrá apelaciones– tienen prohibición de salir del país, acercarse a los familiares de las víctimas y desarrollar “manifestaciones de hostigamiento” contra los damnificados.
Otro de los hitos del fallo es que se tuvo en cuenta un pedido de la querella: que por el carácter histórico del caso, se preservara el expediente para ser entregado al Archivo Nacional de la Memoria. Annicchiarico, que también fue abogado de otro caso emblemático como fue la Masacre de Budge, expresó su satisfacción por este punto.
La condena que dictó la pena máxima prevista ratica todo lo planteado por las familias de las víctimas y la fiscal Viviana Simón durante la etapa del debate y los alegatos: fue una masacre premeditada.
El hecho del que se cumplirán 29 años ocurrió cuando la docena de policías dispararon con pistolas, itakas y ametralladoras contra un Peugeot 505 en que el remisero Norberto Corbo llevaba a Claudio Mendoza y Héctor Bielsa; y el Dodge 1500 en que el vendedor de libros Edgardo Cicutín acompañaba al conductor y único sobreviviente, Claudio Antonio Díaz.
Según la causa, los cuatro muertos y Díaz habrían sido “confundidos” con delincuentes que habían cometido o estaban por cometer supuestos delitos sobre los cuales la policía tenía información. Los testimonios indican que los agentes se habrían equivocado de personas, pero eso no quita la evidencia de que el procedimiento policial se trató de una “ratonera”.
¿Por qué? Porque los policías tenían el dato de que había un botín (del que nunca se sabrá) en autos de esas característica. Entonces fueron directamente a matarlos y a quedarse con lo que suponían que llevaban. Esto se corroboró a partir de la declaración de la viuda de Cicutín, Raquel Gazzanego, quien aseguró que luego de la masacre uno de los policías intentó disculparse: “Fue un lamentable error”. Claudio Díaz aseguró que también le dijeron lo mismo.
Durante estos 28 años, todos estos ex policías que gozaron de la libertad, ahora tienen un promedio de 60 años de edad y uno se acerca a los 70. La condena que hoy recibieron los enfrenta a la posibilidad de estar presos de por vida. Tal vez “van a morir presos”, remarcó Gazzanego luego de la sentencia.
Lo más probable es que la defensa de los acusados apele a la Casación bonaerense. Frente a esta posibilidad, Annicchiarico se manifestó esperanzado en que el fallo se confirme: “No quiero aventurarme, pero el Tribunal de Casación provincial es más serio y técnico que el nacional”.