El fiscal Diego Luciani pidió ayer 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa Vialidad, que investiga presuntos direccionamientos de la obra pública en Santa Cruz.
La causa
Concretamente, el fiscal la considera autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Según el cálculo de la fiscalía, el fraude al Estado ascendería a unos 1.000 millones de dólares.
En su alegato, Luciani sostuvo que el matrimonio Kirchner –primero con Néstor y luego con Cristina- montó –“probablemente- la “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
La causa se originó en 2016, a partir de una auditoría realizada por las -en ese entonces- flamantes autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sobre la obra pública licitada en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Allí, se observó que el 78% de las obras fueron adjudicadas a un solo empresario: Lázaro Báez. Javier Iguacel, ex titular de la DNV, presentó entonces una denuncia ante la Justicia federal. La causa fue elevada a juicio oral en 2018 y hoy, cuatro años después, se encamina a su desenlace.
A lo largo de las últimas dos semanas, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso las pruebas recogidas: mostró cómo 24 de las 51 obras adjudicadas a Báez fueron abandonadas; cómo el empresario obtuvo innumerables prórrogas y consiguió millonarios incrementos presupuestarios. Reveló, además, mensajes de texto intercambiados entre el ex secretario de Obras Públicas, José López, y otros ex funcionarios, que involucrarían a la ex presidenta y a su hijo, Máximo Kirchner. “Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner”, repitió una y otra vez Luciani.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones”, indicó en su descargo la vicepresidenta, luego de que la Justicia le rechazara el pedido para ampliar su declaración indagatoria.
Según la ex presidenta, el fiscal incluyó en su acusación “cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Tras el pedido de condena por parte del fiscal Luciani, el Frente de Todos cerró filas detrás de la vice. No sólo el kirchnerismo. También el presidente Alberto Fernández –que se comunicó telefónicamente con ella-, los funcionarios “albertistas” y hasta el propio ministro de Economía, Sergio Massa. Apuntaron contra el Poder Judicial y denunciaron una “persecución” y un “intento de proscripción” contra la titular del Senado.
Cerca de las 19, los manifestantes comenzaban a concentrarse en Juncal y Uruguay. Primero, en contra de la vicepresidenta; luego, a favor. La Policía de la Ciudad intervino y formó un cordón para evitar que chocaran. Hubo forcejeos e incidentes, los efectivos arrojaron gas pimienta y hasta detuvieron a un legislador, acusado de haber agredido a un oficial.
En medio de la tensión que se vivía en Recoleta, Cristina Fernández acusó a la Policía porteña de reprimir “con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos” a ciudadanos que se acercaron a su vivienda como muestra de apoyo “frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”.
“Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos”, afirmó. “Engendra más violencia”, replicó el jefe de Gobierno.
La etapa de alegatos aún no terminó. Ahora, deben exponer las 13 defensas. Comenzarán el próximo 5 de septiembre. Cada una tiene un máximo de tres días. Luego, la fiscalía podría volver a hablar en una etapa de réplicas y las defensas, a su vez, pedir “dúplicas”. Finalmente, el Tribunal Oral Federal 2 fijará una fecha para las últimas palabras y el veredicto. Todo esto, se prevé, ocurrirá antes de fin de año.
En caso de ser condenada, la vicepresidenta podrá apelar ante la Cámara de Casación y, luego, ante la Corte Suprema. ¿Podrá ser candidata en 2023? Cristina Fernández podrá presentarse mientras una eventual condena no esté firme. Si se mira la historia argentina, el proceso se alargará más allá de 2023.