De 21 a 18 años: empeñado en hacer crecer el mercado y el uso de armas de fuego en el país, el gobierno de Javier Milei decretó este martes la baja de la edad mínima para adquirir, tener y portar armas como “legítimo usuario” en Argentina. Lo hizo modificando un artículo de la reglamentación de la Ley de Armas y con el argumento de que el piso etario debe adecuarse a la actual mayoría de edad. Especialistas advierten a Página 12, sin embargo, que los jóvenes de esa edad no están en condiciones de manejar armas, que la decisión oficial “sólo amplía los riesgos de asesinato” y que se inscribe en una serie de movimientos que el gobierno viene dando para ampliar el acceso a las armas.
“El que quiera estar armado, que ande armado”, supo decir hace ya seis años Patricia Bullrich, entonces como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Su firma, también como ministra, pero ahora de Javier Milei, cierra el decreto publicado en el Boletín Oficial con el que el Ejecutivo dispuso reducir la edad mínima legal para tener y portar armas de fuego. Aquella vez, la ministra argumentaba su posición asegurando que “la Argentina es un país libre“. En el país libre de Milei, ahora se podrá tramitar la tenencia y portación legal de armas a partir de los 18 años.
El decreto es corto y conciso. Tiene sólo dos páginas y, en lo resolutivo, se limita a modificar el primer inciso de un artículo de la reglamentación de 1975 de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. Se trata del Artículo N° 59, que hasta el lunes mantenía la edad mínima en los 21 años. Desde este martes, sin embargo, el requisito etario para ser considerado “legítimo usuario” quedó fijado en “ser mayor de 18 años”. Esto incluye “la adquisición o transmisión de cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil“.
El argumento técnico de la medida aparece en el decreto bajo el objetivo de “armonizar la legislación vigente“, es decir acomodar la ley de armas a la mayoría de edad prevista por el Código Civil y Comercial actual. Sostiene que la reglamentación de la ley fue escrita cuando la mayoría era de 21 años, y que ahora, ya modificado eso, el piso para la tenencia de armas debe ser actualizado para igualarlo con la actual mayoría.
Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, sostiene en diálogo con este diario que ese argumento no corre: “En varios países se han diferenciado ambas edades, estableciendo que para el acceso a las armas de fuego debe exigirse una edad mayor, dados los particulares riesgos que conllevan“, sostiene y ejemplifica con el caso de Brasil, “que requiere una edad de 25 años”. Incluso algunos estados de Estados Unidos, señala, “exigen tener 21 años pese a tener la mayoría en 18”. “Esto responde a que una persona de 18, 19 o 20 todavía está en desarrollo, incluso en términos cognitivos, y su disposición a utilizar un arma de fuego en forma inadecuada es mayor“, alerta.
También Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, indica que el decreto no muestra “mayores fundamentaciones” y advierte sobre el hecho de que se haya tomado la decisión esquivando al Congreso. Allí se encuentran en discusión proyectos sobre el tema, como la prórroga del plan de desarme o, en sentido opuesto, la iniciativa oficial que busca flexibilizar las condiciones para la tenencia legal y que la especialista califica como “una suerte de amnistía para los que tienen credenciales irregulares“. El Gobierno, sin embargo, decidió no incluir la ampliación de la edad allí sino hacerlo pasar directamente por decreto.
Darraidou subraya otros “movimientos” que se vienen llevando adelante y que tienden a “flexibilizar los controles“, como decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) con respecto a los controles de idoneidad para los casos de credenciales vencidas. “Ya desde la campaña electoral se escucha a representantes del actual oficialismo sobre la aceptación de la tenencia de armas de fuego por parte de civiles y ahora se viene instalando de a poco esta idea de mayor flexibilidad”, indica la integrante del Cels.
La desregulación de la tenencia de armas no sólo estaba en la plataforma electoral de Milei y Victoria Villarruel sino que el propio presidente, en sus tiempos de diputado, había manifestado públicamente su postura: “Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes las usan igual y hay más delincuencia, por eso estoy a favor de la libre portación de armas“, llegó a decir e incluso a arriesgar que “aquellos estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos“. Alfie apunta que esa afirmación no está sostenida por ningún dato y que este tipo de políticas “ya demostraron su fracaso en otros países como Estados Unidos” (ver aparte).
Los especialistas recuerdan el ahora paradójico cruce que Milei y Bullrich tuvieron el año pasado, cuando todavía eran candidatos enfrentados. En el debate presidencial, Bullrich llegó a advertirles “a las mamás y a los papás” que “si se liberan las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas“. Las encuestas mostraban, y siguen mostrando, un rechazo mayoritario a la libre portación: un informe del Observatorio Pulsar de la UBA realizado en agosto de este año muestra, por ejemplo, que 8 de cada 10 personas están en contra, incluso en un contexto de crecimiento de las posiciones punitivistas.
Alfie coincide con ese diagnóstico y señala que “más del 70 por ciento de la sociedad argentina se opone al uso civil de armas de fuego en todas las encuestas realizadas” porque “la población sabe bien que un país armado es un país violento, dispuesto a resolver sus problemas a través de la muerte”. Asegura incluso que esto obligó a Milei y Villarruel a “modificar la postura inicial“, aunque sí coincide con Darraidou en que el gobierno viene dando movimientos que califica de “cautos” para ampliar el acceso legal a las armas de fuego. Recuerda que, para una liberalización más profunda, el tema debería pasar sí o sí por el Congreso, “en donde confiamos que esa clara conciencia comunitaria de que una sociedad armada es una sociedad más peligrosa pese más que cualquier intento de un grupo minoritario y violento“.
La tendencia actual del gobierno, en tanto, va en contra de las posturas que en líneas generales viene adoptando el Estado nacional durante todo este siglo, con políticas que tendieron, con mayor o menor éxito, siempre hacia un intento de desarme de la población civil. Así lo señala Darraidou, que asegura que “desde comienzos de los 2000 se viene teniendo una política más restrictiva en este sentido acrecentado los controles para los legítimos usuarios”.
“Pareciera que para la gestión actual no es un problema ser ‘legítimo usuario’, pero claramente la mayor proliferación de armas de fuego es en sí un problema: a más armas, más posibilidad de usos de armas entre civiles con casos de violencia extrema“, agrega la especialista, mientras que Alfie sostiene que la decisión “sólo amplía los riesgos de asesinato que generan las armas de fuego”.
El integrante de Inecip asegura que el gobierno “no tiene en consideración que cuantas más armas legales circulen en una sociedad, más riesgos hay de que cualquier discusión derive en un asesinato, que cualquier hecho de violencia de género escale hacia un femicidio, o que esa arma termine siendo desviada, por robo o por venta, al mercado ilegal, favoreciendo otras formas de criminalidad”. Eso sin contar, subraya, con el impacto directo de la ampliación del acceso de armas en las tasas de suicidios, ya que ahora “se habilita a acceder a un grupo etario con particular riesgo de suicidio, en un marco de crecientes problemas vinculados a la salud mental”.
El punto de la posible “desviación” de las armas de uso legal hacia el mercado ilegal también lo destaca Darraidou: “Hay un gran peligro de que que se deriven al mercado ilegal. Todas las armas de fuego nacen en la legalidad y luego son desviadas hacia la ilegalidad, tanto las que están en manos de funcionarios estatales como en las de civiles, por eso es necesario tener estrictísimos controles”, afirma y añade que “regular y reducir el mercado de armas de fuego legales debería ser un eje central a la hora de pensar en la reducción de la violencia, pero este gobierno no tiene esa mirada”. “Hoy Argentina no es un país que se caracterice por la proliferación de armas de fuego por parte de la sociedad civil. Fomentar que empecemos a tener este problema sería algo muy grave“, concluye.