Cristina Fernández de Kirchner no participará este miércoles en el show de la condena. La Cámara de Casación, que casi nunca da a conocer un fallo en una audiencia, que habitualmente no hace más que colgar los textos en internet, esta vez convocó con bombos y platillos a Comodoro Py para anunciar su decisión sobre la causa por la construcción de rutas en Santa Cruz. Los integrantes de la Sala IV, que en su momento fueron recusados por la ex presidente dados sus irregulares vínculos con Mauricio Macri, fijaron la cita hace casi un mes, como si fuera un casamiento. CFK y su abogado Carlos Beraldi no se prestarán al circo y no harán más que seguir la audiencia de manera remota. Afuera de Comodoro Py, en cambio, está convocada una clase pública sobre lawfare, la utilización de la justicia para la persecución política. Este lunes, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, denuncio que “todo lo que se va a decir el miércoles nunca ocurrió, no existió. Estos juicios truchos buscan generar disciplinamiento, persecución”. Este martes Cristina Kirchner se reunirá con los dirigentes que forman parte de la nueva conducción del PJ, lo que será otro respaldo político e institucional frente a la avanzada del Poder Judicial. Mientras el peronismo esté en la sede de Smata, la Cámara de Casación recibirá a funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: lo que muchos llaman la evidencia de la justicia colonizada.
Respaldo completo de Kicillof
El gobernador bonaerense dedicó este lunes una conferencia de prensa completa a una defensa incondicional de CFK y a denunciar el uso de la justicia para la persecución política: “La causa Vialidad es un caso de derecho ficción -señaló Kicillof-. Sacan dictámenes judiciales donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito y donde a quién se acusa de llevarlo adelante, a Cristina en este caso, no tenía posibilidad material de hacerlo”.
La frase apunta a que, efectivamente, las obras viales de Santa Cruz quedaron en la órbita provincial en todos los tramos: el diseño, la licitación, la adjudicación, el control, el otorgamiento de los certificados de obra para que se haga efectivo el pago. Un presidente no tiene intervención en ninguno de esos trámites y ni siquiera participa el ministro del área, al punto que Julio De Vido fue sobreseído. Tampoco se imputó en ningún momento a los jefes de Gabinete, los responsables de la administración del estado. Las obras fueron votadas en los respectivos presupuestos, o sea por el Congreso Nacional, y los fondos salieron de un fideicomiso constituido por un impuesto a los combustibles.
“Es un escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa. Inaugura un nuevo género, el derecho ficción”, apuntó Kicillof. El gobernador, que en las últimas semanas estuvo distanciado de la ex presidenta, fue categórico al afirmar que esta causa es un caso de “persecución político- judicial” con el objetivo de proscribir a CFK.
Kicillof apoyó sus afirmaciones en la intervención previa del ministro de Justicia y de Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, quien calificó la causa Vialidad como “una mezcla inescrupulosa, ilegítima e ilegal de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito, pero lamentablemente muy poderoso, de la justicia argentina que empujaron el martillo sobre la cabeza de la democracia“.
El respaldo político a CFK se hará visible también este martes en la reunión de trabajo de la conducción del PJ que se realizará en la sede de Smata, que conduce Ricardo Pignanelli.
¿Habla CFK?
Lo cierto es que a lo largo de los tres años y medio que duró el juicio -este cronista siguió todas las audiencias- no hubo un solo testigo ni un correo electrónico ni un chat en el que apareciera la ex mandataria dando alguna instrucción, sugiriendo algún beneficio respecto de las licitaciones o adjudicaciones. El proceso se hizo íntegramente en Santa Cruz.
Casi todo el expediente giró alrededor del hecho de que el constructor Lázaro Báez fue el que ganó 51 de las 81 obras, algo que otros empresarios que declararon en el juicio -enemigos acérrimos del santacruceño- consideraron lógico. Sostuvieron que Báez tenía mucho personal y maquinaria localizada en la provincia y, por lo tanto, podía licitar a precios más bajos que constructoras que debían trasladar personal y máquinas a 1.800 kilómetros. Hasta Angelo Calcaterra, el primo de Macri, coincidió con ese enfoque. Báez, además, tenía la ventaja de conocer cómo se trabaja en esa zona tan difícil y jugaba de local en los trámites, en la relación con Vialidad Provincial y con todos los proveedores. En las demás provincias se produjeron fenómenos parecidos: las empresas locales llevaron la delantera en las licitaciones viales.
Como adelantó Beraldi, la ex presidenta posiblemente seguirá la audiencia desde su departamento. Algunos afirman que ignorará la audiencia por completo. “Pero no se quedará callada”, aseguró el letrado. Habrá que ver si le contesta a los jueces el mismo miércoles o se toma un par de días para preparar su respuesta. Será por sus redes sociales, tal vez por el canal de Youtube como ha hecho otras veces.
Por lo que hicieron trascender, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en la audiencia sólo darán a conocer el tramo resolutivo del fallo, es decir la enumeración de las condenas: en el juicio oral fueron condenados CFK, el empresario Lázaro Báez, y siete funcionarios. Absueltos resultaron cuatro funcionarios. Todo quedaría asi. Los periodistas más alineados con el macrismo anticiparon, sin siquiera usar el condicional, que Borinsky y Barroetaveña votaron por confirmar todas las condenas, mientras que Hornos proponía agregar la asociación ilícita, llevando la pena de CFK de 6 a 12 años de prisión. Esas mismas fuentes sostienen que los tres votos suman 1.500 páginas, un fallo ilegible hasta para los especialistas.
Camino a la Corte Suprema
Tanto los voceros de los magistrados como el defensor de Cristina, Beraldi, aseguraron que la dos veces presidenta y una vez vicepresidenta no deberá cumplir la condena de inmediato ni regirá la inhabilitación, porque habrá una apelación a la Corte Suprema de Justicia. Como se sabe, el máximo tribunal no tiene plazos. Además, está a punto de quedarse únicamente con tres miembros ya que Juan Carlos Maqueda se jubilará a fin de año. Para tomar algunos ejemplos de los tiempos posibles, la Corte Suprema rechazó hace un mes un recurso extraordinario presentado en 2020 por la defensa de Nahir Galarza. O sea, tardó cuatro años y medio y, supuestamente, ese era un trámite acelerado porque se trata de una persona presa, que tiene prioridad. Cuando Macri perjudicó a los jubilados en 2018, el previsionalista Miguel Fernández Pastor se presentó a la justicia. El reclamo llegó a la Corte en 2019 y aún no tiene resolución: pasaron cinco años y todo indica que pasarán como mínimo uno o dos años más. Hace un mes, los supremos confirmaron condenas por las muertes en la represión de diciembre de 2001, o sea que el expediente tardó casi 23 años, tres de ellos en la Corte. Pese a antecedentes como esos, en una causa de condena eminentemente política, es difícil estimar cuánto tardará la Corte. En Brasil, el caso Lula se dio vuelta de forma asombrosa en unos pocos meses y todo hace pensar que lo mismo ocurrirá, con distinta modalidad, con Donald Trump en Estados Unidos.
En la puerta de Comodoro Py
Aunque CFK le dará la espalda a la audiencia del miércoles, en las afueras de Comodoro Py habrá una clase pública sobre Lawfare. La impulsan el dirigente Juan Grabois y Mena. Se prevé la asistencia de centenares de alumnos de universidades. También participarán la periodista y política brasileña Manuela Dávila y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi. El título de la clase es “CFK, el poder real y la mafia judicial. Un caso de estudio de lawfare”. La presencia Dávila es significativa: el uso de la persecución judicial no es un fenómeno argentino sino internacional. Los fiscales y jueces fueron instrumentos contra Lula, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros.
En el caso de CFK, en su momento el abogado Beraldi recusó a los tres magistrados de Casación. Borinsky, porque jugaba al tenis y visitaba a Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada. Un total de 18 visitas. Hornos porque fue a ver a Macri en seis oportunidades, en la previa de fallos importantes. Barroetaveña también fue recusado. En las elecciones de Magistrados, siempre figuró al frente de las listas de jueces más alineadas con el macrismo, pero la recusación se debió a que ya había emitido opinión (adversa) contra Cristina en otra causa, la de Hotesur-Los Sauces. En resumen, todo hacía prever que para CFK, Báez y el resto de los imputados, la Casación significaba jugar en una cancha inclinada.
El modelo de Washington
Un dato asombroso (y no casual) es que los jueces de la Cámara de Casación fueron citados un día antes del fallo para recibir a funcionarios judiciales norteamericanos. La convocatoria fue realizada por el presidente de la Casación, Borinsky, y los visitantes serán Josie Thomas, Fiscal Federal de Estados Unidos y asesora legal de la oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia de Estados Unidos (OPDAT); Jill Westmoreland Rose, Directora Adjunta de esa oficina a nivel global; Edna Rosario Muñoz, directora regional de OPDAT; Brenda Sue Thornton, asesora legal para el programa contra el terrorismo y Fiorentina Beltrami, asesora legal. Uno de los magistrados deslizó la humorada: “viene el portaaviones”. En su momento, el fiscal del juicio de la causa Vialidad, Diego Luciani, que jugaba al fútbol en la quinta de Macri, disparó: “el lawfare no existe. Tiene marketing, pero no existe”. Luciani venía de entrenarse para su alegato en Estados Unidos.