Desde Casa Rosada siguen con las críticas a las universidades públicas, a las que acusan de “no querer ser auditadas porque deben estar sucias”, tal como dijo el Presidente el fin de semana. Desde el círculo íntimo del mandatario, en tanto, explican que durante la discusión presupuestaria de 2025 la única forma de que le asignen más dinero a las universidades es cortando los fondos que asignaron para la obra pública en las provincias. “Lo único que se puede hacer es reasignar es la obra pública. No tenemos inconveniente”, dicen con tono de amenaza cerca del Jefe de Estado cuando son consultados por los 3,8 billones de pesos que estipularon para las universidades, mientras que desde las casas de estudio (particularmente desde el CIN) dicen que es necesario que les den 7,2 billones. Es decir, casi el doble. En cuanto a las auditorías, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, dijo este domingo que “lo que el presidente quiere discutir es otra cosa: quiere llegar al lugar donde se arancele la universidad”. Para eso, agregó, “Milei usa argumentos berretas”.
Este domingo Milei volvió a insistir con los ataques y en sus redes sociales compartió la intervención atacando a las universidades que hizo el sábado durante el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. El posteo iba acompañado de un texto que decía: “¿Estás dispuesto a defender a delincuentes que se escudan detrás de una causa noble como es la universidad pública no arancelada?”.
Olmos remarcó que “los principios de gratuidad y equidad son constitucionales. No se puede arancelar la universidad”, y opinó que “el Presidente se pelea con la Constitución”, ya que el financiamiento de las universidades no es facultativo, sino una obligación del Estado. “Las universidades se auditan, pero no como quiere el Poder Ejecutivo porque no dependen del Poder Ejecutivo: son autónomas”, dijo el titular de la AGN en diálogo radial. En esa línea, puntualizó que, para modificar el financiamiento de las universidades, el presidente debería modificar la carta magna.
“El Presidente tiene la legitimidad política de la administración de la Nación, pero esa administración tiene límites”, expresó y, como titular de la Auditoría General de la Nación, indicó que las auditorías se hacen a todos los recursos que pone el Estado por muestreo, pero que, con respecto a las universidades, no se auditan las 60 de manera permanente y todas juntas, sino que se hace una programación. Este año, por ejemplo, contó que se realizarán a las universidades de Jujuy y Formosa. Se incluyeron, además, la gestión de auditorías de las universidades de Córdoba, del Nordeste y de la Facultad de Medicina de la UBA. Eso, comentó, luego es enviado al Congreso.
Cruces por el presupuesto
Según contaron a este diario desde los sindicatos universitarios, el gobierno no los convocó a ninguna reunión paritaria para los próximos días. Sobre el debate presupuestario, en tanto, aclararon que ellos pedirán lo mismo que pidió el CIN, es decir, casi el doble de lo que les asignaron para todo 2025. Más allá de eso, aclaran, exigirán una recomposición salarial para este año.
Secretario general FEDUN, Daniel Ricci, indicó que el Presidente, “en vez de preocuparse por las auditorías debería preocuparse por los salarios de los trabajadores universitarios“, y añadió que “si el 100 por ciento del Presupuesto se destinará para los salarios tendríamos un 10 por ciento de incremento salarial, dado que el 10 por ciento es lo que se utiliza para otros gastos, con lo cuál seguiríamos 60 puntos abajo de la inflación”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, también salió al cruce de Milei. Dijo que “hay pocos espacios del Estado tan controlados como las universidades públicas y corresponde que sea así porque son recursos públicos que tienen que ser bien administrados”. En esa línea, adelantó que “si se quisieran establecer más controles, bienvenido sea. Porque todo lo que ayude a tener buenas prácticas en instituciones públicas es siempre un paso adelante”.
Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que la ley de financiamiento universitario fue vetada porque la discusión presupuestaria de las universidades se debatiría en la Ley de Leyes de 2025, ahora desde el oficialismo amenazan y dicen que la única forma de mejorar el número que ellos pusieron para ese sector en el Presupuesto del año que viene es recortando y sacando plata de lo que asignaron para la obra pública. Es decir, enfrentarán a las casas de estudio con los gobernadores que son los que vienen reclamando por distintas obras en todo el país. El problema reside en que, según advierten desde varias provincias, el Presupuesto 2025 relega la obra pública a niveles tales que lo asignado no alcanzaría, ni siquiera, para sostener las obras existentes.
La discusión sobre el Presupuesto ocupará la agenda legislativa de las próximas semanas y, desde los sindicatos, piensan reunirse con los distintos bloques para poder conversar del tema.
Desde el radicalismo, en tanto, están pensando opciones. Cerca de la presidencia de ese bloque en diputados recuerdan que “nunca se asigna exactamente lo que el CIN pide (en los presupuestos para atrás)”, pero aclaran que tampoco nunca hubo nunca una brecha tan profunda entre lo que ellos pretenden y lo que el gobierno les asigna. Del total del PBI, en tanto, el gasto que estipuló el gobierno para el 2025 para las universidades representa el 0,50, mientras que en 2024 representó el 0,53 y en el 2023 había sido del 0,72.
Ante la amenaza de la Casa Rosada, desde donde dicen que lo único que se puede reasignar del presupuesto 2025 es la obra pública, son varios los legisladores de distintos bloques que proponen eliminar gastos tributarios, como otra opción. En Balcarce 50 no quieren saber nada con esa idea.