El día después de que el gobierno nacional lograra blindar el veto al aumento de los jubilados, el Congreso redobló la apuesta y le dio impulso a otra iniciativa opositora: la Ley de Financiamiento Universitario que terminó aprobada por una contundente mayoría opositora. Fueron 57 votos a favor contra solo 10 en contra y una abstención. No solo eso, además el Senado también rechazó por amplia mayoría (49 votos), el rechazo del DNU de la SIDE. Dos derrotas legislativas para un gobierno que, apenas 24 horas antes, celebraba haber podido bloquear el aumento a los jubilados con los votos radicales que, ahora, se alinearon con el peronismo para aumentar los fondos de las universidades. El gobierno sí logró anotarse, mientras tanto, una pequeña victoria: la aprobación de la Boleta Única de Papel, que ahora volverá a ser tratada en Diputados.
La UCR había quedado golpeada después de la votación por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. El cambio de postura de un grupo de radicales – que habían pasado de votar a favor de la ley a acompañar el veto presidencial – había dejado una mancha, y en el partido estaban incómodos. El día anterior, el jefe de bloque, Eduardo Vischi se había reunido con Javier Milei en Casa Rosada y había maniobrado para impedir el tratamiento del DNU de Inteligencia. Algunos radicales, incluso, habían recibido llamadas de rectores que, preocupados, denunciaban que un sector de la UCR quería impedir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario para atar la discusión a la del Presupuesto 2025. Sonaron las alarmas y un grupo de senadores opositores, comandados por Martín Lousteau, convocaron una reunión de bloque a la mañana.
En este encuentro, los senadores radicales votaron incluir en el temario el rechazo al DNU de Inteligencia. “Hoy el gobierno va a recibir dos derrotas”, sacó pecho un senador radical que, consciente de que había una minoría interna pro gobierno que buscaba torpedear el rechazo al DNU, agregó: “Nadie quiere que el VAR te marque dos veces en offside”.
Financiamiento Universitario
Casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó, finalmente, una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. El desafío de la oposición era doble: no solo necesitaba hacerse con una mayoría para sancionar, este jueves, la ley de Financiamiento, sino que debía conseguir una mayoría lo suficientemente robusta que permitiera blindar la ley de un futuro veto presidencial. Lo consiguió con creces ya que los votos positivos casi sextuplicaron a los negativos.
“Tenemos un presidente que ya dijo que va a vetar la ley. ¿Somos conscientes de la brecha que hay entre un pueblo que pide recursos para educación y un presidente que se lo niega? Es central cómo nos posicionemos frente a este tema”, advirtió el radical Maximiliano Abad. Los senadores de Unión por la Patria y la UCR sabían que tenían que superar los dos tercios y para ello contaban con 30 de UxP – que tenía 3 ausentes -, al menos una docena de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (PRO), la rionegrina Mónica Silva, la cordobesa Alejandra Vigo, el santacruceño José Carambia e, incluso, con el salteño Juan Carlos Romero (que es uno de los principales defensores del gobierno).
“El gobierno tiene que tomar nota de la gran marcha que hubo. Ese fue el impulso que permitió generar un consenso y que hoy tengamos este proyecto de ley que, en ocho artículos , viene a subsanar este desastre hecho por Milei”, agregó Eduardo “Wado” de Pedro, quien denunció que el 80 por ciento de los docentes cobraran por debajo de la línea de la pobreza y defendió que la ley planteara, además de la actualización para los gastos de funcionamiento, la actualización de los salarios docentes todos los meses por IPC.
El impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, será del 0,14 por ciento del PBI: el motivo por el cual Milei llama a los legisladores “degenerados fiscales” y amenaza con vetar la ley. “Ahora no hay plata para los jubilados y las universidades, pero porque primero decidieron bajar impuestos y no cobrarle a los que blanquearon. El RIGI dio rebajas impositivas por 30 años”, cuestionó Martín Lousteau, quien, sobre el final, envió un mensaje a la propia interna radical: “(Milei) se alegró porque a los jubilados se les negó el equivalente de 3 kilos de carne picada por mes. Llamó héroes de la patria a los que decidieron, por prebendas electorales y especulación electoral, negarle esto a los jubilados”.
Boleta Única Papel
Victoria Villarruel no quería ser la cara de una doble derrota sin, antes, poder ofrecerle alguna victoria al gobierno nacional. Y esa victoria era la aprobación de la Boleta Única Papel: una iniciativa que había sido impulsada por la oposición durante el gobierno de Alberto Fernández y que, sin embargo, el gobierno había terminado por hacer propia. Hundidas las posibilidades de eliminar las PASO, la aprobación de la BUP era la única reforma electoral que podía aprobar antes de las legislativas de 2025. Y lo consiguió con 39 votos a favor y 30 en contra: todos los bloques acompañaron la iniciativa, excepto UxP.
La BUP sostiene una modificación en el mecanismo de votación, reemplazando las boletas partidarias por una boleta única que muestra toda la oferta electoral. El texto aprobado, sin embargo, no es el mismo que se aprobó en Diputados motivo por el cual la reforma electoral no se convirtió en ley: el proyecto, ahora, girará a la Cámara baja, que definirá si acepta o no las modificaciones. El modelo aprobado en el Senado es la mendocino – en Diputados fue el cordobés -, que se caracteriza por tener a la izquierda, en vertical, las categorías nacionales (presidente, diputados, senadores) y arriba, en horizontal, los distintos frentes electorales. El voto se hace marcando los casilleros que corresponden para cada categoría.
Otro de los cambios introducidos fue la eliminación del casillero que permitía votar lista completa. Era un reclamo de Mónica Silva, sin cuyo voto el oficialismo no hubiese podido llegar a la mayoría. “Se sostenía que el tilde de lista completa podía perjudicar los intereses de los partidos provinciales cuando no tenían candidato a presidente que posibilitase el arrastre”, explicó Edgardo Kueider, el ex Frente de Todos que se terminó convirtiendo en un aliado clave del gobierno.
La UCR, el PRO y La Libertad Avanza aprovecharon para insistir en todos los supuestos beneficios que arrastraría la implementación de una boleta única, como el ahorro económico o la simplicidad del sistema. Los argumentos más solidos eran, sin embargo, los de los antiguos opositores que habían impulsado la ley hace dos años: el oficialismo hacía discursos genéricos, más preocupado en estirar el debate y ganar tiempo para poder voltear algunos votos a favor del rechazo del DNU de Inteligencia. Algo que finalmente no consiguieron.
“Facilita el momento de la votación. Facilita a los partidos chicos que no pueden imprimir dos o tres padrones por cada jurisdicción. Facilita todo el esquema de fiscales que hay que poner. Entorpece los partidos con sellos de goma que solo se presentan a las PASO para tener financiamiento de las boletas. Facilita el cuidado del medio ambiente”, enumeró, por ejemplo, Guadalupe Tagliaferri (PRO).
“La verdad es un milagro que hayan llegado a ser senadores porque les robaron las boletas, les hicieron de todo. Lo que mata este proyecto es la evidencia empírica: ¿qué partido ganó la última elección? El que tenía menos fiscales, menos estructura y no podía llegar a todos los lugares ganó la elección”, ironizó, tras unas horas de debate, el peronista Fernando Salino. UxP sería la única bancada que votaría en contra de la BUP bajo el argumento de que no tenía sentido de que se modificara un sistema de votación que no arrastraba denuncias de fraude y que, en cambio, había habilitado la alternancia de gobierno.