Finalmente y después de tres reprogramaciones, el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín comenzará a juzgar este martes a cinco efectivos de la regional Oeste de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en secuestros, torturas y asesinatos de casi 200 personas en la Mansión Seré, la Regional de Inteligencia “Buenos AIres” (RIBA) y otros centros clandestinos que funcionaron dentro de ese circuito represivo del conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar. A pesar de sus intentos por impedirlo, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, exagente de Inteligencia de la Aérea que logró escapar de la Justicia durante 20 años, estará sentado entre los acusados.
El juicio, que tendrá su audiencia inaugural el martes a las 9.30 en la sede judicial de los tribunales de San Martín de la calle Pueyrredón al 3700, juzgará los hechos investigados en dos expedientes que están vinculados por ser hechos que sucedieron en la misma jurisdicción represiva durante los años de terrorismo de Estado: la “Subzona 16” con la que las fuerzas represivas que tomaron el poder del Estado el 24 de marzo de 1976 denominaron al territorio compuesto por las ciudades del oeste del Conurbano bonaerense.
El circuito represivo estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, según contextualizó la Fiscalía en sus requerimientos de elevación a juicio, y contó con el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron coordinados entre sí. Mansión Seré es el más conocido, De hecho, ya fue epicentro de otros tres debates orales que se llevaron a cabo previamente y que culminaron con condenas para todos los acusados –13 en total–.
El flamante juicio, que será llevado a cabo por las juezas María Claudia Morgese Martín y Nada Flores Vega y el juez Matías Mancini, repasará los crímenes de lesa humanidad que sufrieron 133 personas, secuestradas y torturadas en Mansión Seré y otros centros clandestinos, como la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Aérea de Moreno, la Subcomisaría de Francisco Álvarez, la Comisaría de Moreno y la RIBA.
Cinco efectivos de la Aeronáutica vinculados con las patotas que barrieron la zona durante el terrorismo de Estado –los Grupos de Tareas 100, 10, 11, 12 y grupos especiales formados con policías de la provincia y militares– estarán sentados en el banquillo de los acusados. Cuatro de ellos fueron procesados en 2019 por el juez de instrucción Daniel Rafecas. Juan Carlos Herrera y José Zyska eran, al momento de los hechos, teniente primero y cabo de la I° Brigada Aérea de El Palomar y fueron acusados entonces por su actuación en violaciones a los derechos humanos cometidas en esa brigada y en Mansión Seré. Su camarada Alejandro Lazo, que también había sido procesado entonces, falleció antes de llegar a juicio.
Ernesto Lynch es otro de los acusados en el debate que comienza el martes. Era capitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno, que hasta su procesamiento no había sido nunca tenido en cuenta como centro clandestino de detención. Lynch, detenido por orden de Rafecas, fue el jefe del grupo de tareas 12, que salía a cazar víctimas por lascalles de Moreno a bordo de unas camionetas conocidas como “Las Tres marías”.
Completan el banquillo Julio César Leston, que era cabo de la RIBA y está acusado de secuestros y torturas sucedidos en la Comisaría de Castelar. Junto con él había sido procesado Arturo Giménez, que era personal civil de Inteligencia y que no está en condiciones de salud para afrontar el debate. Juan Carlos Vazquez Sarmiento, por último, era jefe de Contrainteligencia de la RIBA y cayó detenido en octubre de 2021 tras mantenerse a salvo de la Justicia durante 19 años. Luego de recibir una condena por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, el “Colo” afronta una acusación por su responsabilidad en el secuestro de Patricia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Pontnau, que fueron cazados el 6 de octubre de 1978.
Se sabe que Patricia y José, mamá y papá de Mariana Eva Pérez –entonces una beba de poco más de un año– y de Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en cautiverio en 1978 en la ESMA, fue apropiado y conoció su verdadera identidad cuando su hermana lo encontró, en el 2000. La pareja permanece desaparecida, al igual que Gustavo, del que no se tienen rastros siquiera de lugar de cautiverio.