“Decreto 51”. El primer DNU al que Federico Sturzenegger le estamparía su firma como ministro de Desregulación ya fue bautizado informalmente en Casa Rosada con ese nombre. La norma, según fuentes de Balcarce 50, no tiene aún fecha definida para ver la luz, pero su contenido seguirá la misma línea que se propuso Javier Milei de “destruir el Estado desde adentro”. Lo que está en carpeta es la supresión de funciones, la fusión o lisa y llanamente la disolución de unos 60 organismos estatales, con sus correspondientes políticas públicas.
Los funcionarios que responden a Sturzenegger, según trascendió, todavía están ajustando los últimos detalles del decreto, por lo que la lista final de organismos públicos por los que pasará la motosierra todavía no fue confirmada. Sin embargo, desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los que serán alcanzados por el desguace, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que todavía –pese a los despidos masivos y los sucesivos anuncios de disolución– permanece dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Si bien la medida será anunciada como el debut de Sturzenegger como ministro con plenas funciones, lo cierto es que el trazo grueso ya estaba contemplado en la Ley Bases. Más específicamente en el capítulo que introdujo la Reforma del Estado, a través de la cual el Congreso facultó al Gobierno a disponer arbitrariamente la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal. La intención del ministro no es otra que comenzar a aplicar esa norma en lo concreto.
El precedente de la Ley Bases
Producto de las modificaciones que sufrió la ley Bases en el Senado, igualmente, hay varios organismos que quedaron excluidos y a salvo de la poda, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), entre muchos otros. Sobre el resto –la lista que manejan en la Rosada es de unos 60– el Gobierno está en condiciones de avanzar.
De todos modos, y tratándose de Sturzenegger, hay quienes señalan que el anuncio tiene algo –o bastante– de inflado. Un caso concreto es el INADI, uno de los ejemplos que pone la Rosada sobre el plan de desguace que se viene: el vocero Manuel Adorni ya había comunicado en febrero que había “dejado de existir”, por lo que norma confirmaría en los papeles lo que ya es un hecho.
Hay, además, algunos otros casos que ya fueron anunciados por el Gobierno, desde la eliminación del ministerio de las Mujeres al cierre con despidos masivos de organismos como el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e indígena (INAFCI) o de áreas sensibles del Estado como los 59 Centros de Referencia (CDR) que dependían de Pettovello y eran la pata territorial de su ministerio. Con las dos tandas de despidos masivos de empleados públicos, en abril y julio, Milei ya cumplió con buena parte de su tarea de dejar tierra arrasada.
Página/12 consultó si existía algún criterio para la supresión de organismos, y la respuesta fue la habitual: que el Gobierno busca “desregular” todo lo que esté a su alcance y eliminar los supuestos “curros” de las gestiones anteriores, mismo argumento que se utilizó, por ejemplo, para liquidar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) sin aportar una sola prueba fehaciente de los casos de “corrupción” denunciados. En esa línea, se especula que los organismos vinculados a las políticas públicas destinadas a las organizaciones sociales y culturales caigan en la volteada del DNU de Sturzenegger.
El nombre de “decreto 51” es una suerte de continuidad del bautizado como “decreto 50” que modificó el DNU 50/2019 firmado por Alberto Fernández y que rediseñó –por enésima vez– el organigrama de la gestión. Según trascendió, formará parte de la mentada “segunda etapa” de la administración libertaria, como parte de un paquete de nuevas resoluciones y leyes en las que trabaja el Ejecutivo.
Puestos de trabajo en riesgo
En el Gobierno aseguran que el nuevo DNU no traería aparejada una nueva ola de despidos masivos en la administración pública. De todos modos, varios cientos de trabajadores quedarían a priori sin funciones o directamente sin organismo en el que cumplir con sus tareas, por lo que la preocupación de los gremios al respecto va en aumento.
La ley Bases también incluyó una reforma profunda en el empleo público y el Gobierno quedó también facultado a “distribuir” a piaccere a aquellos trabajadores de planta permanente que quedan a tiro de “disponibilidad” durante 12 meses luego de que su área haya sido eliminada. Incluso puede destinarlos al sector privado. La desarticulación y fusión de organismos redundaría en que muchos queden en esa situación.
“Esta nueva norma redundaría en la pérdida de políticas públicas y de puestos de trabajo. Indefectiblemente va a pasar eso”, aportó a este medio el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
“Estamos en estado de alerta permanente, porque todos estos anuncios no generan más que miedo a perder el laburo y también un caos en el trabajo cotidiano en el Estado”, agregó Catalano, y adelantó que su gremio formará parte de las columnas que saldrán a la calle el próximo 7 de Agosto, junto a las organizaciones sociales, en ocasión de la celebración de San Cayetano.
Despidos “fiscalistas”
“Detrás del argumento fiscalista para justificar los despidos, en realidad se oculta el verdadero problema. Quieren que el Estado renuncie a su obligación de garantizar a los sectores más vulnerables, como las disidencias con el INADI, las comunidades originarias con el INAI o la eliminación del rol de contralor y fiscalización de la economía con el INAES a la hora de combatir la alta concentración de la riqueza”, aportó por su parte el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El apartado despidos, paradójicamente, conlleva un problema para el argumento “fiscalista” que suelen esgrimir en la Rosada. Y la razón son las indemnizaciones de aquellos trabajadores de planta a los que no dejaría en disponibilidad, sino que podrían entrar en una nueva poda. Hasta ahora, el Gobierno despidió a casi 20 mil estatales, pero en su mayoría lo hizo sin renovar los contratos de planta transitoria o tercerizados, lo que no tuvo ningún costo.
Habrá que ver si ese impedimento –que también genera un escollo en el plan de desguace de las empresas estatales, paso previo para el remate de las “joyas de la abuela” que planea Milei–, no está también detrás del retraso en la oficialización del DNU de Sturzenegger.
“No están recreando el Estado nacional que imaginó Alberdi. Nos están arrojando a un estadio pre constitucional, donde cada provincia hará lo que sea para lograr el bienestar de su población. Intentan la disolución nacional”, agregó Aguiar.