Plata no hay, vocifera Javier Milei. Sin embargo, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no le va tan mal. Después de reformar todo el sistema por decreto, el gobierno decidió ampliar la partida en 100.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 878 por ciento. El agravante es que los fondos inyectados al organismo serán reservados, por lo que su control se vuelve más difuso –a lo que debe sumársele que aún no se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI). Como advirtieron desde organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los fondos reservados se usaron en el pasado para desviar la actuación de la justicia –como sucedió en el caso AMIA–, para la corrupción –como en la ley Banelco– y para las operaciones políticas.
La semana pasada, el gobierno de Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reflotar la SIDE –nombre asociado directamente con los sótanos de la política y la justicia argentina. La SIDE –a cargo de Sergio Darío Neiffert– es el vértice del sistema de inteligencia nacional, que también conforman la Dirección de Inteligencia Criminal –que depende de Patricia Bullrich– y la Dirección Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Luis Petri.
Hacia el interior, la SIDE está conformada por tres órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) –a cargo de Alejandro Walter Colombo–, la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) –en manos de Alejandro Cecati– y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) –que maneja Ariel Waissbein. A estos tres órganos se suma una división de Asuntos Internos, que supuestamente quedará bajo el control de un magistrado conocido de Neiffert.
El gobierno del Frente de Todos (FdT) terminó con un presupuesto de 15.557,8 millones de pesos para la AFI. De esos, 650 millones eran fondos reservados –según pudo reconstruir este diario. Es decir, representaban un cuatro por ciento del total que manejaba el organismo.
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) heredó el presupuesto, pero las partidas se incrementaron en marzo a 19.355,8 millones y en julio a 36.742 millones de pesos. El salto cuantitativo vino con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, que se publicó este martes en el Boletín Oficial. De esa forma, el presupuesto para la SIDE será de 136.000 millones de pesos.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, estimó que la SIDE tendrá un total de 103.000 millones de pesos que funcionarán como fondos reservados, lo que equivale a decir que el 75 por ciento de su presupuesto será secreto. En Unión por la Patria (UxP) llegaban al mismo cálculo. “Un aumento sin control para controlarnos”, lo definió Ferraro.
En los fundamentos del DNU 656, el gobierno afirmó que las partidas se emplearán para la “reorganización” del sistema de inteligencia nacional y el “adecuado funcionamiento” de los órganos desconcentrados. “Tales fondos tendrán como principal destino el sistema de inteligencia nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, dice el decreto.
“Esto se inscribe en el paradigma de que el aparato de seguridad e inteligencia, para ser eficaz, sólo puede funcionar bajo el régimen del secreto y los fondos reservados –ya sea que se usen legal o ilegalmente”, explica la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“El punto más cuestionable es que entienden que alrededor del 75 por ciento de los gastos tiene que ser reservado. Esto quiere decir que no se sabe en qué se gasta y que tiene controles diferentes a los gastos normales de cualquier otra dependencia pública. Si están pensando en ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de los fondos, es posible deducir que están pensando en actividades encubiertas o que no implican dar necesariamente explicaciones”, advierte Litvachky.
Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad que rodeó al atentado a la AMIA, a partir de una denuncia que presentó Memoria Activa con el acompañamiento del CELS. Según el tribunal regional, la SIDE jugó un rol fundamental para que no se conozca la verdad. La Cámara Federal de Casación confirmó este año las sentencias que se dictaron en el juicio de encubrimiento –que acreditó que la SIDE destinó 400.000 dólares de sus fondos reservados para pagarle a Carlos Telleldín para que declarase e involucrase falsamente en el ataque a un grupo de policías bonaerenses.
La SIDE usó sus fondos reservados para lo que se llamaba la “cadena de la felicidad”, pagos que podían llegar a manos de periodistas, jueces o funcionarios. En los tribunales recuerdan con gracia un episodio en el que un juez agradeció por el envío de un sobre con dinero –destinado a financiar un viaje– y la sorpresa que tuvo al enterarse de que el mensajero se había quedado con parte del vuelto.
“Los fondos reservados serán destinados a operaciones de inteligencia contra quien no piense igual, contra los enemigos imaginarios del gobierno”, dice la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Cambiemos. “Permitirán que las prácticas nefastas del macrismo se reiteren con viejos personajes y con recursos para destinar a actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional, todo lo cual es grave y constituye un retroceso en materia de derechos”.
Para H.I.J.O.S Capital, “el regreso de la SIDE y las característica que le otorga el gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel son un enorme retroceso en nuestra democracia”.
Un DNU en la mira
Además de la lógica opaca, la ampliación de partidas tiene otros problemas. Desde UxP remarcan que hay materias prohibidas que no se pueden tratar por DNU. Si bien no se prohíben las modificaciones presupuestarias, éste es un caso especial.
La ley de Administración Financiera (24.156) establece en su artículo 37 que quedan reservadas al Congreso nacional las decisiones que afectan al monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento previsto así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. “Este decreto puede ser impugnado en la Comisión de Seguimiento de los DNU”, anticipó el diputado nacional Leopoldo Moreau, que presidió hasta el año pasado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
“No es una materia prohibida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, pero esto no es una reasignación presupuestaria. Esto es un nuevo presupuesto. Hay motivos por los cuales no es razonable el DNU de inteligencia y nosotros obviamente lo vamos a rechazar”, amplía su colega Carolina Gaillard.
Las razones de la reforma
Para Agustín Rossi, exinterventor de la AFI durante el gobierno del Frente de Todos, el DNU de esta semana explica el de la semana anterior. “Ahora se entiende por qué hicieron esta estructura. Es el argumento que encontraron para justificar el aumento de los fondos reservados”.
Moreau, por su parte, estimó que gran parte de los fondos serán usados para dotar de tecnología a la Agencia Federal de Ciberseguridad, que, según el DNU 614, estará habilitada a hacer interceptaciones. Es un punto que genera preocupación porque la ley le había quitado esa facultad a la AFI: actualmente, las “escuchas” están en poder de la Corte Suprema.