El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la “emergencia en materia salarial”, tras medio año de reclamar que el Gobierno de Javier Milei actualice los valores a 2024. La UBA, y luego el resto de las universidades, llegaron a un acuerdo sobre la actualización de los fondos para gastos de mantenimiento (pago de tarifas de la luz, etcétera), pero eso representa en promedio un 10 por ciento de todos los presupuestos universitarios. Sobre el otro 90 por ciento sigue sin haber acuerdo y ya se está comenzando a hablar de organizar una nueva marcha universitaria en septiembre. Según los gremios docentes, la pérdida del poder adquisitivo en la primera mitad del año ronda el 40 por ciento.
Luego de intentos infructuosos de que los gremios y el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, llegaran a algún acuerdo paritario que actualizara los salarios acorde a la inflación real, el Consejo Superior de la UBA manifestó su “preocupación” por la jerarquización de la actividad docente, que incluye “la justa retribución por la tarea realizada”. De esta forma, respaldó los planteos que vienen haciendo gremios de docentes y también de no docentes.
Por eso, la UBA decidió “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”. Es una forma de advertir que puede peligrar el segundo cuatrimestre de clases, de continuar esta situación.
Aunque el Gobierno intentó resolver el reclamo de la masiva marcha universitaria del 23 de abril con un acuerdo sobre los gastos de funcionamiento, lo cierto es que son solo una parte menor de lo que las universidades necesitan para funcionar. Uno de los planteos centrales de esa marcha fue la recomposición salarial.
El diagnóstico Milei
En su discurso del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei le dedicó un párrafo especial a fustigar a las universidades nacionales: “Tenemos un sistema educativo que está desconectado de las necesidades económicas de nuestra sociedad, porque tenemos carreras universitarias demasiado largas, porque hemos priorizado aumentar la oferta universitaria por sobre la oferta terciaria, porque egresamos una cantidad hipertrofiada de abogados y contadores, que son solo demandados porque en Argentina hay demasiados juicios, demasiados trámites y demasiados impuestos; y porque tenemos harta cantidad de carreras para las cuales el único empleador posible es el Estado, de forma directa o indirecta, ejerciendo funciones que no debería ejercer”, dijo Milei.
El presidente también aseguró que había que priorizar otras áreas del sistema educativo antes que las universidades. Su diagnóstico fue que en las últimas décadas se le dio demasiada prioridad a las universidades y los municipios se peleaban “para ver donde se construía una universidad nueva. Y, de paso, atacó a las “instituciones de formación docente y profesorados”. Dijo que trabajan sobre la base de “impugnar los preceptos básicos del sistema de cooperación social en el que vivimos, que es el capitalismo y la democracia liberal”. “¿Cómo va a ser la norma de los secundarios y universidades del país inculcar que el capitalismo es malo?”, se quejó Milei. “El fin primero del sistema educativo tiene que ser integrar a los estudiantes a la sociedad conforme a sus normas”, afirmó.
¿Qué hay detrás del discurso de Milei? Como los papers neoliberales lo plantean hace décadas, no es dificil de descifrar. En resumen:
* Las carreras son demasiado largas. Esto por lo general viene acompañando de la recomendación de ir a carreras cortas, con títulos intermedios. Y arancelar los siguientes títulos, por supuesto.
* Hay una mirada claramente negativa sobre la existencia misma de las universidades del conurbano.
* Las cátedras deben adoctrinar a sus estudiantes sobre las bondades del capitalismo.
El Congreso y la calle
En el Congreso duerme un proyecto para avanzar sobre el financiamiento universitario que fue impulsado por la UCR y que, paradójicamente, la misma UCR pidió que se postergue su tratamiento, lo que llevó a otro choque entre Rodrigo de Loredo y Emiliano Yacobitti. El viernes pasado, otra diputada de la UCR, Danya Tavela, presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la “emergencia presupuestaria” de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1° de enero de 2024. El problema es, al parecer, que los distintos sectores del radicalismo no logran ponerse de acuerdo y termina ganando el sector acuerdista.
Mientras juegan ese juego en el Congreso, los gremios planean nuevas acciones. Por ejemplo, la CONADU ya planteó su intención de no arrancar el segundo cuatrimestre a menos que se llegue a un acuerdo salarial con los docentes y que planea convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre. Las autoridades universitarias todavía no se sumaron a esa convocatoria, pero -si siguen sin acuerdo- no hay que descartar que lo hagan.
“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el Gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6 por ciento”, señaló Conadu en un comunicado.
Hasta ahora la paritaria está empantanada: el Gobierno nacional ofreció al Frente Sindical un 4 por ciento de actualización para junio, que se suma al 16 por ciento otorgado en febrero, el 12 por ciento en marzo, el 8 por ciento en abril y el 9 por ciento en mayo. En cada mes, la paritaria termina sin acuerdo porque los gremios señalan una y otra vez que esos aumentos no compensan lo perdido por el golpe inflacionario. Ya hubo paros docentes en el primer cuatrimestre, a los que no hubo respuesta.
“Tenemos el salario más bajo de toda la docencia. En diferentes cátedras se habla de compañeros que están renunciando para pasar a trabajar en otros niveles de la docencia o para dedicarse a otros aspectos de su actividad”, aseguró la secretaria general de AGD (UBA) Ileana Celotto, en el plenario de Conadu Histórica.
El CIN apoya
Desde el Consejo Universitario Nacional señalaron a este diario que el resto de las universidades tienen panoramas iguales o peores al de la UBA. “Todas están con pronóstico complicado para el segundo cuatrimestre”, destacaron.
La semana pasada, hubo un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado “Sin salarios dignos no hay universidad”.
En ese comunicado, volvieron a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación salarial crítica e
inadmisible que atraviesan docentes y no docentes del sistema universitario público y
por la falta de actualización de los programas de asistencia a estudiantes de las
universidades, sustanciales y muchas veces definitorios para la continuidad de su
carrera”, remarcaron.
“La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación. Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento”, destacaron.
“La no resolución del conjunto de los problemas enunciados a lo largo de este año somete a nuestro sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad”, insistieron.
Pero la celeridad no llega, ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo.