Camila Juárez Oliva, una de las detenidas en la protesta contra la Ley Bases, estaba presa en la cárcel de Ezeiza cuando la metieron en un aula donde había “unas veinte personas, algunas con vestimenta camuflada” que la sometieron a un interrogatorio: “¿Por qué la detuvieron? ¿Con qué agrupación estaba? ¿A qué partido político representa?” Lo mismo le pasó a Nora Longo, emprendedora gastronómica, a quien en un comienzo le pareció natural contestar que es peronista. Dentro del penal no se lo preguntaron una vez sino tres, y hasta lo hizo un psicólogo. Lo mismo les había pasado en las dependencias policiales por donde las pasearon. Sus respuestas eran anotadas en planillas.
Quién dio la orden
Ambas mujeres ya habían relatado los apremios y maltratos que recibieron de parte de las fuerzas de seguridad y esta semana se presentaron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso para denunciar su situación y la presunta violación a la Ley de Inteligencia. Esa norma prohíbe a las fuerzas de seguridad “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales, laborales…”, entre otras cosas.
La Bicameral no está conformada desde el cambio de gobierno, pero según la normativa sus autoridades siguen siendo las anteriores, por eso las recibió el presidente, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria). “Lo que vemos por los relatos es que el SPF se puso a recopilar datos de inteligencia sobre compromisos político partidarios que no puede hacer ninguna fuerza de seguridad. El SPF solo debe custodiar detenidos, pero pareciera que desde que depende del Ministerio de Seguridad, o sea de Patricia Bullrich, cumple otro tipo de funciones ya que está interrogando gente”, explica Moreau a Página/12. ¿Cuál es el objeto de preguntar sobre la filiación política y volcarlo en una planilla? ¿Arman una base de datos de inteligencia sobre presos por ejercer el derecho a la protesta? Nosotros no solo buscamos establecer si fue una actividad sistemática que ocurrió tanto en el penal de Ezeiza como en el de Marcos Paz sino de dónde salió la orden. Nunca había pasado esto”, agrega.
Como informó Página/12 hay dos causas penales abiertas por la violencia del SPF desplegada sobre las personas detenidas tanto en el penal de Marcos Paz como en Ezeiza. El primer caso en el juzgado federal de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez y de la fiscalía de Mariela Labozzetta; el segundo le tocó al juzgado de Federico Villena, en Lomas de Zamora y la fiscalía de Sergio Mola. Hubo una presentación que hizo ante las fiscalías la Procuraduría de Violencia Institucional y hubo algunas presentaciones individuales. El vendedor de choripanes Matías Ramírez denunció que al ingresar al penal de Ezeiza un grupo de penitenciarios encapuchados lo pusieron (junto con otros arrestados cerca del Congreso) contra una pared, le tiraron gas pimienta, a él y a otro detenido le dieron un cachetazo, desnudaron a todos e inquirieron sobre su pertenencia política o a alguna organización. En Comodoro Py hay expedientes donde se relatan apremios de las distintas fuerzas de seguridad e interrogatorios de parte del personal policial en las alcaidías, donde se repetían las preguntas.
Como Camila y Nora hicieron referencia a hechos en Ezeiza, la Bicameral de Inteligencia, le pidió al juzgado de Lomas de Zamora “copia certificada de las actuaciones iniciadas a partir de los presuntos apremios ilegales contra detenidos y detenidas en ocasión del operativo de las fuerzas de seguridad el 12 de junio del corriente en inmediaciones del Congreso Nacional”. La nota, a la que accedió este diario, dice que el pedido es por las denuncias “presentadas ante esta Comisión en relación con presuntas violaciones de la Ley 25.520 en el marco de esas detenciones”. A Villena lo subroga Ernesto Kreplak por diez días: este jueves respondió y envió las actuaciones que hay hasta ahora.
Camila
Camila, de 33 años, estudiante de sociología de la Universidad de San Martín, contó que estaba en la movilización con compañeros de estudio y que la policía motorizada los siguió en el momento de la desconcentración hasta San Telmo. La detuvieron en el momento que se tropezó. Cuando empezó a gritar que tenía dos hijos, un agente le gritó “negra sucia, te hubieras quedado en tu casa“, y la amenazaba con pegarle. La pasearon, con otras detenidas por el Centro de Monitoreo Urbano, la alcaidía 4 y en la comisaría 15 las tiraron esposadas en un pasillo. Al día siguiente: Comodoro Py, indagatoria al juzgado de María Servini. Como a los 33 arrestados, la acusaron –con imputación del fiscal Carlos Stornelli– de delitos contra el orden constitucional, como si hubiera intentado un golpe de Estado.
Pensó que pronto se iría a su casa, pero la mandaron al penal de Ezeiza. “Nos hicieron entrevistas en distintos sectores del penal y siempre nos preguntaban lo mismo: a qué agrupación partidaria pertenecíamos y por qué estábamos en la marcha. En un momento nos encerraron en una suerte de aula donde había un mensaje escrito en un pizarrón: “Ahora que están presas, piden por Dios y por sus hijos, politiqueras varatas (sic) ya van a ver”. “Nos hostigaron todo el tiempo”, dijo a este diario. Su abogada, María del Carmen Verdú, presentó en la Bicameral de Inteligencia un escrito donde ratifica el relato: “Me ha manifestado –señala– que en distintos momentos, a partir de quedar bajo custodia del SPF, fue interrogada ilegalmente…”.
Nora
Nora Longo, de 59 años, había terminado de trabajar el 12 de junio cuando decidió ir para el Congreso, a la movilización. Tiene un negocio en Once, es gastronómica. Llegó cerca de 17.30 y advirtió que los manifestantes se iban. Caminó por Yrigoyen hasta Virrey Ceballos y ahí dobló porque escuchó gritos. “Era una mujer, a la que agarraban entre tres o cuatro mujeres policías. Me puse a filmar. Unos metros más adelante había un hombre tendido en el asfalto con seis policías arriba de él. Un hombre de civil que me dijo que no podía filmar, como me negué me agarró brutalmente del brazo y me detuvo”, recapituló. Ahí en la calle vino el primer cuestionario: “Un hombre que decía ser comisario inspector me preguntó si pertenecía a algún movimiento o partido político y obviamente le dije que si bien no pertenezco a ninguna organización soy peronista, pero insistían en que querían saber si estaba en algún movimiento”.
En la Superintendencia de Investigación de la Policía Federal le volvieron a preguntar lo mismo. Siempre tomaban nota de la respuesta. Estuvo en un calabozo con Belén y Mía, hija y nieta de Remigio Ocampo, la familia que vendía empanadas y que fue presa. En Comodoro Py se enteró que le endilgaban haber golpeado a una policía y lo mismo que al resto. “Obvio que dije que era mentira”. De ahí la llevaron a la Unidad 28. En cada parada era un nuevo fichaje y otra vez las preguntas sobre su posible militancia u organización. Terminó en Ezeiza: “Más allá de que mis muñecas estaban con moretones por las esposas, estaba destruida emocional y psíquicamente. No podía entender por qué era todo esto. Me metieron con ocho presas comunes, que fueron las únicas que me recibieron afectuosamente. Estaba incomunicada. A las 9 de la mañana una interventora me hizo muchas preguntas y una era, otra vez, si estaba en algún movimiento político. Luego un psicólogo, lo mismo”.
Para Nora la pesadilla, “el maltrato” y la sensación de “no vivir en democracia”, no terminaron con su excarcelación. El fiscal Stornelli pidió –finalmente sin éxito– que volviera a la cárcel junto con otros y una semana después. Y como le contó a este diario días atrás, fue la policía un viernes feriado a la noche para verificar si estaba en su casa. “Un patrullero con un policía uniformado y otro de civil porque se decía que me había ido al exterior”, relató. También les hicieron preguntas a sus vecinos. Ahora espera, igual que Camila, que se investiguen y castiguen los procedimientos ilegales con que las hostigaron las fuerzas de seguridad. Los interrogatorios que ellas denuncian, según reconstruyó este diario, fueron de aplicación sistemática.