El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en la investigación de sitios web de apuestas ilegales denunciados por la Lotería de Santa Fe. Durante la mañana de este martes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó a las entidades financieras que impidan el uso de sus servicios a 385 sitios web de apuestas ilegales que son investigados penalmente.
La disposición del Banco Central fue emitida como respuesta a un pedido elevado por la Oficina de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, que lleva adelante la pesquisa. El legajo penal que motivó la solicitud fue iniciado a partir de una denuncia de la Lotería de Santa Fe presentada a fines de mayo en el ministerio, en la que se afirmó que “un número indeterminado de habitantes de la provincia, entre ellos menores de edad” acceden a esos 385 sitios web.
Según se informó desde la oficina de prensa del MPA, los fiscales a cargo, Agustín Nigro y Yanina Tolosa, solicitaron al BCRA que “notifique a la totalidad de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago supervisados por esa autoridad de aplicación que deberán impedir que las herramientas digitales de su propiedad y/o administración sean utilizadas para la captación de apuestas ilegales y a tal efecto emita la comunicación correspondiente”.
En este sentido, Nigro y Tolosa informaron al BCRA que “sólo aquellos dominios webs identificados como “.bet.ar” se encuentran autorizados a realizar actividades relativas a la organización y recaudación de juego de apuestas”.
Frente a la demanda, el Banco Central ordenó a las compañías bancarias y billeteras virtuales que impidan el uso de sus servicios a los 385 sitios web de apuestas ilegales que son investigados penalmente.
Bloqueo e impedimento
En el marco de la misma investigación Nigro y Tolosa oficiaron al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que se disponga el bloqueo e impedimento de acceso a los dominios y páginas de internet (y a sus direcciones de IP asociadas) de los 385 sitios web investigados.
Asimismo, Nigro y Tolosa requirieron al ente de comunicación que informe del pedido a las cámaras empresarias del sector que agrupan a las empresas licenciatarias prestadoras de los Servicios de Tecnología de las Comunicaciones y de Contenidos, reguladas por la ley 27.078 y a las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem).
Los fiscales solicitaron también, que se notifique a la Secretaría de Innovación, Ciencias y Tecnología de la Nación y a la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad “para que haga saber las empresas proveedoras de servicios mayoristas de internet que administran el tráfico a través de los cables submarinos e internacionales de pasos fronterizos y a las empresas de servicios satelitales geoestacionarios y no geoestacionarios, que tengan aterrizaje en la República Argentina, a los fines de que dispongan los medios conducentes para dar cumplimiento al bloqueo ordenado”.
Por último, demandaron que “se comunique el bloqueo requerido a NIC.ar, administradora oficial de los nombres de dominio en el país“.