Corrida a un costado (por ahora) la discusión sobre la efectividad de los alcoholímetros, que ocupó la escena mediática la semana pasada, el debate sobre la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional de alcohol cero al volante va tomando otros rumbos. Y en estos días, trascendió que la propuesta enviada por el Ejecutivo a la Legislatura contempla una segmentación de las sanciones para que el castigo a los infractores sea proporcional al grado de alcohol en sangre con el que infrinjan la ley: a más gramos en sangre, sanciones más duras.
“Nosotros queremos que las personas que dan positivo con una graduación de alcohol en sangre elevada tengan no solo una sanción económica, porque no está bien que todo el mundo pague y vuelva a conducir. El proyecto contempla que haya también sanciones administrativas, que se les haga dificultoso volver a conducir a los infractores, por ejemplo, que deban volver a rendir la licencia”, dijo Sebastián Kelman, director del observatorio vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
La intención, más que sancionar, es concientizar. Y que no se resuelva sacando la billetera, sino que el ciudadano deba atravesar un proceso de inhabilitación y tenga que rendir para volver a obtener el carnet y así poder subirse al auto. La idea es que, de esta manera, se tomen más recaudo antes de lanzarse a infringir la ley. La frase “hijos del rigor” lo ilustra fielmente.
Kelman informó que la ley contempla tres estadíos a la hora de hablar de sanciones: “Hasta un mínimo, que rondaría los 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, no se lo va a inhabilitar: se le va a sacar el auto, no podrá seguir conduciendo, pero no habrá inhabilitación. Pero si tienen hasta 0,7 o 0,8, se lo inhabilitará por 25 a 30 días, va a pagar una multa y también deberá rendir el examen teórico para recuperar la licencia. Y si llegara a tener 1 gramo o 1,2, sufrirá una inhabilitación más prolongada, le caerá encima una multa mayor y no solo rendirá el teórico, sino también el psicofísico, porque esa persona no puede volver a conducir como si nada”.
Acerca del valor de las multas, señaló: “Van a partir del mínimo de 50 UF (unidades fijas), que son 50 litros de nafta súper, y el mínimo y máximo dependerán del dosaje de alcohol que presenten. Eso lo estipulará el juez de faltas, a donde deberá ir el ciudadano luego de la inhabilitación para saber de cuánto será la multa y por cuánto estará inhabilitado. También se tendrá en cuenta el legajo de cada uno en cuanto a infracciones”.
Uniformar criterios
Kelman destacó que la intención de adherir a la legislación nacional “es la de uniformar la reglamentación: en 18 provincias hay alcohol cero, todas nuestras provincias vecinas lo tienen, pero además hay ciudades como Rosario, Reconquista, Santa Fe, Pueblo Esther o Villa Gobernador Gálvez que también tienen la prohibición de alcohol al volante”.
Tienen el propósito de “ser claros a nivel conceptual, para terminar con las especulaciones de cuánto me puede dar si tomo un vaso de cerveza o dos de vino y que todos sepan que si se van a subir al auto, no podrán tomar alcohol”.
“El alcohol es la principal causa de muerte de los jóvenes en las rutas, las dosis son altas, y hay centenares por fin de semana. Debemos entender que para conducir no se puede tomar, que si la alcoholemia me da 0,3 en 40 minutos podría ser más alta; hay que dar un mensaje como adultos, hacernos cargo de la nocturnidad y ser claros porque la siniestralidad vial se cobra muchas víctimas por año”, sentenció.
Sin polémica por los alcoholímetros
Finalmente, Kelman decidió no polemizar con Osvaldo Aymo, ex director de la APSV, quien dijo que será imposible medir con precisión la alcoholemia cero porque los aparatos utilizados tienen un margen de error.
“No hay controversia, hay consenso. De hecho, yo tengo la nota enviada por Aymo al Inti, donde le responden aceptando que un alcoholímetro puede llegar a tener un error máximo de 0,041, que es la mitad de 0,1, por lo que en la reglamentación de la ley lo tendremos en cuenta: si a alguien le da hasta 0,041 habilitaremos una contraprueba. Pero contemplando esto, ya está: no vamos a avasallar ningún derecho. Hoy nosotros tenemos 0,5 en la provincia, y estamos hablando de hacer una contraprueba a alguien al que le daría casi nada”, manifestó.
Y concluyó: “Todos los alcoholímetros tienen que estar homologados por Inti y lo están. Y cada 6 meses deben enviarse a calibrar y siempre lo hemos hecho. La certificación del aparato lo tiene el mismo alcoholímetro en una calcomanía: el usuario lo puede pedir, lo puede ver en el acta de infracción, donde están el número de certificación, homologación y calibración, por lo que no deberíamos entrar en debate de algo muy técnico que está cubierto. La discusión debe ser si vamos a salir a la ruta habiendo tomado alcohol o no”.