En la investigación que compromete al ministerio de Capital Humano en la interrupción de la entrega de alimentos a comedores de organizaciones sociales, el juez Sebastián Casanello le dio como máximo 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería que mantiene guardados en dos galpones y que hasta ahora se negó a otorgar con la excusa de una auditoría. La medida se basa en un dictamen de la fiscala Paloma Ochoa, quien había advertido que si la cartera de Sandra Pettovello quiere mejorar o perfeccionar la cadena de reparto eso “en modo alguno puede traducirse en una interrupción de la satisfacción de la demanda de alimentos, que según las pruebas reunidas, excedería los cinco meses”. El Gobierno anunció que apelará.
La resolución judicial le exige a Capital Humano que aporte “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. Exige “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y todos los expedientes administrativos que se refieran a la “adquisición de los alimentos almacenados”.
Casanello le indica también que debe distribuir la mercadería que está guardada con una planificación ya que las “competencias” del ministerio de Pettovello incluyen la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores”.
La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que es querellante en la causa, había denunciado que desde la llegada del actual Gobierno no recibió absolutamente nada de alimento. Ellos tienen 250 comedores y dan de comer a 32.400 personas. La “fila del hambre” de más de 20 cuadras que se hizo en febrero, después de que Pettovello dijera que no recibiría a movimientos sociales sino de a uno a quienes no tuvieran para comer, dejó en evidencia la magnitud del problema. La semana pasada volvieron referentes de varias organizaciones a documentar que sus comedores existen, contra la acusación oficial de que son “comedores fantasma”.
El Gobierno empacado
La orden de presentación del juez (una medida más amable que un allanamiento) está dirigida a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo De la Torre, el funcionario que el viernes le dijo al dirigente Juan Grabois a través de la red “X”, en tono burlón, que los alimentos estaban “reservados para emergencias climáticas”. En el mismo texto le decía que “la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas”, aunque los comedores denuncian lo contrario. Grabois (Argentina Humana) es quien hizo la denuncia original que dio lugar a esta causa que puso en evidencia al Ministerio de Capital Humano. De la Torre siguió con sus posteos el fin de semana.
Manuel Adorni había admitido la semana pasada que la mercadería existe y estaba guardada deliberadamente. “Están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la Ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos”, dijo. Agregó que eran compras del gobierno de Alberto Fernández. Este lunes se alineó con el argumento de De la Torre y mencionó que es alimento está reservado para “emergencias o catástrofes”. Anunció que la resolución de Casanello será apelada. “Esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública”, sostuvo. Capital Humano emitió un comunicado donde confirma ese anuncio y asevera que de las 5 mil toneladas guardadas “3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a un contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría”. Agrega que era de mala calidad.
“Adorni y de la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables”, replicó Grabois en “X”. Y adjuntó los documentos que muestran que el programa “para atender las catástrofes” es otro, se llama “Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales” y está reglado por la resolución 485/2016. “La mercadería acaparada” —añadió— es exclusiva para “atender a la población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil” como parte de un “convenio de adquisición” con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Existe un convenio con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) encarado desde “el abordaje comunitario”. “Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos”, sostuvo Grabois.
La existencia de 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón en Villa Martelli (2.751.653 kilos) y otro en Tafí Viejo, en Tucumán (2.269.078 kilos) fue revelada por El Destape en base a la respuesta recibida a un pedido de acceso a la información pública. Un dato llamativo que surge tanto de la resolución de Casanello como del dictamen de la fiscalía es que el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, a cargo de un amparo que reclama la restitución del alimento, ya tenía en sus manos esa información. Si bien dio algunos pasos relevantes en la causa, impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no dispuso aún una medida cautelar. El viernes último hizo la inscripción definitiva del amparo como colectivo, pidió información a Capital Humano sobre comedores inscriptos, presupuestos asignados y procesos licitatorios para adquirir alimentos y ejecuciones. Pero, además, convocó a presentarse a quienes pudieran tener un interés en el resultado del litigio”.
Un dictamen lapidario
El comunicado de Capital Humano afirma que los alimentos retenidos eran utilizados por “las organizaciones” “para los comedores fantasma” y anuncia que “no se va a entregar alimento a comedores inexistentes para que quede en manos de las organizaciones extorsivas”. Es una generalización que hace la cartera para justificar la decisión de no ocuparse del hambre. Son numerosos los comedores que demostraron su existencia pese a la acusación. Además, ese tema se discute en otra causa judicial que Pettovello usa, precisamente, como contraataque.
El dictamen de la fiscalía de Ochoa es revelador en relación al comportamiento de Capital Humano frente a los requerimientos judiciales. Algunos ejemplos:
* “No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”. El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.
* “Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten”. Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y comedores inexistentes.
*La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero Adorni.
*Ochoa advierte que en el contexto de la actual “emergencia alimentaria” el ministerio de Pettovello denegó de manera “deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo” los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa así como otros “actores de la sociedad civil”. Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 “derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido”. El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos.
*Aunque las nuevas autoridades dijeron que “no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción”, dice Ochoa, eso no los exime “de fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno”. De hecho, advirtió que “la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática”. Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.
Derechos básicos
La resolución de Casanello que ordena distribuir los alimentos se basó en el dictamen de Ochoa, aunque no hizo lugar a que se reparta entre los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El juez invoca “el derecho humano fundamental a la alimentación” que “está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud”, todos “expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional”. Afirma que dar seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ilustra, es el que trata de modo más extenso el derecho a la alimentación.
“Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente”, dice y cita “los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria —el 14% de forma severa—”. Ante el pedido de la fiscalía y la querella de entregar la mercadería basado en que puede haber “un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior” “vinculado con la impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”, Casanello evaluó que no se podía esperar e intimó al ministerio de Pettovello.