La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró este jueves escéptica ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores. El fallo puede tener repercusiones de gran alcance para el poder ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump, candidato a las presidenciales de noviembre.
La inmunidad de Trump, en tela de juicio
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano. El alto tribunal debe decidir si Trump tiene inmunidad absoluta por haber sido presidente del país y, por lo tanto, debe anularse el juicio en su contra pendiente en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio.
La mayoría de los jueces se mostraron escépticos a la petición de Trump al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad y no aquellas que tienen carácter personal. Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
A Trump, precandidato republicano en las elecciones del próximo 5 de noviembre, le conviene alargar el litigio dado que, de volver a la Casa Blanca, podría ordenar al Departamento de Justicia cerrar las acusaciones federales en su contra. En cambio, la Fiscalía especial liderada por Jack Smith presiona al alto tribunal para que tome una decisión rápida y se puedan retomar los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, que tendría que haber empezado el pasado 4 de marzo pero que fue suspendido por el pedido de inmunidad de Trump.
Se desconoce cuándo la Corte Suprema emitirá su fallo, pero suele publicar sus decisiones en junio, antes del receso de verano. Aunque no consta en la Constitución ni en las leyes, los presidentes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de una inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones, para evitar así una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.
“Sin inmunidad no puede haber presidencia”
Interrogado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, el abogado del republicano admitió que algunas de las acciones que el expresidente llevó a cabo tras las elecciones de 2020 tuvieron carácter “privado” y probablemente no estén protegidas por la inmunidad. John Sauer, abogado de Trump, dijo al tribunal que “sin inmunidad presidencial frente a procesos penales no puede haber presidencia tal y como la conocemos”.
“Cualquier presidente actual se enfrentará de facto al chantaje y la extorsión de sus rivales políticos mientras ocupe el cargo”, estimó Sauer. Más tarde el también conservador Samuel Alito presionó al fiscal con la idea de que dejar desprotegidos a los expresidentes “desestabilizaría” la democracia porque abriría la puerta a que los nuevos mandatarios encarcelaran a sus predecesores por venganza.
“Un monarca por encima de la ley”
Las tres juezas progresistas de la Corte Suprema se mostraron muy contrarias a la inmunidad absoluta de Trump. Elena Kagan recordó que los redactores de la Constitución se oponían a la existencia de un “monarca” que estuviera “por encima de la ley” y Ketanji Brown Jackson sugirió que el indulto que recibió Richard Nixon tras el escándalo del Watergate demuestra que los exmandatarios pueden ser procesados judicialmente.
A diferencia de Trump, sin embargo, Nixon no fue imputado formalmente por ningún delito. Su sucesor, Gerald Ford (1974-1977), le concedió un indulto preventivo por cualquier delito que hubiera podido cometer durante su presidencia para evitar que fuera enjuiciado en el futuro, en una decisión polémica que dividió al país. “¿No habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran envalentonados para cometer delitos con desenfreno?”, dijo Jackson.
Kagan preguntó si un presidente que “vende secretos nucleares a un adversario extranjero” debería ser inmune a ser procesado e insistió: “¿Qué le parece si un presidente ordena a los militares dar un golpe de Estado?”. Sauer, abogado de Trump, respondió que esas hipótesis “suenan muy mal”, pero “si es una acción oficial, es necesario que haya un juicio político y una condena” del Congreso antes de que un presidente pueda ser procesado.
El juicio por sobornos a Stormy Daniels
Trump se quejó frente a periodistas en Nueva York antes de entrar en una corte que lo juzga por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a una actriz porno para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El expresidente dijo que el juez que preside este caso no le permitió asistir a la audiencia en la Corte Suprema.
“Me hubiera encantado estar allí, debería estar allí, pero este juez no lo permitió”, lamentó el candidato presidencial republicano. Sin inmunidad “te conviertes en un presidente ceremonial”, agregó Trump. El exmandatario estadounidense volvió este jueves al tribunal de Manhattan, donde la Fiscalía proseguía el interrogatorio a un editor de la prensa sensacionalista que apoyó al magnate en su campaña de 2016 con noticias positivas y enterrando las negativas.
Al inicio de la vista la Fiscalía volvió a denunciar ante el juez Juan Merchan que pese a su orden de prohibirle que insulte a personal relacionado con el juicio, el magnate sigue haciendo oídos sordos. David Pecker, de 72 años, expresidente de la empresa editora del diario amarillista National Enquirer y primer testigo de la Fiscalía en subir al estrado, desgranó su relación con el magnate republicano y la práctica denominada “atrapar y matar”, que consiste en comprar noticias potencialmente perjudiciales para que no vean la luz.
Un ejemplo de esa modalidad es el de la modelo de Playboy Karen McDougal, a la que el National Enquirer pagó 150 mil dólares por una historia que estaba tratando de vender durante la campaña de 2016 sobre una relación sexual que habría mantenido con el magnate y que nunca llegó a ser publicada. “Compramos la historia para que no la publicara ningún otro medio”, reconoció Pecker a la Fiscalía, y detalló: “No queríamos que perjudicara a Trump o dañara su campaña”.
La Fiscalía alega que dicho acuerdo era parte de un plan más amplio del entonces aspirante republicano en los comicios de 2016, que ganó sorpresivamente frente a la demócrata Hillary Clinton. “Las historias sobre el señor Trump” así como las “historias negativas sobre sus oponentes” “aumentaban las ventas” del diario y beneficiaban la campaña del magnate inmobiliario neoyorquino, reconoció el martes Pecker en el estrado de los testigos.
En un “acuerdo de amigos” con el entonces abogado de Trump, Michael Cohen (ahora enemigo jurado que será uno de los testigos estrella de la Fiscalía en el juicio contra Trump), Pecker aseguró que pensaba que le reembolsarían el dinero que pagó para que no se publicara la historia de McDougal. “No te preocupes, soy tu amigo. El jefe se ocupará de eso”, aseguró que le dijo Cohen.
Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario neoyorquino, dependía fuertemente de la prensa sensacionalista para cimentar su celebridad, en una ciudad donde era poco apreciado. Además de este caso en Nueva York, Trump se enfrenta a cargos por las elecciones de 2020 en Georgia y fue acusado en Florida por presunto manejo indebido de información confidencial después de abandonar la Casa Blanca.