El Gobierno de Venezuela suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo. A su vez el Alto Comisionado lamentó la decisión de Caracas y anunció que está evaluando los pasos a seguir. La medida del gobierno venezolano fue criticada por los pincipales organismos no gubernamentales (ONGs) del país vinculados a la defensa de los derechos humanos.
Además de suspender las actividades de la oficina de la ONU, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
“Actitud colonialista”
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas“, dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller, Yván Gil.
El ministro explicó que esta decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país“.
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito. “Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la representación de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno”, manifestó Gil.
Sin embargo, reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
La reacción de la ONU
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión del Gobierno de Venezuela. “Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”, indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
Críticas de ONGs
Por su parte la ONG Fundaredes expresó su rechazo a esta medida que, cree, “eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil”, como indicó en X. Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas “aumenta la desprotección de las víctimas” de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Provea aseguró que la decisión “intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH. que se cometen a diario en el país”. La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. solicitó al Gobierno en 2019 “garantías de respeto al derecho a la vida” ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la policía nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.
Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. El arresto de San Miguel fue visto en estos días con “profunda preocupación” por el Alto Comisionado, además de Estados Unidos y la Unión Europea.
Los pronunciamientos en rechazo a la detención de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido catalogados por la Fiscalía como una “feroz campaña” internacional contra el sistema de Justicia venezolano.