Anunciado el feroz programa de ajuste fiscal, el Gobierno pone ahora a prueba su músculo político. La “reducción al mínimo” de las transferencias no automáticas de Nación a las provincias y la parálisis de la obra pública abre un conflicto con los gobernadores, que se preparan para gestionar con presupuestos recortados. Para canalizar enojos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, iniciará una serie de reuniones con los mandatarios locales. El primer encuentro será con el cordobés, Martín Llaryoral, quien le prometió al presidente Javier Milei “colaborar” en la gobernabilidad. El objetivo de la Casa Rosada es explicar “el crítico panorama económico” y plantear que los recortes a los distritos se compensarán con más recursos provenientes de la modificación del Impuesto a las Ganancias.
Una de las primeras medidas que tomó Milei al asumir la presidencia fue otorgarle a Economía el control del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Esa facultad que antes dependía de la cartera del Interior, y que servía como prenda de negociación parlamentaria, pasó al ministerio de Economía y quedó bajo el filo de la motosierra de Luis Caputo. Sin embargo, a pesar del cambio de comando, quien se encargará de escuchar las quejas y contener a los gobernadores será Francos, el ariete político de Milei. En su despacho, el ministro recibirá hoy a las 15 al peronista Martín Llaryora, un socio necesario para La Libertad Avanza en el Congreso. Se trata del primer contacto formal que se entablará con un gobernador y el inicio de una ronda de entrevistas que se extenderá los próximos días.
Hasta el momento, el sucesor de Juan Schiaretti le envió señales ambiguas al oficialismo. Por un lado, le dijo a Milei que “cuente con el Partido Cordobés para el apoyo a las reformas que encaminen a la Argentina a la paz y al progreso”. Por el otro, le exigió al mandatario que “cumpla con lo que dijo en la campaña” respecto a regularizar la deuda que la Nación tiene con Córdoba y cuestionó el recorte en la obra pública. “Voy a hacer lo posible y lo imposible para que no se detenga”, lanzó.
Desde el entorno de Francos señalaron que el objetivo de las conversaciones es “buscar posibles soluciones” a estos planteos. Los mandatarios provinciales de todos los colores políticos están en alerta porque el recorte de Nación se combinará con una fuerte caída de la recaudación producto de la recesión y les complicará cubrir los gastos corrientes. Hay distritos como La Rioja y Formosa que más del 90 por ciento de sus ingresos dependen de los ATN y la coparticipación. Una de las cartas que jugará el Gobierno para calmar los ánimos será la de revertir la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias –un impuesto clave para la coparticipación–, que afectó las arcas públicas locales.
Para dar marcha atrás con la medida que hace unos meses promovió el exministro Sergio Massa, el oficialismo necesitará el apoyo de las distintas fuerzas políticas en el Congreso. La paradoja es que el propio Presidente en calidad de diputado, a fines de septiembre, votó a favor de las modificaciones que ahora buscan revertir. El nuevo proyecto sería una forma de acercar posiciones con los gobernadores, pero al mismo tiempo un nuevo punto de conflicto con el los sindicatos que históricamente cuestionaron que “el salario sea una ganancia”.
En paralelo, uno de los planteos que los mandatarios le llevarán al Gobierno es que se coparticipe el 50 por ciento del Impuesto al cheque. La medida fue promovida por el entrerriano Rogelio Frigerio y cuenta con el visto bueno de todos los mandatarios, desde Jorge Macri hasta Axel Kicillof. El gobernador bonaerense es uno de los que más enfáticamente ha mostrado su preocupación por los escasos recursos que contará para gestionar. Incluso, dedicó una parte de su discurso en la Legislatura a denunciar el injusto reparto de los fondos coparticipables. “Aportamos casi el 40 por ciento y recibimos poco más del 20. Tenemos enormes deudas sociales que hay que reparar. Con semejante desproporción entre lo que recibimos y lo que aportamos, es imposible”, sentenció.
Obra pública
El otro foco de conflicto es la parálisis de la obra pública. En las últimas horas, gobernadores de distintos signos partidarios coincidieron en el peligro que implicaría el freno de mano que anunció Caputo. Al respecto, el mendocino Alfredo Cornejo, manifestó su “vocación” por “no detenerla”. “Equilibrar las cuentas a nivel nacional requiere una serie de medidas, pero con la obra pública en particular, creo que los anuncios han sido imprecisos”, lanzó. En la misma línea, se expresó el sanjuanino Marcelo Orrego: “Soy defensor de la obra pública, no lo voy a negar. Voy a seguir gestionando para que se hagan, no me voy a cansar”. “Es fundamental, porque nos faltan muchísimas calles de asfalto, luminarias, cloacas, agua y escuelas”, sumó Kicillof.
El tucumano Osvaldo Jaldo resaltó que el ministro de Economía no hizo referencia “a las obras que ya están en ejecución” y afirmó que en la provincia hay muchos proyectos que deben ser finalizados. “No doy por perdido el hecho de seguir ejecutando obras públicas en Tucumán”, aclaró y concluyó: “No terminar las obras sería un daño muy grave”.