Con menos del 10 por ciento de los senadores y menos del 15 por ciento de los diputados, el fantasma de gobernar por DNU siempre estuvo ahí latente, revoloteando sobre las cabezas de los equipos técnicos de La Libertad Avanza. Hasta que Diana Mondino lo confirmó: “Si el Congreso no nos aprueba las leyes, vamos a sacar todo por decreto, como hizo Alberto Fernández”, advirtió antes de ingresar a la sede de la UIA. Si bien la futura canciller de Javier Milei aclaró rápidamente que “no es lo que corresponde”, la amenaza fue lanzada. Los constitucionalistas advierten que el Poder Ejecutivo tiene vedada la posibilidad de legislar a menos que haya una emergencia (y que el hecho de no contar con una mayoría en el Congreso no cuenta como emergencia). Sin embargo, la discusión es política y, por más ilegítimo que sea, si no es de materia prohibitiva – es decir, penal, tributaria, de partidos políticos o electoral – la puerta está abierta.
El 11 de diciembre, luego de jurar como presidente de la Nación, Javier Milei enviará un paquete de medidas al Congreso para tratar durante el verano. Se trata de una reforma general del Estado, una ley de Emergencia Económica y, a su vez, una propuesta de Presupuesto que especifique cuál será el valor de la moneda, el nivel de endeudamiento, el gasto tributario, la inversión pública, entre otras metas. El detalle aún no se conoce – Guillermo Francos, Nicolás Posse y el círculo más íntimo de Milei guardan con celo la letra pequeña -, pero la matemática legislativa sí. Y el escenario no es particularmente favorecedor al próximo oficialismo, que tendrá solo 38 diputados y 7 senadores.
Milei, junto a Francos y algunas de sus (pocas) espadas libertarias – como Oscar Zago o la propia Victoria Villarruel, que si bien está distanciada del presidente electo, ya comenzó a reunirse con todos los bloques del Senado -, está buscando allanar el camino para poder resolver, durante las sesiones extraordinarias, las reformas base sobre las cuales se sostendrá su primer año de gobierno. El pacto con el PRO, la alianza con Juan Schiaretti y los sondeos a gobernadores que están necesitando urgentemente de transferencias para poder pagar sueldos: LLA tiene un esqueleto de estrategia parlamentaria, pero el número es esquivo. Especialmente en el Senado, en donde Unión por la Patria – si no se termina rompiendo – tendrá 33 senadores.
Frente a este panorama – del cual Milei siempre fue conciente -, se abren diversas posibilidades. Una es la de recurrir a los Decretos de Necesidad y Urgencia, reconocidos en el artículo 99 de la Constitución Nacional. “Es solo para circunstancias excepcionales, no se puede gobernar por DNU. Porque tiene que existir una situación objetiva de emergencia, como la pandemia, y que no sea posible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de leyes. No puede ser por una situación de necesidad política”, advierte el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a Página12.
Sin embargo, una cosa es la interpretación constitucional y otra cosa es la praxis, y así lo reconoce el propio Gil Domínguez. “El problema es que desde el 94′ a la fecha todos los gobiernos han hecho abuso del DNU. Y se le suma un grave problema constitucional con la ley que Cristina sancionó en 2006, que establece que basta con la aprobación de una sola Cámara para que el decreto quede validado”, admite el abogado especializado en Derecho Constitucional, quien señala algo que ya vienen advirtiendo los propios legisladores de la nueva oposición: si bien existe un control político ulterior de los DNU a través del Congreso, es posible eludirlo con cierta muñeca política. ¿Cómo? Tanto en el peronismo como el PRO reconocen, en diálogo con este diario, dos caminos.
Uno es la ventana de oportunidad que menciona Gil Domínguez respecto a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. La legislación establece que los decretos, luego de ser publicados en el Boletín Oficial, tienen 10 días para ser aprobados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Una vez que la Bicameral se expresa sobre la validez – o no – del DNU, este pasa a ser tratado por ambas cámaras y, en el caso de que alguna lo apruebe, el decreto entra en vigencia. Ahora, si las dos cámaras lo rechazan, el decreto es derogado.
El otro camino, más sinuoso, tiene que ver con que, apenas el DNU es publicado, ya empieza a regir como cualquier ley. “Excepto los temas que son de materia prohibitiva, como la modificación de impuestos o temas penales, gran parte de sus proyectos pueden pasar vía DNU. Y los decretos van a tener vigencia hasta que el Congreso o la Justicia los derogue”, advierte una diputada del PRO. La legisladora, sin embargo, señala que estos resquicios legales no son una carta blanca. Y que, más tarde o más temprano, se pueden terminar cayendo. “¿Quién te compra Enarsa con media derogación pendiente en el Senado?”, ironiza, refiriéndose a las numerosas promesas de privatización que esgrimió Milei en los últimos días (como YPF, Telam y Aerolíneas Argentinas).
“Vamos a ver si se animan, va a haber consecuencias. No pueden hacer cualquier cosa por DNU. En un minuto te reunimos la Bicameral y lo rechazamos”, plantea, en plan de guerra, un importante senador peronista. La Bicameral de Trámite Legislativo está compuesto por ocho senadores y ocho diputades y, con UxP contando con la primera minoría en ambas cámaras, tendría un importante poder de fuego para resistir desde la comisión. “Ellos tienen un equipo de abogados que se están preparados. Ahora, lo importante es el después: ¿cuánto podés aguantar así?”, señalan en UxP.
El Congreso, finalmente, terminará teniendo un rol fundamental. Ya sea por su inacción o por su capacidad de bloqueo. Pero existe, además, otro mecanismo de control: la Justicia. “Gobernar vía decreto abre la puerta a una judicialización y, hasta ahora, la Corte Suprema siempre ha sido muy estricta en términos de cuándo se daba una situación de urgencia objetiva”, señala Gil Domínguez. Más escéptico, sin embargo, un dirigente peronista agregará: “Una cosa es la Corte con nosotros, una muy distinta con Macri”.
Juran los nuevos diputados y senadores
El 7 de diciembre será un día clave en el Congreso de la Nación, ya que ese día tanto la Cámara de Diputados como el Senado llevarán a cabo sus sesiones preparatorias para tomarle juramento a los legisladores electos. La Cámara alta oficializó ayer la convocatoria, que se esperaba que fuera el 5 y terminó fijándose para la misma fecha – aunque distinto horario – en la que jurarán los 130 nuevos diputados.
En el caso del Senado, a las 15 horas, será el turno de jurar de los 24 nuevos senadores de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz, que ocuparán sus bancas hasta 2029. El futuro oficialismo contará con tan solo 7 senadores frente a un peronismo que sumará 33 bancas, siempre y cuando el interbloque se mantenga unido.